El plan para permitir la extradición de nacionales inició la recta final para su aprobación definitiva, en medio de discursos de la necesidad de combatir la crisis de seguridad, pero con la garantía de que tendrá limitantes para evitar su instrumentalización con fines políticos.
El proyecto 23.701, la reforma parcial al artículo 32 de la Constitución Política, impulsada por la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros, recibió un respaldo unánime de los 45 diputados presentes para su primer debate de segunda legislatura, y solo le restan dos votaciones, que podrían finiquitarse en esta semana.
La propuesta para autorizar la extradición de costarricenses en casos de narcotráfico o terrorismo tuvo que bregar contra dudas, que debieron ser disipadas y por lo cual varios diputados advirtieron de la importancia de incluir estos aspectos en las actas del Plenario, para no dejar dudas de la voluntad del legislador.
Es la parte final de un largo trayecto. El meticuloso camino para una reforma a la Constitución requiere de que la propuesta, suscrita por al menos 10 diputados, debe leerse tres veces antes de pasar a una comisión que estudia su admisión, recibir votación en primer debate, pasar el filtro de la Sala IV y ser mencionada por el Presidente, antes de pasar a su etapa final: tres votaciones en segunda legislatura, en todas ellas con un mínimo de 38 diputados.
Precisamente, esas tres votaciones son la última parte del proceso que enfrenta el expediente, y ahora sin oposición. En esa dirección, Priscila Vindas y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), insistieron en que debía quedar en actas la voluntad de los diputados, para dejar constancia de que la extradición debe realizarse con un respeto a derechos humanos y a un proceso judicial en el país. “Estábamos reacios, pero las dudas fueron aclaradas en la comisión”, indicó Vindas.
Parte de estas garantías son que se debe realizar un proceso judicial antes de autorizar la extradición. Solo se podrá realizar con países que tengan convenios de extradición con Costa Rica, en los que haya equiparación de delitos, no exista pena de muerte, y el proceso garantice derechos mínimos de los acusados.
Adicionalmente, se querían garantías de que esta reforma no podría instrumentalizarse para extradiciones con objetivos políticos. Antonio Ortega, del FA, recordó que el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández, otrora aliado de Estados Unidos contra el narcotráfico, impulsó una legislación similar, y luego intentó utilizarla contra opositores de su administración. “Hoy Hernández está en una cárcel de Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico”, enfatizó. Ahora, las definiciones, las declaraciones en las actas y el proceso judicial que se realizará en el país son, para el FA, garantía de que esto será evitado.
También Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), resaltó que hubo recelo inicialmente, pero se subsanó con garantías de que estas extradiciones permitirían evitar que la nacionalidad se usara como forma de evadir la justicia, pero respetando los derechos humanos. «Hoy vivimos una realidad diferente a la que se vivía hace años; hoy la delincuencia organizada trasciende fronteras, llegó la hora de autorizar que, bajo ciertos supuestos, las personas puedan ser sometidas a procesos penales en el extranjero. No se vale escudarse en la nacionalidad para evadir la justicia», expresó.
Otros bancadas mas bien enfatizaron el concepto de la necesidad de actualizar la legislación a la coyuntura actual y buscar soluciones de mano dura contra la criminalidad, como el caso de Olga Morera, de Nueva República (NR), y Gilbert Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP). Campos destacó que alrededor de 35 mafiosos, colombianos nacionalizados que tienen procesos pendientes en Estados Unidos, y por tanto son posibles candidatos para estos procesos, mientras que en la comisión legislativa, se alertó que hay alrededor de 85 costarricenses tienen alertas en sistemas de Interpol por estos temas. “No hablamos de cosas menores, hablamos de capos, de cabecillas, por eso es necesario aprobar esta reforma”, dijo Campos.
Por su parte, Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se limitó a indicar que su bancada no se referiría al tema, para acelerar su avance.
Adicionalmente, en la sesión el presidente Rodrigo Arias anunció la integración de las comisiones con capacidad legislativa plena:
Plena primera: Andrea Álvarez, Carolina Delgado, Danny Vargas, Geison Valverde, Katherine Moreira y Monserrat Ruiz, del PLN; Horacio Alvarado, Melina Ajoy y Leslye Bojorges, del PUSC; David Segura y Fabricio Alvarado, de NR; Alexander Barrantes, Daniel Vargas y Paola Nájera, de PSD; Ariel Robles y Sofía Guillén, de FA, Luis Daniel Vargas, de PLP y las independientes Cinthya Córdoba y María Marta Padilla
Plena segunda: Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Luis Fernando Mendoza, Sonia Rojas, Rosaura Méndez, Gilbert Jiménez, del PLN; Vanessa Castro, Carlos Robles y Carlos Felipe García, del PUSC; José Pablo Sibaja y Rosalía Brown, de NR; Waldo Agüero, Jorge Rojas y Pilar Cisneros, de PSD; Gilbert Campos del PLP, Jonathan Acuña y Priscila Vindas, del FA, y las independientes Kattia Cambronero y Gloria Navas.
Plena tercera: Alejandra Larios, Paulina Ramírez, José Joaquín Hernández, Kattia Rivera, Óscar Izquierdo, Rodrigo Arias y Pedro Rojas, del PLN; Alejandro Pacheco, María Marta Carballo y Daniela Rojas, del PUSC; Olga Morera y Yonder Salas, de NR; Luz Mary Alpízar, Ada Acuña y Manuel Morales, del PSD; Antonio Ortega y Rocío Alfaro, de FA; Eliécer Feinzaig de PLP y Johana Obando, independiente.
