Regla fiscal frenará mejora de salarios bajos de Empleo Público por falta de dinero

La Ley Marco de Empleo Público (21.336) mantendrá los salarios de funcionarios actuales tal y como están, sean bajos o sean altos: el Gobierno no tiene suficiente dinero para realizar las migraciones que mejorarían los ingresos de al menos 28.600 personas que ganan menos del futuro salario global, alrededor de un 9% de la planilla del sector público.

Acorde con las proyecciones económicas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y, también con la última redacción que tiene el proyecto en la Asamblea Legislativa, los salarios actuales se mantendrán igual.

Mideplan asegura que el traslado al salario global “tendría un costo adicional de poco más de ¢32.200 millones” para esas miles de personas. El Gobierno no tiene el dinero por el alto endeudamiento del país, una condición que sujeta los salarios públicos a la Regla Fiscal.

“Vamos a seguir teniendo las diferencias salariales que ya existen y, ahora, con la aprobación de la ley”, abogada Karen Carvajal.

De acuerdo con el plan en estudio, los salarios menores al salario global —un monto que será determinado posterior a la aprobación de la ley— deberán conservarse con aumentos por anualidades y, luego, migrarán automáticamente al nuevo esquema salarial “una vez que su salario compuesto iguale el monto que les correspondería bajo el esquema de salario global”. Los salarios superiores, igualmente, estarán congelados sin incrementos ni incentivos.

“Ya previeron que no hay dinero para pagar. Por supuesto que se cae el proyecto: existe un problema y tienen un salario global que no es viable. Entonces, ¿cómo pretenden solucionar el problema? Lo que van a hacer, el proyecto lo dice, es que van a poner un salario global que no se va a aplicar. Siguen como están, en algún momento de la vida eso llegará al salario global. Vamos a seguir teniendo las diferencias salariales que ya existen y, ahora, con la aprobación de la ley”, aseguró en entrevista la abogada y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), Karen Carvajal.

“Podrían congelar salarios por un año, dos años. Por un tiempo más prolongado, esa situación puede afectar tanto el poder adquisitivo y el salario que se termina lesionando el derecho fundamental a un salario digno. Imagínese que la inflación se dispare, la inflación va para arriba y el salario estático, porque no se ajusta ni siquiera por costo de vida”, afirmó a UNIVERSIDAD el abogado laboralista Esteban Calvo.

Además de incumplir un compromiso político para equiparar diferencias salariales, la redacción que tiene el salario global causa roces que incomodan a algunos diputados, porque establecer una duplicidad de pagos que podría incumplir el principio constitucional de  igualdad salarial: “El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”, afirma el artículo 57 de la Constitución.

Sin las posibilidades de pagar un mismo salario a funcionarios actuales y futuros, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca advirtió en el plenario del martes 23 de marzo que “los nuevos guardas de seguridad, quienes entren a trabajar al día siguiente que entre a regir la ley, van a ganar más que quienes tienen más de diez años de darle un servicio a Costa Rica (…). Abarca aboga por una migración voluntaria de los trabajadores al salario global, de forma que antiguos y nuevos trabajadores ganen parejo, pero la propuesta fue rechazada tanto en la Comisión de Gobierno y Administración, que dictaminó el proyecto, como en el plenario, que tramita una larga lista de mociones para arreglarlo.

Pero, sin arreglos para el salario global, esta es la propuesta innegociable del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desconociendo las dudas que tienen los diputados sobre el proyecto, y cuyo plan es solventarlas en una consulta frente a la Sala Constitucional, el Gobierno tico informó al FMI que la ley se “espera que esté aprobada por la Asamblea Legislativa para finales de mayo”.

Prioridad del Gobierno: control absoluto para bajar salarios

De acuerdo con el criterio del abogado laboralista Esteban Calvo, las intenciones específicas del Gobierno son llevar a los salarios públicos a la baja, a como dé lugar.

“¿Cómo lo hace? Un mecanismo es aplicar la Regla Fiscal, lo otro es utilizar la modalidad del salario global porque le permite al Estado un control absoluto sobre el comportamiento de los salarios”, aseguró Calvo.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635) mejor conocida como la reforma fiscal, amarra la futura Ley de Empleo Público a una cláusula que dice que mientras la deuda del país sobrepase el 60% de su Producto Interno Bruto (PIB) “No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales” (la Regla Fiscal, artículos 11 y 13).

Actualmente, la deuda tiene una relación con el PIB del 82,8%, mientras que era del 61% en el 2016, según informa el Ministerio de Hacienda.

“Fue el primer intento, un ataque directo de congelar salarios. La ley previó reducir al mínimo las anualidades, van a estar sujetas a una calificación, no van a haber más pluses. Este proyecto es una continuación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, bajo todo argumento de atacar al sector público. El fondo no es reducir el gasto público, porque hay otro montón de formas y escapes de recursos que no se están contemplando si el tema fuera buscar una mejor inversión del gasto público”, explicó la abogada Karen Carvajal.

El compromiso del Gobierno con el FMI dice que la futura ley de Empleo Público aplicará “en doce meses, una columna única de pagos y elimine otros componentes salariales como las anualidades pluses e incentivos, en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Este documento asegura que “el nuevo régimen cubrirá al Gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas estatales que no compiten en mercados privados; universidades públicas; instituciones autónomas y semiautónomas; y municipalidades”.

