Reforma fiscal se aprobó con amplia mayoría, 34 diputados dieron el ‘ok’ definitivo

El voto, en segundo debate, del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ocurre 23 años después de que se aprobase la última gran reforma tributaria del país, en 1995.

Los diputados de la República aprobaron de forma definitiva el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocido como la reforma fiscal. Con esta aprobación se cierra uno de los capítulos de mayor tensión de los últimos años en el Congreso, un proceso que concluye con el primer gran acuerdo tributario del país desde 1995.

La votación final ocurrió la tarde de este lunes a las 5:45 p.m., justo cinco horas después de que llegó la sentencia completa de la Sala Constitucional sobre el proyecto.

Ese era el último pendiente que quedaba para que los diputados pudieran realizar el segundo debate, que era el último escollo que tenía el presidente de la República, Carlos Alvarado, para poder firmar el texto y convertirlo en ley de la República.

Ahora, sólo queda pendiente que el proyecto sea firmado y, posteriormente, publicado en La Gaceta, un formalismo que ordena la Constitución.

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En total, votaron a favor del texto 34 legisladores: 14 del Partido Liberación Nacional (PLN), 10 del Partido Acción Ciudadana (PAC), ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la integracionista Zoila Rosa Volio y el independiente Erick Rodríguez.

En contra se mantuvieron 17 congresistas: tres del Partido Restauración Nacional (PRN), siete del bloque independiente Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares, la socialcristiana Shirley Díaz y el frenteamplista José María Villalta.

No estuvieron presentes el republicano Otto Roberto Vargas ni la liberacionista Aída Montiel, quienes habían votado favorablemente en primer debate; así como el diputado independiente Harllan Hoepelman y los restauracionista Eduardo Cruickshanck, Mileidy Alvarado y Xiomara Rodríguez, quienes habían votado en contra. La única diputada que varió su posición esta vez fue la diputada integracionista Zoila Rosa Volio, quien esta vez apoyó la iniciativa.

Los números de la votación resultaron casi iguales – sin contar las ausencias- que en octubre pasado, cuando el proyecto se aprobó en primer debate y entró en un periodo de mes y medio de suspenso, mientras se esperaba la resolución final de la Sala IV.

Finalmente, los magistrados apenas realizaron pequeñas indicaciones sobre el proyecto, que se convirtió en el primero de tres intentos fiscales que superó esa etapa tras la Ley de Pacto Fiscal de Abel Pacheco (2006) y la Ley de Solidaridad Tributaria de Laura Chinchilla (2012).

Sobre este avance, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había asegurado que se trata apenas de un primer paso para ordenar las finanzas del país; sin embargo, ya avisó que se requerirá de adquirir deuda externa para lidiar con las obligaciones a corto plazo sin alterar las tasas de interés.

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En esa línea, comentó a este medio que la reforma por ahora sólo servirá para “alejarnos del precipicio” y mejorar las condiciones crediticias nacionales, pues la mayoría de los recursos provenientes de la ley empezarían a llegar hasta dentro de unos seis meses después entrar en vigencia, aproximadamente.

Este proyecto fue el objetivo central de la administración Alvarado desde su inicio en la Asamblea Legislativa, donde defendieron el texto los principales jerarcas de ministerios, incluida la ministra Aguilar, quien incluso participó dos veces en el Plenario legislativo, una por invitación para hablar sobre contención del gasto y otra por irrupción para rogar por la aprobación del proyecto.

El proyecto

El proyecto de ley incluye específicamente cuatro capítulos, entre la instauración de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lugar del Impuesto General de Ventas (IGV), una modificación al Impuesto sobre la Renta, una regla fiscal y 13 reformas al empleo público. Además, entre sus transitorios, incluye dos amnistías tributarias, una para los deudores del Estado y las entidades del Sistema Bancario Nacional.

Los principales cambios en materia de impuestos serán que el IVA gravará también el sector de los servicios con el habitual 13%, con algunas exoneraciones y tarifas reducidas; así como la inclusión de la renta para las ganancias de capital y de dos tramos superiores para los salarios más altos (superiores a los ¢2,1 millones).

La fracción oficialista del PAC votó de nuevo en bloque en favor de la iniciativa fiscal, que se ha posicionado como el proyecto emblema de su gobierno. (Foto: Katya Alvarado)

Con estas medidas, el gobierno espera frenar el creciente desequilibrio entre gastos e ingresos que apunta a cerrar por encima del 7% del PIB este año, para lo que Hacienda estima un rendimiento inicial del 1,29% del PIB a corto plazo y del 3,5% del PIB a mediano plazo.

