La implementación de la Reforma Procesal Laboral costará cerca de ¢15.000 millones anuales, pero la ausencia de nuevos ingresos para financiarla obligan al Ejecutivo a realizar una nueva emisión de deuda pública.
Esto porque el proyecto de ley aprobado por los diputados el pasado 14 de diciembre, y que el presidente Luis Guillermo Solís firmará como ley el próximo 25 de enero, no contempla ninguna fuente de financiamiento para hacer frente a las nuevas obligaciones estatales.
Así, los congresistas perpetuaron la práctica de aprobar proyectos de ley sin prever el contenido presupuestario que requieren para comenzar a implementarse, una epidemia legislativa que el programa Estado de la Nación llamó en el 2015 «el problema de la promesa democrática sin sustento económico».
Según este informe, entre los años 1990 y 2015, el 52,5% de las 860 leyes con mandatos garantistas no identificaron con claridad las fuentes de financiamiento para su concreción, como ocurre con la Reforma Procesal Laboral.
«Esta ley no contiene de dónde van a tomarse los recursos, como crear un impuesto o algo. Será el Poder Ejecutivo a la hora de darles el contenido a las partidas correspondientes quien tendrá que financiarlo con los ingresos con que se cuenta «, explicó el magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda del Poder Judicial, uno de los proponentes del proyecto original.
Ante la aprobación legislativa de la Reforma Procesal Laboral, el Poder Judicial debe implementar los cambios en tribunales, actualizar sus procedimientos y garantizar la representación legal gratuita a quien lo requiera en procesos laborales.
Además hay otros nuevos egresos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Patronato Nacional de la Infancia, que deberán apoyar a trabajadores en diferentes instancias.
Todos estos son requerimientos contemplados en el proyecto aprobado por los diputados en diciembre, luego de un proceso que empezó hace más de una década.
“Desde el punto de vista fiscal puede ser un problema”, apuntó Aguirre, aunque adelantó que este fue un tema que se consideró en las reuniones previas entre diputados, Ejecutivo y otros actores sociales.
El viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, José Francisco Pacheco, confirmó que han tenido conversaciones con el Poder Judicial sobre las necesidades económicas y que la conversación está ahora en un nivel técnico.
«Dadas las características de la ley, es un rubro que tendría que ser financiado con deuda», apuntó Pacheco.
Según el Estado de la Nación 2015, «el procedimiento legislativo no obliga a las y los diputados a aprobar solo los proyectos que cumplen con ciertos criterios de calidad, como lo sería el respaldo financiero».
El informe sí señala que mejoró ligeramente entre 2014 y 2015 y el propio viceministro señala que desde Hacienda instan a los diputados a aprobar leyes con su propia dotación presupuestaria.
«Hacienda siempre ha tenido el criterio de que ojalá todas las leyes que tengan implicaciones tan fuertes –aquí estamos hablando de un 0,05% del Producto Interno Bruto– deberían traer algún tipo de fuente de financiamiento», señaló el viceministro Pacheco.
El Poder Judicial y las otras entidades estatales necesita ahora esperar una propuesta del Poder Ejecutivo y que luego pasará por la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos necesarios para contratar a nuevos funcionarios y equiparlos para hacer su trabajo.
Poder Judicial
Un análisis realizado en mayo del 2015 por el Departamento de Planificación del Poder Judicial determinó que los juzgados laborales necesitan 30 plazas nuevas (15 jueces y 15 técnicos judiciales) y otras 108 plazas deberán abrirse para la Defensa Pública Laboral (74 defensores y otras plazas de personal de apoyo).
En total, esto supondrá gastos de cerca de ¢4.300 millones, según esta estimación realizada en caso que entrara en vigencia la Reforma en el 2016.
La Defensa Pública es la unidad que más urgencia tiene de nuevo contenido presupuestario, pues la nueva ley contempla asistencia legal gratuita para aquellas personas que tengan ingresos menores a dos salarios base de Auxiliar Judicial I del Poder Judicial (actualmente es quienes ganen menos de ¢848 mil mensuales) o tengan ciertas condiciones especiales, lo que obligará a contratar nuevos defensores.
