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Reducción en pago de marchamo y canon para autobuseros provocaría faltante de ¢5 mil millones en Aresep

Dos normas aprobadas para paliar el golpe de la pandemia favorecieron desmedidamente al sector de transporte público, mientras que un tercer proyecto en esa línea podría aprobarse esta misma semana.

Las leyes aprobadas para reducir el pago por concepto de marchamo y canon de servicios públicos en el sector transporte han significado un golpe para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de más de ¢4 mil millones y, si esta semana la Asamblea Legislativa aprueba un tercer proyecto en esa línea, el hueco en las finanzas de esa institución superaría los ¢5 mil millones.

Ello quiere decir que los recortes en sus ingresos inciden en una afectación importante en la capacidad operativa, así como para emitir resoluciones de la Aresep, en la posibilidad de cumplir con los objetivos establecidos por ley y en “alcanzar el balance regulatorio que requiere compatibilizar los intereses de los operadores y las necesidades de las personas usuarias”, según denunció la institución cuando avisó su rechazo al mencionado proyecto.

Dicho de otra forma, esta afectación a los recursos provoca un desbalance entre los intereses de las empresas de transporte público y la satisfacción de los derechos de las personas usuarias de esos servicios.

Cabe recordar que estas “ayudas” al sector del transporte se han aprobado en la antesala del proceso de renovación de las concesiones de transporte público en autobús por parte del Consejo de Transporte Público (CTP).

El CTP culminó ese proceso a finales de setiembre en medio de serios cuestionamientos, al punto de que la Defensoría de los Habitantes planteó la revocatoria de todo el proceso, ante anomalías como las deudas que grandes empresas del sector tienen con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el uso de estudios de calidad del servicio deficientes y desactualizados.

Golpe a la regulación

De acuerdo con datos de la misma institución, la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021 (Nº 9911), vigente desde el 30 de octubre de 2020, redujo el pago del canon regulatorio en autobús y taxi en un 50%, lo que significó para la Aresep dejar de percibir ¢2.411.539.104,60.

Por otra parte, la Ley 9980 publicada en abril, redujo el canon del año 2020 en un 25%, lo que significó una reducción de ¢1.641.803.534 y dispuso, además, que el 50% del total del canon de ese mismo año se pagara en 24 meses, hasta diciembre de 2022, “lo que resta liquidez a la institución, pues debe esperar a recuperar ese canon”, señaló la Aresep.

Es decir, según los datos oficiales, esas dos leyes han significado que la institución deje de percibir ¢4.053.342.638,6.

Ahora, como se dijo, se espera que esta misma semana la Asamblea Legislativa apruebe en un segundo debate el proyecto de Ley para el Alivio del Pago del Marchamo 2022 (No. 22.519), el cual plantea una nueva reducción, en este caso del 30% del canon al transporte público regulado de buses y taxis para el 2022.

Originalmente, la Aresep informó que el rebajo inicial planteado en el proyecto de ley, que era del 50%, le significaría dejar de recibir unos ¢2.318.688.730 menos. Tras la modificación al texto original que dejó esa rebaja en 30%, se aplicó regla de tres para determinar que el costo para la Aresep será de ¢1.391.213.238,50.

Ello quiere decir que, en total, tras el costo de las dos leyes ya vigentes más este nuevo rebajo en el canon, el golpe para la Aresep puede llegar a ser de ¢5.444.555.877,10

Cabe recordar que esta institución se financia únicamente con los recursos provenientes del pago del canon que se cobra por sector a los prestadores de servicios regulados, y no recibe ningún otro aporte del presupuesto nacional.

“Esto pone en riesgo la protección de los intereses de los usuarios, la independencia y autonomía de la institución”, expresó por esa vía la junta directiva de la Aresep.

A través de una asesora se buscó el criterio de la diputada liberacionista Franggi Nicolás, una de las proponentes del proyecto, pero no fue posible entrevistarla al cierre de edición.

Riesgo

La abogada especialista Sonia Muñoz, hasta mayo integrante de la directiva de Aresep, manifestó que, si se llegara a aprobar el mencionado proyecto de ley, su impacto se sumará al contexto de la ejecución presupuestaria de este año, la aplicación de la regla fiscal, y la posibilidad de que la Aresep tuviera que pagar las onerosas sentencias por juicios perdidos contra las empresas transportistas Tapachula y Tuasa.

Por ello, aseveró que “al no tener partidas dónde echar mano para disminuir gastos, peligraría que se tuviera que reducir la planilla”, lo cual afectaría no solo a la institución ante el nivel de especialidad en la formación del personal, “sino que se perderían todos los recursos invertidos en capacitación para ellos. Eso sería muy lamentable e irrecuperable”.

Detalló que antes de la aprobación de la Ley 9911, ya la junta directiva había tomado decisiones desde el inicio de la pandemia para “reservar dinero y que no se gastara, previendo una disminución”, así que cuando se aprobó, “quedamos muy preocupados” porque afecta directamente las finanzas institucionales y, de manera particular, a la Intendencia de Transporte, que según recordó se encarga de fijar las tarifas.

Además, recordó que lo recaudado por concepto de pago de canon de buses, taxis, agua y energía también contribuye a cubrir otros rubros administrativos institucionales.

Luego, cuando se aprobó la Ley 9980, el golpe consistió en que echó mano sobre “cánones de 2020 que no se habían pagado, un dinero que se esperaba obtener, pues se esperaba el pago, pero tampoco”.

Por ello, dijo que, aun cuando el proyecto de ley 22.519 fue modificado para que la reducción al pago del canon de 2022 no fuera del 50%, sino del 30%, lo cierto del caso es que “va en el mismo sentido, todavía pone en aprietos a la institución en el tema financiero”.


¿Inconstitucionales?

La Aresep presentó acciones de inconstitucionalidad contra las leyes 9911 y 9980. En el primer caso, respectivamente, la Procuraduría General de la República (PGR) alertó sobre un posible vicio ante la medida “irrazonable y desproporcionada”, al disponer precisamente el rebajo del 50% del canon establecido para el año 2021 a favor de la Aresep.
La misma PGR, respecto a la segunda acción de inconstitucionalidad, planteada contra la Ley 9980, subrayó el hecho de que la Asamblea Legislativa cometió “un vicio sustancial e invalidante, consistente en la omisión de la consulta obligatoria y previa” a la Aresep durante el trámite del entonces proyecto de ley.


 

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