El Congreso sopesa la remoción del magistrado Paul Rueda por desagrado con sus sentencias y por motivos contradictorios u ocultos en una posible votación secreta, este lunes. Sería la primera vez en la historia que no se aprueba una reelección. Algunos sectores ya encendieron las alertas.
En junio del 2011, cuando el abogado Paul Rueda recién había sido informado de su elección como uno de los siete magistrados de la Sala Constitucional, aseguraba que eso habría sido imposible en tiempos del bipartidismo.
Sostenía que el nombramiento era fruto de un acuerdo genuino entre partidos distintos en un Congreso fraccionado y que eso elevaba su promesa de imparcialidad, de resolver los casos sin apegos a intereses sectoriales.
Ocho años después, ya casi vencido su período e interesado en la reelección, Rueda se somete a una Asamblea Legislativa mucho más fraccionada que le reprocha en parte los criterios emitidos en las sentencias trascendentales desde la Sala IV. Quiere seguir en ese órgano poderoso que está por cumplir 30 años constituido en un condicionante para el juego político nacional.
Ahora, con motivos distintos y con diversas banderas, los diputados fraguan esta semana algo histórico: por primera vez en la historia de Costa Rica podrían rechazar la renovación de un magistrado, a pesar de que la Constitución Política predispone la reelección al establecer un mínimo de 38 votos para evitarla.
Es un intento similar al que tuvo en 2012 como protagonista al magistrado Fernando Cruz, actual presidente del Poder Judicial. Las alertas son también parecidas: la remoción basada en argumentos difusos, contradictorios, ausentes o amenazantes para la independencia de los jueces, según algunos juristas.
En eso están los diputados, calculando cuánto apoyo tiene Rueda Leal, pensando cómo defender la posibilidad de renovarlo en el cargo o en cómo argumentar la supuesta necesidad de sacarlo de esa silla. Esto, mientras en la cúpula del Poder Judicial todavía registra las réplicas del terremoto que significó en 2007 el caso del “cementazo”.
A solo 400 metros del Congreso, la Corte Suprema de Justicia es un escenario de pulsos cada vez menos disimulados entre distintos bandos de magistrados. Discuten las reformas que requiere el Poder Judicial para evitar que se repitan cuestionamientos como los que derivaron en la salida de los magistrados Celso Gamboa y Carlos Chinchilla, además del fiscal Jorge Chavarría.
Rueda es parte de ese pulso, como promotor de cambios internos con los que otros magistrados no están de acuerdo. Y en lo estrictamente relacionado al papel de juez, Rueda es uno de los seis magistrados titulares de la Sala IV (hay una vacante) y, como tal, juega un papel evidente en el tribunal que suele dictar la últimas palabras.
Por ejemplo, Rueda redactó el voto sobre la Reforma Fiscal en el 2018 sobre el principio de equilibrio presupuestario del Estado y también la sentencia contra las huelgas en servicios de salud, mencionó él mismo, este lunes 10 de junio, ante la comisión legislativa de nombramientos.
En esa sesión, diputados socialcristianos más bien le reclamaron por la sentencia que con una votación 6-1 suspendió en 2013 las licencias de pesca de arrastre y afectó a pescadores en Puntarenas. ¿Considera que el principio pro natura está por encima de la pobreza?, le inquirió el legislador Pablo Abarca antes de mencionar que lo mejor era una sentencia en otro sentido.
Después lo dejó más claro: “Mi criterio (para votar por la reelección o no) va a estar basado en las sentencias y si eso coincide con mi oferta electoral y la demanda electoral de las personas que votaron por mí”.
Esta justificación terminó de activar las advertencias de juristas que consideran peligrosos que los diputados tomen su decisión basados en los criterios de los jueces, pues de alguna manera se les castigaría o premiaría por sus fallos judiciales.
Este recurso, sin embargo, no es nuevo. Lo pronunció en agosto, recién emitido el voto de la Sala Constitucional en favor del matrimonio igualitario, la diputada Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional): “Quedamos a la espera de los considerandos de esta resolución de la Sala Constitucional, porque, señores magistrados, aquí son reelegidos ustedes”, mencionaba la legisladora en el micrófono a manera de advertencia.
En resumen, a Rueda le cobran sus fallos judiciales y presuntas posiciones progresistas divergentes con la visión conservadora que posee una mayoría de legisladores, tanto de las fuerzas confesionales como de las agrupaciones tradicionales PLN y PUSC. Así el debate con ribetes religiosos que se detonó en las elecciones del 2018 salpica también la elección de los miembros de la cúpula judicial.
En la libreta de un diputado se registran los votos probables contra Rueda. Algunos seguros, otros probables, otros indecisos. Creen que pueden lograr los 38, la mayoría calificada fijada por ley, pero eso pasa en buena medida por cómo se decanten los legisladores de Liberación Nacional, la mayor bancada legislativa.
