El Plenario legislativo acordó en forma unánime admitir para estudio la reforma constitucional impulsada por la diputada oficialista Pilar Cisneros para establecer la extradición de nacionales.
El proyecto 23.701, reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales, recibió 43 votos, luego de que finalizara el debate para su admisión, tras la tercer lectura de la propuesta.
La reforma pretende establecer una excepción a la prohibición constitucional de extraditar a los costarricenses, para lo que impulsa el texto: “ningún costarricense será compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada una extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica”.
El presidente legislativo Rodrigo Arias anunció que el siguiente paso es la conformación de una comisión de 3, 5 o 7 diputados, para estudiar el tema, por lo cual solicitó a las fracciones legislativas que envíen sus propuestas, con el fin de realizar la instalación de este cuerpo legislativo el próximo 29 de mayo.
La aprobación era inminente, desde que diferentes bancadas, como el Partido Liberal Progresista (PLP) o el Frente Amplio (FA) anunciaron que apoyarían la admisión, con el objetivo de mantener el debate y no archivarlo, pero sin garantizar que apoyarían la propuesta a la hora de votarla en forma definitiva.
De hecho, en la discusión de esta tarde, diputados como Jonathan Acuña del FA, o Eliécer Feinzaig del PLP, reiteraron esa disposición a elevar el tono de esta discusión en un nuevo nivel, una comisión legislativa que permita el análisis más profundo.
Incluso Feinzaig confesó que en un principio consideraba que la prohibición constitucional era de tal calado que no permitiría una reforma como la propuesta, pero las declaraciones durante la fase de las tres lecturas lo hicieron reconsiderar esta postura. “Me parece que el objetivo de la prohibición era impedir el destierro de los costarricenses, no parece que el objetivo fuera proteger a criminales”, dijo.
Empero, la discusión plantea el tema de si esta medida podría estar bloqueada por definiciones relacionadas con derechos y garantías constitucionales pétreas, o afectar derechos fundamentales.
Al respecto, el proyecto plantea en su justificación: “Dar un viraje en este sentido no constituye una disminución de los derechos legítimos de los costarricenses, toda vez que nuestra Ley de Extradición, ya de larga data, sigue garantizando un proceso jurisdiccional y dentro de las mejores prácticas jurídico-internacionales protectoras de los derechos fundamentales de las personas requeridas en extradición”.
Debate que ahora pasará a su siguiente etapa, esta vez en la esfera de la comisión legislativa.
