La recaudación por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció en ¢43.744,5 millones entre julio y agosto de este 2019, con la entrada en vigencia de las reformas estipuladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: la reforma fiscal.
En el caso del ISR, el crecimiento fue de ¢17.069,5 millones y se debió a medidas como los nuevos gravámenes a las rentas de capital y la adición de dos escalones sobre las remuneraciones (un 20% sobre los ¢2,1 millones y un 25% sobre los ¢4,2 millones); mientras que en el caso del IVA (antes llamado Impuesto General de Ventas y con la base ampliada a gravar los servicios), el incremento ascendió a los ¢26.675 millones y respondió a los nuevos sectores que pagan.
Las cifras fueron reveladas esta mañana por el Ministerio de Hacienda, cuya jerarca, Rocío Aguilar, calificó el crecimiento como “una muestra del compromiso ciudadano con la reforma y un voto de confianza en las autoridades”.
Además, Hacienda espera que el crecimiento se agrande en los próximos meses de forma paulatina, una vez que todos los sectores ya estén pagando el IVA y entren en vigencia algunos impuestos cuyo cobro se postergó (como el valor agregado sobre la canasta básica o las ventas a instituciones del Estado).
Los datos de recaudación formaron parte del último balance de cifras fiscales entregado por el Gobierno, esta mañana; según el cual el déficit financiero del país hasta agosto de este año fue de 4,1% del PIB: 0,3 puntos más alto que en el mismo período del año pasado.
Las cifras, eso sí, también demostraron una rebaja en el déficit financiero primario, indicador que se colocó en un 1,6% del PIB y cuya reducción fue de 0,2 puntos en la comparación interanual.
Este segundo déficit y su reducción son cruciales para el Estado, pues representa la diferencia negativa entre gastos e ingresos sin contar intereses, y es la principal causa del efecto ‘bola de nieve’ que ha obligado al Gobierno a seguir endeudándose y casi triplicar sus niveles de financiamiento durante los últimos 15 años.
Por eso, Hacienda destacó la reducción en ese déficit.
De hecho, señaló que la diferencia negativa entre gastos e ingresos de agosto fue la más baja de los últimos diez años para el mismo período (0,01% del PIB:), y que incluso lo seguiría siendo si se restara el 0,13% del PIB en ingresos extraordinarios que se recibió el Estado por la recuperación de inversiones relacionadas con el proceso de absorción de Bancrédito con el Banco de Costa Rica (BCR).
Además de los nuevos impuestos, Hacienda explicó el mejor balance por medidas como la contención en materia de transferencias; así como la desaceleración ya sostenida en los pagos remuneraciones. Esto, ha dicho la ministra Aguilar, se ha realizado a través de la reforma fiscal y de acciones administrativas.
El Gobierno busca cerrar el déficit primario del Estado para dejar de endeudarse para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, tendrá que seguir adquiriendo nueva deuda para refinanciar la ya adquirida y para invertir (mientras no tenga mayores superávits).
Según las proyecciones de Hacienda, la deuda seguirá creciendo de forma importante al menos hasta el año 2023, cuando alcanzaría su monto (por el orden del 65% del PIB) y empezaría a disminuir gradualmente.
Esto, sostienen, ocurriría solo si se mantiene una gestión controlada de los recursos estatales, si se evita la creación de nuevas erogaciones que distorsionen los balances que se logren y si se cumple debidamente con la regla fiscal que limita los gastos estatales en relación con el crecimiento de la producción y los niveles de deuda pública.
Además, la ministra Aguilar subrayó que será necesario “avanzar en las medidas para reducir la evasión fiscal, la mejora en la gestión de riesgos y la digitalización”; al tiempo que se buscan mecanismos de deuda externa (como emisiones de eurobonos y créditos internacionales) que permitan acceder a recursos en mejores condiciones (plazos e intereses).
“Asimismo, se requiere otras medidas de carácter estructural como la reforma del empleo público o la fusión de instituciones para evitar la duplicidad de funciones”, concluyó.
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