La votación preliminar en la comisión ya mostró divergencias entre los liberacionistas. El diputado Jorge Fonseca se sumó al oficialista Enrique Sánchez para recomendar la reelección de Ruedas básicamente por que no ven razones para removerlo. El otro verdiblanco, Luis Fernando Chacón, es parte de la mayoría que votó en contra de la reelección con el argumento de que se necesita una reforma tajando de la Corte Suprema.
Ese mismo diputado Chacón votó en septiembre por la reelección de la magistrada Julia Varela, a pesar de que ya acumulaba en la Corte 16 años. Dice que en principio se opuso a renovarla, pero que hubo “discusiones” que lo motivaron a apoyarla. Luego se arrepintió, dijo a este Semanario.
“Las magistraturas han estado sujetas a una reelección automática. Conseguir esos 38 votos no es fácil. Yo no puedo garantizar que estén ya (una semana antes de la votación). Creo que, sin entrar en las sentencias, hay que valorar todo el trabajo del magistrado”, dijo Chacón, a quien se le consultó cómo evalúa a Rueda y contestó que bien. “Me parece que ha tenido un trabajo eficiente”, valora.
Para Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, es clara la tendencia creciente de los diputados a cuestionar la reelección de los magistrados, en parte por la reconfiguración política que ha vivido el país en los últimos 20 años: “Se comprende que ya esto no es automático, como en el pasado, pero hay que ver las razones que se dan. Ahí está lo preocupante”.
Villarreal participa de un grupo civil llamado Foro de la Justicia, que ha presionado por reformas en la Corte Suprema después de comprobarse cómo la trama de corrupción del “cemento chino” tocó al Poder Judicial. El criterio de ese foro es que pocas cosas han cambiado desde la crisis del 2017, aunque rescatan pequeños avances en transparencia de los procesos para elegir magistrados.
Esos avances, sin embargo, no son generalizados. La votación sobre Rueda en la comisión legislativa se dio de manera secreta entre los 6 legisladores, aunque al final se conocieron sus posiciones porque tuvieron que firmar sendos informes que, se supone, deberían servir como base para la votación en el pleno de los 57 diputados.
Los razonamientos, sin embargo, no dejan tranquilo a Carlos Arguedas, exmagistrado de la Sala Constitucional y diputado del Partido Liberación Nacional en el período 2014-2018. “Están creando las condiciones para una magistratura más dócil. A menos que uno se chupe el dedo, me parece evidente que se trata de crear condiciones a partir de la remoción del magistrado Rueda para condicionar a la Sala IV en el campo de los derechos fundamentales”, opinó este lunes en el programa Hablando Claro de radio Columbia.
Para Fernando Cruz, ahora como presidente de la Corte Suprema, a un juez se le debe juzgar por su conducta o su eficiencia, no por sus criterios judiciales, aunque entiende que hay una tendencia creciente desde el 2012, cuando el PLN casi logra evitar la remoción de él.
En ese momento, el diputado Fabio Molina dijo que mediante la remoción de Cruz intentaban hacer “una llamado de atención” a la Sala Constitucional por haberse “excedido en sus competencias”. Después de una potente respuesta de funcionarios judiciales en las calles, el caso lo resolvió la misma Sala Constitucional y Cruz pudo seguir ejerciendo allí, pero al antecedente quedaba grabado.
En ese entonces, Carlos Rivardo Benavides, actual presidente de la Asamblea Legislativa, era ministro de la Presidencia en el gobierno de Laura Chinchilla. Una diputada libertaria aseguró que él le pidió votar contra Fernando Cruz, aunque Benavides lo niega aún hoy.
Ahora Benavides dice tener casi decidida su posición sobre Rueda, pero prefiere no expresarla antes de compartirla con sus compañeros de bancada del PLN. Reconoce que la decisión es compleja.
“La Sala Constitucional es la más compleja de conformar. Es un momento importante para elegir magistrado y más si es de la Sala IV porque resuelve asuntos muy políticos que compiten con decisiones de la misma Asamblea Legislativa. Además es innegable que siempre estas disputas reflejan tensiones dentro de la Corte, donde hay bandos en pugna”, dijo Benavides.
¿Votar dando la cara o a escondidas?
La reelección del magistrado Paul Rueda depende de una cosa muy sencilla y a la vez muy delicada: una votación transparente como la que se pregonan en estos tiempos de apertura y exigencia de responsabilidad política, o una votación oculta en la que algunos puedan votar de manera que no están dispuestos a explicarlo.
Legisladores de uno y otro criterio coinciden en la importancia que este elemento tiene sobre las posibilidades de Rueda de ocupar su sitio en la Sala Constitucional por otro período de ocho años.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había certeza sobre las posibilidades de los diputados se realizar una elección abierta, como pidió el lunes la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), toda alienada en favor de reelegir a Rueda.
El presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, se aferraba a su interpretación del Reglamento Legislativo para sostener la posibilidad de una votación secreta, como han sido todas en el pasado en los casos de reelecciones de magistrados.
