País

Regla fiscal provocaría cierre del 9-1-1 en abril de este año

El financiamiento del 9-1-1 se da a través de la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911 (7566), donde se estipula una tasa de 0,75% que se cobra a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por lo cual la inclusión de este Sistema en la regla fiscal no contribuye a disminuir el déficit fiscal.

El servicio de atención de emergencias 9-1-1 podría dejar de funcionar a partir de abril de este año, debido a las restricciones que impone la regla fiscal, advierten los diputados Paola Vega y José María Villalta, a la vez que solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a convocar los proyectos de ley que buscan exceptuar al Sistema 9-1-1 del cumplimiento de la regla fiscal.

“El Sistema de Emergencias 9-1-1 enfrenta una situación crítica por cumplir con la aplicación de la regla fiscal, misma que fue comunicada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (STAP) en el oficio STAP-0893-2021 del 30 de abril del 2021, lo que generó la imposibilidad de ejecutar la suma total de ₡643 millones en el periodo 2021, situación que comprometió la continuidad del servicio 9-1-1”, dice la carta enviada al mandatario por los legisladores.

Según el texto, a raíz de lo anterior el Sistema 9-1-1 tuvo que realizar diferentes acciones, como el congelamiento de salarios y la eliminación del presupuesto de plazas vacantes en el área operativa; disminución del tiempo extraordinario para cubrir alta demanda; postergación de proyectos; suspensión del pago de los servicios que brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en octubre, noviembre y diciembre del 2021; y la suspensión de la atención de requerimientos de despachos del 9-1-1 de las instituciones adscritas.

“Estamos ante una situación realmente grave, estamos hablando de que la aplicación de la regla fiscal que la Autoridad Presupuestaria ha impuesto al 9-1-1 ha provocado la discontinuidad de varias necesidades del servicio 9-1-1 pero a la vez el arrastre totalmente absurdo de una deuda que si no se paga a abril de este año implicaría el cese de operaciones del 9-1-1”, dijo a UNIVERSIDAD la diputada Vega.

En la misiva se explica que, debido a la situación con el ICE, el 9-1-1 comenzó el año con una deuda de aproximadamente ₡77 millones, los cuáles deben ser pagados a más tardar el 31 de marzo de 2022; caso contrario se procederá con la suspensión del servicio.

El documento señala que, ya con el presupuesto de 2022 aprobado, la institución no cuenta con los recursos para afrontar esta deuda, si cumple con las limitaciones que establece la regla fiscal: “El servicio sería suspendido a partir del 01 de abril del 2022, quedando la ciudadanía en indefensión ante situaciones de emergencia por la falta de operación del servicio a partir de la fecha indicada”.

“La ciudadanía costarricense quedaría imposibilitada de utilizar este servicio de atención de emergencias que brinda no solamente la posibilidad de salvarle la vida a las personas ante accidentes, emergencias de todo tipo, sino también atención de temas como la violencia intrafamiliar y demás. Quedarnos sin el servicio 9-1-1 no es una posibilidad para el país”, manifestó la legisladora.

La plataforma del 9-1-1 coordina emergencias con instituciones como la Fuerza Pública, la Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía de Tránsito, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Servicio Nacional de Guardacostas, el Ministerio de Salud, entre muchos otros.

Además, brinda atención a las situaciones de violencia intrafamiliar en el país, el servicio del Despacho de Apoyo Psicológico del Ministerio de Salud y la atención del servicio de la Línea de Atención Ciudadana 1322.

Vega manifestó que si no se aprueba de inmediato los proyectos que excluyen al 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal las aplicaciones “totalmente absurdas y contradictorias” de la regla fiscal estarían poniendo en un cese de operaciones este servicio tan importante.

“Es totalmente inaceptable que este recortismo fiscal austericida esté llevando a poner en riesgo programas tan esenciales para la vida y la seguridad de la población costarricense”, acotó la diputada.

Suscríbase al boletín

Ir al contenido