La aplicación del salario global en estos últimos tres entes mantiene fragmentado al Congreso entre seguir la línea del Gobierno y resolver las eventuales ilegalidades, blindando autonomías que ya están garantizadas por vía constitucional y de ley.

La paradoja que absorbe a todo el sector público, aseguran abogados laboralistas y diputados críticos del proyecto, es que la solución propuesta para reducir disparidades salariales del sector público, las sostendrá por lo menos en los siguientes 12 años, tal y como Mideplan proyecta que se aplicará la Regla Fiscal. Eso quiere decir que, frente a futuros incrementos en precios de comestibles, vivienda, y servicios básicos, un misceláneo con un salario base de ¢287.000 continuará devengando el mismo ingreso (ver recuadro: Los tres salarios más bajos del sector público).

“Pongamos una cifra baja, que el incremento en el costo de la vida sea solo del 3%. En 10 años, eso podría hacer que se deterioren los salarios en un 50%. Porque no es multiplicar 3% por los 10 años, es un peso que es multiplicativo. Eso sería llevar a un montón de gente, que hoy tiene salarios de por sí bajos, hacia una condición económica y social complicada, a una situación insostenible de pobreza. La Constitución Política establece claramente que los salarios tienen que permitir un nivel de vida adecuado. Los salarios tienen que cubrir, al menos, las necesidades básicas de la gente por sus derechos humanos”, explicó el economista y diputado del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos.

“No puede ser que esta Asamblea Legislativa esté tomando decisiones a la ligera de cosas complicadas, económica y socialmente. Podríamos estarle arrimando el fósforo a la mecha del estallido social. Eso no es conveniente”, dijo Ramos a este semanario.

Además, en la reforma fiscal, los diputados dispusieron que “Toda la materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría del ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica” (artículo 46). Y justamente es esa rectora, la ministra Pilar Garrido, quien asegura que es imposible obtener recursos suficientes para mejorar los salarios de un 9% del sector público.

¿Cuánto va a costar aprobar la ley?

En una semana crucial para incidir en el proyecto de ley, los diputados se quejan del norte “fiscalista” que tiene la discusión del Empleo Público. El Gobierno calcula al menos dos tipos de números que le urgen: los votos que le faltan para aprobar el proyecto de ley (diputados que apoyan el proyecto y quienes lo adversan coinciden en que sí los tiene, al menos, para el primer debate) y la contabilidad que necesita para que el FMI dé trámite al préstamo por $1.750 millones.

En ambos escenarios, el Ejecutivo apuesta por riesgos con altos costos políticos —una minoría de la fracción legislativa del PAC continúa peleando, en la voz de Paola Vega, por salvaguardar la autonomía constitucional de las universidades públicas dentro del proyecto—; sociales —sindicatos y grupos de trabajadores ya iniciaron piquetes modestos afuera del congreso—; y también económicos.

Si las advertidas violaciones al principio de igualdad salarial se cumplen, el Estado quedará vulnerable a futuras demandas laborales, al menos de los 28.600 funcionarios con salarios más bajos que el salario global, de acuerdo con los únicos datos que ofreció Mideplan a los diputados sobre el proyecto. Para este reportaje UNIVERSIDAD solicitó el monto estimado del salario global que Mideplan usó para ese cálculo y, también, las hojas de cálculo en las que se realizaron dichas estimaciones. La solicitud está en trámite en el despacho de la ministra Pilar Garrido.

En todo caso, el problema con la ley, como dicen los laboralistas consultados, tiene menos que ver con el monto de salario global y más con los ¢32.200 millones que Garrido requiere para equiparar esos salarios, así como las consecuencias de eventualmente violentar los derechos laborales del sector público.

“Sería llevar a un montón de gente, que hoy tiene salarios de por sí bajos, hacia una condición económica y social complicada, a una situación insostenible de pobreza”, diputado Welmer Ramos.

“El Estado estaría propiciando un conflicto, la judicialización de este conflicto, una oleada de reclamos para el Poder Judicial. El problema surgiría desde que me doy cuenta de que haciendo lo mismo que Juan Pérez, bajo las mismas condiciones, estamos ganando un salario distinto”, asegura el abogado Esteban Calvo.

“Bajo el principio de progresividad de los derechos laborales, cuando un país tiene una crisis como la que tenemos nosotros en temas fiscales, tenés que demostrar que vas a tocar derechos laborales solamente si ya demostraste las posibilidades previas antes de llegar a algo tan esencial como el derecho al trabajo”, afirma la abogada Karen Carvajal, quien sugiere contabilizar “escapes de recursos” como un beneficio millonario por gasolina que aún mantienen íntegro los diputados.

¿Cuánto va a costar realmente el salario global? Eso ni siquiera la fracción del Gobierno lo tiene claro.

“Esta ley va a generar un salario global que nadie conoce, ni se sabe cómo va a ser construido porque Mideplan no tiene esas cifras. Hay un desconocimiento de ese salario global, puede ser más bajo que las categorías actuales o más alto. Eso ya es complicado. ¿Cómo se va a diferenciar el salario de un juez de tránsito del de un juez penal de narcotráfico, en una zona conflictiva?”, se pregunta, entre otras cosas, el diputado Welmer Ramos.