“La única manera sería que en los días previos se apruebe una reforma al Reglamento”, dijo el liberacionista con algo de ironía. “A mí lo que me corresponde es aplicar la ley, aunque sea un debate válido”, añadió Benavides.
Para él, no es significativo el antecedente de la votación para remover a Celso Gamboa del cargo de magistrado, cuando hubo una discusión sobre la legalidad de hacerla pública, pues se consideraba que de otra manera no habría votos suficientes para sacarlo de ese puesto.
Lo recuerda Carlos Arguedas, exmagistrado y diputado en ese momento. “La transparencia en la Asamblea Legislativa exige que la votación sea pública. Si no, no hay responsabilidad constitucional. El secreto es un resabio obsoleto de una mécanica de protección de determinados intereses y ya no debe ser interpretada de manera literal, sino por el principio de responsabilidad. Si yo como ciudadano sé cómo han votado, puedo exigir saber por qué”.
Arguedas se suma al criterio de algunos diputados, en el sentido de que el Reglamento no establece que la votación deba ser secreta en esta ocasión. En contra hay criterios como el de Pablo Abarca, socialcristiano que ya expresó de manera pública sus críticas a Paul Rueda, o el de Carlos Avendaño (Restauración Nacional).
Abarca se aferra su interpretación sobre el Reglamento y Avendaño apela a un símil particular: si el voto es secreto en las urnas, pues el voto de los diputados debe ser secreto para reelegir o no a Paul Rueda. “Así el diputado puede votar con mayor libertad”, alegó Avendaño.
Un magistrado de zonas medias en tiempos extremos
Paul Rueda no es reformista ni revolucionario del sistema, pero tampoco un añorante de los años dorados de una Corte Suprema inalcanzable.
A sus 53 años, se aleja de las generaciones de juristas que llegaron ya maduros al siglo XXI, aunque también tenía plenas nociones jurídicas en 1989, cuando nació la Sala Constitucional donde ahora pretende continuar 8 años más.
que la votación en plenario se haga en secreto. (Foto Katya Alvarado).
Acababa la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), de donde se graduó como licenciado en 1992, antes de irse de becario a la Alemania que siempre lo inspiró.
Obtuvo el doctorado en la Universidad de Fráncfort del Meno en Derecho Constitucional y dirigió la maestría sobre esa rama en la UNED hasta 2011, en paralelo a las funciones de letrado, hasta que resultó elegido magistrado en 2011.
Su elección fue producto de un acuerdo sorpresivo entre diputados que no habían logrado elegir a un magistrado en 16 meses entre vetos mutuos y negociaciones. De repente, consideraron que Rueda tenía buenos atestados y no representaba a ninguna bandera partidaria, aunque de joven participó en el PUSC.
Rueda es yerno de una exlegisladora liberacionista, aunque esta era directora de una escuela en Guápiles cuando Rueda se postuló por primera vez para el cargo de magistrado constitucional, en 2002.
Así, 41 diputados aprobaron a este articulista y estudioso de la corrupción de los poderes judiciales de Centroamérica, como si alguien supiera lo que iba a ocurrir entre 2015 y 2017. La única bancada que se opuso fue el Frente Amplio, con el diputado José María Villalta, quien ahora, en 2019, más bien aboga por reelegir a Rueda.
“No podría decir que tenga una particular afinidad ideológica con el magistrado Rueda. De hecho, durante su periodo en la Sala IV (2011-2019) en una mayoría de casos ha votado en contra de las posiciones que defiendo. Sí le reconozco que mantiene una línea de pensamiento definida y más que menos coherente”, escribió Villalta en la plataforma periodística Delfino.cr. Para él, la ideología de Rueda lo coloca como un conservador moderado.
Para otros diputados, Rueda es un progresista que desafía las creencias más cercanas al conservadurismo. No en vano los legisladores cristianos le cobran su voto para que el matrimonio igualitario sea una realidad en Costa Rica en junio del 2020.
¿De izquierda? Tampoco, aunque la redacción de la sentencia sobre la reforma fiscal es una fuerte defensa al débil financiamiento del Estado social de derecho con la que no concuerdan organizaciones de trabajadores públicos.
Aunque Rueda se presenta sobre todo como un juez, acepta las funciones administrativas que le competen como miembro de la cúpula colegiada de la Corte Suprema.
En ese ámbito, después del shock del “cementazo” en 2017, Rueda lideró las comisiones de reformas urgentes del Poder Judicial y lideró un protocolo de conducta para este poder de la República. Impulsó la “Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial”, entre la que se incluye un artículo que prohíbe recomendar, promover o censurar nombramientos de magistrados en la Asamblea Legislativa, sea de manera directa o indirecta.
“Paul Rueda ha estado comprometido con los aires de cambio de la Corte. Me llama la atención que (quienes abogan por removerlo) invoquen un supuesto afán de renovación, si más bien ha sido abanderado de los cambios internos”, dijo Fernando Cruz, presidente de la Corte.