El objetivo principal del Gobierno es cerrar cuando menos el déficit primario —la diferencia entre gastos e ingresos del Estado— sin contar el pago de la deuda, de modo que cada vez se requiera de un menor financiamiento y se pueda reducir la carga crediticia del país, que ya supera el límite sostenible del 50% del PIB.

Para ello, la ministra de Hacienda y el Gobierno han anunciado que además buscarán aplicar medidas para reactivar la economía, modificar la estructura estatal y reformar el empleo público, que no podían aplicarse sin antes dar un poco de estabilidad con mayores ingresos vía mayores impuestos.

Por el momento, Aguilar reconoce que “el problema, a día de hoy, es un problema similar” en este momento, “sólo que con mayor probabilidad de resolverlo”.

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Esa mayor probabilidad no sólo responde a los ingresos y a la contención del gasto producto del texto, sino que principalmente impactará mejorando las condiciones crediticias del país, con un mercado cambiario más estable y con una mejor actitud de los mercados locales. Además, por supuesto, la ministra subrayó que el proyecto le evita al país “uno de los riesgos más grandes que iban a hacer inviable la consolidación fiscal”.

“Aquí lo que hicimos fue continuar por la dirección correcta, pero en ese camino falta bastante. El déficit no es cerrarlo por cerrarlo, es que es una condición necesaria para la confianza, para la reactivación y para que los diferentes actores sigan viendo las oportunidades de inversión para que el país pueda seguir creciendo de manera sostenible y equilibrada. Vamos por ese camino, en el que seguramente vamos a encontrar obstáculos, pero no podemos perder de vista ese objetivo al que queremos llegar”, señaló la jerarca el jueves pasado.

Un acuerdo imposible

La aprobación de la reforma fiscal llegó con un acuerdo que parecía imposible años atrás: la unión entre las tres fracciones más grandes del Congreso —al menos en su mayoría— hizo posible que el texto fuese aprobado.

Esas fracciones fueron las del PLN, del PUSC y del oficialismo del PAC, los cuales no habían logrado ponerse de acuerdo en ocasiones anteriores de una forma tan sencilla como en este momento.

Los diputados del PLN y del PUSC dieron un apoyo crucial para la aprobación del proyecto fiscal, en un contexto que habría sido imposible para el oficialismo en solitario con sus 10 votos. (Foto: Katya Alvarado)

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Incluso, todavía sigue fresco el recuerdo de la implacable oposición de algunos diputados del PAC a la reforma fiscal de Laura Chinchilla en 2012, cuando incluso el hoy ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, había leído uno por uno los posibles vicios de constitucionalidad del texto antes de que se aprobara en primer debate.

Hoy, sin embargo, tanto los diputados del PAC como los del PLN, junto con el PUSC —el otro partido que en su momento impulsó un proyecto fiscal—, aprobaron el texto, cuyo trámite inició desde noviembre del año pasado, impulsado por la anterior administración.

Al respecto, el jefe del PLN, Carlos Ricardo Benavides, fue uno de los principales en celebrar la aprobación en el Plenario legislativo, quien era el único de los diputados que había estado presente en la escena política durante los dos naufragios fiscales de 2006 y de 2012.

Benavides —que fue diputado en 2006 y que era ministro de la Presidencia en 2012—  subrayó que el proyecto llegaba para cerrar una deuda de muchísimos años y representaba “un alivio en la parte financiera”.

“Este es un país que ha tardado por lo menos 13 años en aprobar una legislación que mejorara su posibilidad de recaudación y el último país de América, el último país del continente americano, sin un IVA. Es decir, el atraso que ha sufrido este país en materia recaudatoria y en materia tributaria ha sido muy amplio”, punutalizó a pocos minutos de ver, por fin, un proyecto fiscal ser aprobado.

En el primer debate, Benavides había sido todavía más incisivo: “Desde los tiempos de don Abel a hasta hoy han pasado 16 años sin votar una reforma fiscal que arregle la situación. Seguimos siendo el país que quiere vivir como Suiza pero que quiere pagar impuestos con un sistema muy parecido al de algunos países centroamericanos”, había señalado en aquel momento.

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