Solo las nuevas necesidades financieras de la Defensa Pública alcanzan los ¢2.928 millones en su primer año, según el acta 44-15 del Consejo Superior del PJ.
En el caso de los Tribunales de Apelación y de las Salas Primera y Segunda, el estudio recomendó hacer una valoración del nuevo personal necesario «un año después de que se inicie la aplicación de la ley».
Además, el informe incluye gastos por alquiler de edificios, servicios de vigilancia, remodelaciones y equipo para que puedan funcionar las nuevas oficinas que necesite el Poder Judicial.
Este análisis presupuestario se realizó cuando parecía que la Reforma Procesal Laboral entraría en vigor en junio del 2016, 18 meses después de que el presidente Luis Guillermo Solís levantara el veto presidencial y publicara una versión anterior de la reforma en diciembre del 2014.
En su momento, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó (en su sesión del 7 de mayo) este presupuesto para ser incluido para el 2016, según consta en el acta, y este informe llegó a los 22 magistrados de la Corte Plena.
“Lo único que nosotros vimos fue cuando se aprobó el presupuesto para el 2016, ahí sí se había incluido y venía el programa especial y ya se había conversado; el Ministerio de Hacienda estaba de acuerdo con que se hiciera de esa manera”, apuntó Aguirre.
Defensa pública
La reforma procesal laboral es el cambio más importante al Código de Trabajo desde su creación en 1943 y tiene tres grandes áreas de modificaciones: los cambios al proceso judicial, los cambios al derecho colectivo (que incluye huelgas) y cambios a los derechos laborales individuales.
Una modificación importante, según el Departamento de Planificación, es que «el principal impacto en cuanto al requerimiento humano» que tendrá el Poder Judicial, es la creación del sistema de asistencia judicial gratuita.
Actualmente y hasta que entre en vigor la ley, no existen defensores de públicos para procesos laborales (esa figura existe para procesos penales), por lo que la reforma incorpora los llamados «abogados o abogadas de asistencia social».
Estos ofrecerán asistencia gratuita tanto a personas menores de edad, mujeres en condición de embarazo o lactancia, personas que alegan conductas discriminatorias o quienes tengan ingresos bajo el umbral de los dos salarios mínimos.
“Esto permite dotar al trabajador de asistencia, pues normalmente se enfrenta solo y en el juicio a su patrono que sí tiene abogados; esto lo acompaño de la incorporación de la oralidad y en la reducción de los plazos de los juicios”, apuntó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales.
Según el ministro, el que muchos trabajadores tengan que asumir por su cuenta los procesos laborales actualmente es “un incentivo perverso para el incumplimiento (por parte de las empresas) porque los trabajadores terminan abandonando estas causas”.
Los casos de personas menores de edad y las mujeres en condición de maternidad o lactancia deberán ser asumidos por el Patronato Nacional de la Infancia, pero el grueso de los casos caerá en manos de la Defensa Pública del Poder Judicial.
Una gran mayoría calzarán en esta modalidad –en el oficio JEF-710-2014, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, calculó entre un 60 y 80% del total de casos laborales– por lo que se hace evidente la necesidad de contar con más personal.
Tanto el ministro Morales como el magistrado Aguirre coincidieron en que existe la voluntad política para financiar este programa, pero especialistas del sector privado como la laboralista Paola Gutiérrez dudan sobre su implementación.
«¿Cómo es posible que el proyecto tenga más de 10 años de dar vueltas, se presente la justicia gratuita de un modo tan extenso y no haya contenido económico?”, apuntó la abogada.
El especialista en derecho laboral Marco Duarte enfatizó que la ley tiene 18 meses tras su firma antes de entrar en vigor, plazo que pueden aprovechar las autoridades para ordenar la logística.
“El único inconveniente es si el Estado va a lograr cubrir las necesidades que este beneficio de justicia o de asistencia legal gratuita va a provocar. Si se logrará dar abasto: ese es el reto”, concluyó Duarte.
La Reforma Procesal Laboral será firmada el 25 de enero en una ceremonia donde participará el Presidente de la República.
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“Habrá que buscar recursos, pero el Gobierno está comprometido con la reforma y vamos a apoyar la asignación de recursos para que entre en vigencia”.
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