La posibilidad de una reforma integral a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), a casi dos años de su implementación, aparece empantanada por el mismo Gobierno que fue el primero en ponerla sobre la mesa.
Rodrigo Chaves era candidato en febrero del 2022 cuando calificaba el proyecto de ley sobre Empleo Público como un “adefesio”, y declaraba que era necesario renegociarla. Solo un mes después, en marzo del 2022, la Asamblea Legislativa convirtió el texto en la ley 10.159, pero que debería empezar a regir el 10 de marzo del 2023.
La LMEP se impulsó en la administración de Carlos Alvarado como una normativa para establecer un nuevo modelo para el empleo público y reducir paulatinamente su peso (según la Contraloría, las remuneraciones del sector público en 2022 ascendieron a ₡27,6 billones, lo que representaba un 22,9% del presupuesto inicial).
Al asumir la administración de Chaves, desde el Ministerio de Planificación (Mideplan) se impulsó un proceso de Diálogo Nacional con diferentes sectores, del 20 al 31 de marzo del 2023, “con el objetivo de discutir, analizar y construir de forma colectiva un proyecto de ley que reforme la LMEP”, según consta en un comunicado de Mideplan, “Diálogo Nacional discutirá y construirá proyecto de reforma a LMEP”.
Sin embargo, a pesar de que se trata de una materia en la que hay reportes de la Contraloría sobre temas pendientes (ver recuadro: “Advertencias de la Contralora”) y una gran cantidad de proyectos de ley asociados al tema (16 en últimos tres períodos legislativos, ver recuadro “En la mira legislativa”), no hay ninguna propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.
Incluso durante la presentación del presupuesto del 2025, varias entidades, como la Defensoría, la Asamblea Legislativa y los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores advirtieron de problemas en sus presupuestos por la implementación de la LMEP.
Gobierno: es temprano para valorar
Ante la consulta de si estas situaciones habían generado alguna valoración sobre la conveniencia de presentar un proyecto de ley para ajustar los efectos, el Ministerio de Hacienda indicó que “la ley 10.159 es de reciente aplicación, y Mideplan ha establecido directrices y transitorios para su implementación. Además, no se han concluido los ajustes en el Sistema Integra para satisfacer todos los requerimientos de esta normativa. Siendo así, las valoraciones sobre los impactos de esta ley no han concluído”.
Desde Mideplan, la respuesta fue similar. “Al estar apenas iniciando la aplicación del salario global en las instituciones y aún con varios entes que no lo han implementado, sería muy pronto comenzar a crear reformas u otras modificaciones a la ley actual. No quiere decir que no se vaya a hacer, pero aún es muy temprano para iniciar estos procesos” fue la respuesta de Jonathan Naranjo, asesor de comunicación de este despacho.
Naranjo especificó que “hasta la fecha, en el Mideplan no se han presentado valoraciones que sugieran la necesidad de un proyecto de ley para ajustar los efectos producidos por la LMEP”.
Reforma relegada
Esto a pesar de que, en el cierre del proceso de Diálogo conducido por Mideplan, la entonces ministra Laura Fernández indicó que uno de los propósitos de este ejercicio había sido “identificar en equipo una serie de artículos donde la norma tiene problemas y donde, de manera responsable, hay que presentar las propuestas de solución ante los diputados”.
Incluso Fernández enfatizó en esa actividad que Mideplan podía “haber planteado solo una reforma a la ley, pero que se quiso escuchar a todos los operadores de la institucionalidad”.
Posteriormente, el asesor legal de Mideplan, Abel Jiménez, resaltó que, según lo anunciado, se iba a presentar un proyecto de ley por iniciativa del Poder Ejecutivo en el que se recopilarían las propuestas escuchadas, e incluso mencionó que se habían trabajado 24 artículos, en 20 de los cuales hubo consenso.
Se consultó a Mideplan por la promesa de presentar una reforma, pero la respuesta remitida por Naranjo fue que “no existe un anuncio oficial de parte de la ministra Laura Fernández respecto a la presentación de un proyecto de ley derivado de dicho proceso. Por el contrario, la posición de la ministra, como titular de la Presidencia y de Mideplan en su momento, ha sido consistente en que cualquier propuesta de reforma debe estar respaldada por la implementación completa de la LMEP”.
Esto deja los temas de Empleo Público huérfanos de propuestas desde Zapote, y limitados a las opciones presentadas por diputados, que se concentraron en tratar de corregir aspectos puntuales, como la crisis provocada en la CCSS por las diferencias generadas por el salario global con los especialistas, o aspectos relacionados con el pago de impuestos retroactivo, o evitar que los docentes tuvieran que devolver montos recibidos de buena fe, por complicaciones con los cambios en el proceso de pago. Estas dos últimas han sido las únicas leyes aprobadas para un tema que el presidente Chaves había considerado urgente reformar.
Advertencias de Contraloría
La Contraloría General emitió 15 informes que tienen relación con la Ley Marco de Empleo Público desde el 2023. En 12 de ellos se incluyeron observaciones y advertencias de situaciones que se debían mejorar.
Es el caso del informe DFOE-FIP-IAD-00001-2023, en marzo del 2023, que “determinó que las acciones de direccionamiento ejecutadas por Mideplan en su condición de rector en materia de empleo público, y la Dirección General del Servicio Civil como dependencia técnica, han sido limitadas respecto a los requerimientos del marco normativo y buenas prácticas que impulsen el proceso de preparación para la implementación” de esta ley.
Posteriormente, en la opinión adversa sobre la liquidación del presupuesto, en abril del 2024, como la falta de un ajuste en el Sistema Integra, administrado por el Ministerio de Hacienda, y definiciones pendientes en materias salariales.
Asimismo, se realizaron informes de auditoría sobre la liquidación presupuestaria para el Ministerio de Ambiente y Energía, Justicia y Paz, el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, en los que se alertó de pendientes relacionados con esta normativa.
En la mira legislativa
Una consulta al Departamento de Servicios Parlamentarios permitió identificar que se han presentado 16 proyectos para reformar la materia de Empleo Público desde el período 2022-2023, ninguno de ellos procedente del Poder Ejecutivo.
En el primer período, se presentó el proyecto 23.575, del diputado Gilbert Jiménez, para posponer la entrada en vigencia de esta ley, pero fue rechazado.
En el segundo período se presentaron diez expedientes: ocho siguen en la corriente, el 23.876, el 23.877, el 23.934, el 23.974, el 24.239, el 24.290, el 24.291 y el 24.035. Entre estos, destacan el 24.290, que es la segunda ronda para las jornadas de 12 horas, y los expedientes para enfrentar la salida de especialistas de la CCSS, como el 24.239. Además, dos proyectos ya son ley, el 23.741 (ley 10.423, para que docentes no tengan que devolver pagos que recibieron por problemas de implementación) y el 24.140 (ley 10.469), para regular pagos retroactivos en impuesto de la renta.
Del tercer período se mantienen cinco expedientes en la corriente: el 24.345, el 24.355, el 24.438, el 24.547 y el 24.655, que van desde promover empleo formal, descongelar pensiones de reparto y evitar salarios de lujo, entre otros temas.
