El Subcontralor General de la República, Bernal Aragón Barquero, advirtió ante la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que analiza el proyecto de ley N° 22.428 tendiente a reformar leyes en materia de anticorrupción, que los cambios propuestos podrían generar duplicidad de funciones entre varias instituciones y órganos relacionados con la materia penal como son la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aragón Barquero, comentó que la Contraloría General de la República (CGR) siempre ha dado el apoyo a proyectos de ley que busquen fortalecer el ordenamiento jurídico de lucha contra la corrupción, como es el caso del presente análisis, pero dejó en claro que esta iniciativa legislativa no tiene vinculación directa con la Hacienda Pública, por lo que el órgano contralor no es rector en esta materia.
Sin embargo, el Gerente de la División Jurídica de la CGR, Luis Diego Ramírez, planteó tres consideraciones, que tienen que ver con dudas sobre posibles duplicidades de funciones entre la Fiscalía General de la República y el OIJ.
Sobre el artículo siete del proyecto de ley, Ramírez comentó que se observa una pretensión de eliminar el artículo 16 del Código Procesal Penal, que le da la posibilidad a la Procuraduría General de la República (PGR) de tomar la acción penal en el delito de soborno transnacional.
Para la CGR, el planteamiento es revisar si realmente existe un criterio objetivo y consciente de la idea de esta iniciativa, es decir que se analice, si el artículo siete busca eliminar esa posibilidad a la Procuraduría.
Por otra parte, el representante de la División Jurídica, expuso que el artículo nueve plantea que la incorporación de multas debe ir acompañada de la pena de prisión. En ese sentido, se recomienda valorar cual es el propósito y naturaleza jurídica de esa multa porque se podría incurrir en una imposición doble con una misma conducta, lo que podría confundirse con la aplicación de una sanción de orden civil.
Finalizando con su intervención, el último artículo que se señaló importante de revisión, fue el número 13, que pretende crear un nuevo capítulo de la Ley contra la Corrupción, dirigido a definir atribuciones del Ministerio Público y del OIJ.
Para la Contraloría, dichas atribuciones parece que ya existen en el Código Procesal Penal, por lo que la relevancia gira en revisar si se quieren generar estas atribuciones y evitar duplicidad normativa e inseguridad en el ordenamiento jurídico.
“Hemos considerado hacer de su conocimiento esas tres precisiones con respecto a la posible eliminación de la acción penal de la Procuraduría con la naturaleza de las multas. Además, con la eventual duplicidad de funciones y normativa en cuanto a las funciones del Ministerio Público y el OIJ”, culminó con su intervención Luis Ramírez.
Ante esta información, el diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, le consultó al Subcontralor, cuáles son los aspectos que encuentran innovadores en función del objetivo final de la ley, si es que consideran que existe alguna propuesta normativa dentro del proyecto que sea útil para alcanzar el objetivo.
La respuesta de Aragón Barquero fue enfática en el apoyo de la Contraloría al proyecto pero la preocupación por la duplicidad de funciones.
“Por eso es que señalamos que se vea primero la posibilidad de no eliminar la acción penal de la Procuraduría en este tipo de delitos porque es la representación del Estado y en la aplicación de la multa, lo que puede traer una doble pena si no se aclara debidamente”, respondió Bernal.
Al cierre de sus intervenciones, los representantes de la CGR, recomendaron a los diputados miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, consultar el proyecto con especialistas en materia penal, como representantes del Instituto Costarricense contra Drogas (ICD), el Ministerio Público y la PGR.