Las autoridades judiciales extendieron un año la vigencia de medidas cautelares que pesan contra Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sospechosa en el caso de aparente corrupción llamado ‘Barrenador’.
Esquivel, a quién el presidente Rodrigo Chaves nombró como ministra de Planificación después de medidas precautorias que obligaron a sacarla de la Presidencia de la CCSS, deberá mantenerse alejada de este puesto y evitar comunicarse con testigos del caso relacionado a la adjudicación de EBAIS a actores privados con presunto sobreprecio millonario.
“Se amplió por un año más las medidas solicitadas contra la femenina de apellido Esquivel y los demás imputados”, informó este viernes la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pasados seis meses desde que Esquivel y otros funcionarios fueron detenidos como sospechosos de cometer actos ilegales, aunque fueron liberados horas después y recibieron medidas cautelares, lo que significó la salida de ella como jerarca de la CCSS.
El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José había dictado en septiembre la suspensión cautelar de Marta Esquivel y cuatro directivos de la institución por seis meses.
El expediente está a cargo del fiscal general, Carlo Díaz, debido a que Esquivel tiene inmunidad por su cargo como ministra y es motivo adicional del conflicto del presidente Rodrigo Chaves con entidades judiciales, pues incluso pidió aplaudir a la sospechosa.
El expediente indaga posibles influencias y presiones para consolidar un contrato con un sobreprecio de unos 12.400 millones de colones, según el cual la CCSS cedió a varias cooperativas el manejo de 10 áreas de salud. También se investigan a Marielos Gutiérrez, que fungió como gerente general y ficha de confianza de Esquivel, además de directivos actuales y anteriores.
Marta Esquivel, de la cúpula judicial a la aventura política con apoyo absoluto de Chaves
