La reforma del sistema de pensiones y el nombramiento de un nuevo cuerpo gerencial encabezan una larga lista de temas candentes por resolver en la nueva junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que inició funciones hace dos semanas.
Entre las prioridades del máximo órgano decisorio de la Caja destacan el nombramiento de un gerente general –cargo que se restablece en la institución tras décadas de haberse suprimido– y una restructuración del cuerpo gerencial, en función de la cual se nombrarán algunos nuevos funcionarios responsables.
La anterior junta directiva no pudo culminar ese proceso por diferencias entre los directivos sobre la forma de escoger a los candidatos para esos puestos.
La nueva directiva sesionó por primera vez el pasado 14 de junio, con un cúmulo de asuntos por resolver, después de tres meses de que ese órgano no se reunía debido a la falta de cuórum por la renuncia intempestiva de dos integrantes de la anterior directiva.
El órgano directivo está compuesto por nueve representantes: tres del sector laboral, tres de la empresa privada y tres del Gobierno. Cuatro de los directivos repiten en sus cargos, incluido el presidente ejecutivo Fernando Llorca, quien permanece en el cargo mientras asume próximamente el nuevo jerarca nombrado por el Gobierno, Román Macaya.
El flamante cuerpo directivo inicia funciones en momentos en que la dirección de compras de bienes y servicios de la institución está intervenida y es investigada por presuntas anomalías que ocasionaron un desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud.
El mes pasado se informó que los centros de salud se quedaron sin 28 medicamentos por fallas en las compras realizadas, y la Gerencia de Logística decidió separar temporalmente a los responsables de la adquisición de medicinas e insumos médicos, como parte de un proceso de intervención de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
La investigación busca determinar por qué se produjo un incremento de 40% en medicamentos e insumos médicos cuyas existencias quedaron en cero, y a qué se debe que estuvieran paralizados cerca de 240 expedientes con sanciones en trámite para proveedores que habían incumplido con la institución.
Mientras tanto, en la CCSS aguardan y enmiendan fallas y errores de gestión que la auditoría interna ha encontrado en sus estudios efectuados en clínicas, hospitales y la administración central, y que se consignan en múltiples informes presentados en este y en años anteriores (ver recuadro).
La nueva directiva se abocó en primer lugar a resolver asuntos urgentes que se habían acumulado, como compras de medicamentos, y temas jurídicos como apelaciones en procesos administrativos.
Uno de los primeros acuerdos fue la aprobación de una polémica reforma al reglamento de medicina mixta, para permitir a las municipalidades participar de esa modalidad de atención a pacientes.
La medicina mixta permite que un usuario pague la consulta privada a un médico inscrito en la Caja con esa modalidad y la institución le provee al usuario la prescripción que el médico le recete.
Con la reforma –que aún debe pasar el periodo de consulta pública para recibir observaciones antes de su ratificación definitiva por la junta directiva–, las municipalidades podrían participar pagando un consultorio médico para que funcione como medicina mixta. Sin embargo, algunas personas han expresado oposición al plan denunciándolo como una puerta a la privatización del servicio público.
PENSIONES
En la sesión del pasado jueves 21 de junio, los directores empezaron a ver la reforma del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero los representantes de Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) solicitaron dar un compás de espera para volver más adelante a la discusión de fondo sobre el tema.
Según estudios actuariales, el mayor fondo de pensiones del país, con millón y medio de personas trabajadoras cubiertas, entrará en insolvencia en unos diez años si no se toman medidas correctivas urgentes.
La directiva de la Caja tiene sobre la mesa una propuesta de reforma presentada en diciembre pasado como resultado de un diálogo con sectores sociales, tras discutir durante más de medio año recomendaciones para sanear las finanzas del IVM.
Destaca entre las recomendaciones un incremento de las cuotas, de modo que cada tres años se haga un aumento de 0,5% repartido de manera proporcional entre patronos, trabajadores y Estado. De esa forma, se llegaría a una cotización tripartita del 12,6% en el 2029.
Asimismo, la propuesta de los sectores sociales incluye el traslado al IVM de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que no han sido ejecutados, por unos ₡70.000 millones.
Sin embargo, esa y otras medidas propuestas requieren de reformas legales que debe adoptar la Asamblea Legislativa, por lo que escapan al campo de acción de la administración de la Caja.
GERENTES
Para las próximas fechas, la junta directiva tendrá que resolver el nombramiento de un gerente general, así como de las gerencias Médica, Financiera y Logística, que quedaron vacantes al cumplir su periodo los funcionarios que estaban a cargo.
Los directivos acordaron mantener los recargos de esas tres gerencias hasta que se resuelva qué va a pasar con la proyectada restructuración del cuerpo gerencial en la institución.
El directivo Mario Devandas explicó que, en principio, se habla de unir la Gerencia Financiera con la Administrativa y la de Logística con una gerencia de apoyo. De la restructuración que se acuerde dependen los nuevos nombramientos.
De momento hay una discusión de si la Gerencia Financiera debe juntarse con la Administrativa o si se mantiene separada y si la Gerencia de Logística también debe unirse a otra gerencia.
En lo que no hay duda es en el nombramiento de la Gerencia Médica, la cual se mantiene y el nombramiento del titular debería darse a finales de julio próximo como máximo, estimó Devandas, representante de los sindicatos.
Puntos calientes
Recientes informes de la Auditoria Interna de la CCSS revelaron deficiencias de gestión como las siguientes:
-Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón.
Se determinaron incumplimientos en la normativa de prescripción y dispensación de medicamentos, de conformidad con la revisión de una muestra de recetas despachadas durante el mes de marzo del 2017. El 64.3% de las recetas revisadas no fue anotada en el expediente médico del paciente; de esta cantidad, el 86% de los casos no registró una consulta médica en la fecha de la prescripción.
–Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Pérez Zeledón.
En una muestra de recetas despachadas durante enero del 2018 se evidenció que en el 45% de los casos no se consigna el código del médico prescriptor, lo que, aunado a la ausencia de un registro de nombres, firmas y códigos de los prescriptores en el Servicio de Farmacia, limita la disponibilidad de información respecto a las calidades del prescriptor y afecta el proceso de verificación del cumplimiento de la normativa de prescripción y dispensación de medicamentos.
-Servicio de Radioterapia del Hospital México.
En el periodo enero–octubre 2017 se constató que el Servicio carecía de supervisiones por parte del Área de Control de Calidad y Protección Radiológica Institucional. Asimismo, se comprobó la subutilización de equipo médico desde el 2013, como un Simulador TAC, marca SIEMENS, y el vencimiento de certificaciones de calibración de monitores de área emitidos por el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica.
-Programa de Asegurados por Cuenta del Estado.
El estudio efectuado evidenció debilidades de control interno que no están garantizando la prevención del riesgo de incumplimiento del marco normativo y el desfinanciamiento de dicho programa; entre ellas, que la contribución establecida para el financiamiento del Programa de Asegurados por Cuenta del Estado no se sustenta en estudios actuariales sobre los costos de dicho programa y su relación con los ingresos percibidos.
Además, en los informes se consigan problemas como los siguientes:
En el Hospital San Juan de Dios se contrata personal violando el bloque de legalidad.
A la clínica de Parrita se enviaron equipos que no había pedido y permanecían embodegados.
Fallas de planificación en el proyecto de construcción del hospital de Cartago, que tardó siete años y se informa que habrá retraso en el inicio de la construcción.
