La “regla fiscal”, uno de los principales elementos en la discusión fiscal de los últimos dos años en Costa Rica, quedará fuera del juego financiero nacional por la emergencia nacional provocada por la epidemia de COVID-19.
El presidente Carlos Alvarado se acoge a una de las cláusulas de desaplicación de ese límite al gasto público establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, comunicó hoy martes mediante una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides.
Alvarado se acoge al artículo 16 de la ley, que en su inciso a) menciona el “estado de emergencia nacional” como uno de los escenarios válidos para romper ese límite de crecimiento al gasto público. Ese estado se decretó el 16 de marzo, ante el avance de la emidemia del coronavirus en todo el mundo y sus efectos sobre la salud y la economía del país.
“En caso de que se declare estado de emergencia nacional, entendido en los términos de lo dispuesto en la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, y cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) del PIB”, dice el artículo aludido por el mandatario.
La flexibilización de la regla será según la identificación que haga la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y para aquellas instituciones involucradas, escribió Alvarado a Benavides. La primera etapa de atención cuesta un monto de ¢227.509 millones, equivalentes a al 0.6% del PIB.
Las instituciones que quedarían fuera del cumplimiento de la regla fiscal son: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que pagará subsidios a desempleados); el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que dará ayudas económicas de emergencia a población necesitadas; el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa, que hace pruebas de laboratorio) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, indica el oficio DM-0392-2020.
“Resulta oportuno señalar que, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad de las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo ha presentado y presentará un conjunto de iniciativas de ley que permiten financiar el grueso de estos recursos, de manera que el impacto en el incremento de la deuda sea lo menor posible”, expresó el Presidente.
Entre esas iniciativas, mencionó el recorte de gastos del Gobierno Central e instituciones autónomas por ¢100.000 millones de colones, el proyecto de ley que permitiría al Instituto Nacional de Seguros (INS) trasladar ¢75.000 millones para la atención de emergencias y el proyecto de ley que permitiría el uso del diferencial en el precio de combustibles para financiar la atención de la emergencia.
Está previsto que este miércoles el Ejecutivo envíe al Congreso un presupuesto extraordinario por ¢390.000 millones para fondear las ayudas sociales anunciadas en el marco de la emergencia del coronavirus, dijo el lunes la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
