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Red de Cuido redujo su cobertura en casi un 10% durante el 2023

Reducción de casi 7 mil niños se produjo a pesar de incremento en presupuesto utilizado y llevó cobertura a niveles de tres años atrás. Para 2024, la meta es recuperar 4 mil de esos cupos perdidos.

La Red de Cuido de Costa Rica, cuyo fortalecimiento se incluyó entre las promesas de campaña del presidente Rodrigo Chaves, registró un deterioro en el 2023 en cuanto a la cantidad de menores atendidos.

Según los datos suministrados por las Unidades Ejecutoras del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y los Centros de Educación y Nutrición y Centros Integrales de Atención Infantil (CEN-CINAI), la cantidad de menores atendidos pasó de 71.994 en el 2022 a 65.008 en el 2023, una reducción de un 9,7%.

Se trata de una reducción de 6.986 niños atendidos con respecto al año anterior, que corresponden principalmente a los atendidos en los CEN-CINAI, con una caída de 34.164 en el 2022 a 25.542 en el 2023 (8.622), que diluyeron el leve aumento en las cifras del PANI, (7.486 a 7.644) y del IMAS (30.344 a 31.840).

La caída en la atención de menores contrasta con el crecimiento de períodos anteriores: en el 2021, creció un 5,1% con respecto al año anterior, mientras en el 2022 se incrementó el aumento, al registrar un 6,6% con respecto al 2021.

Las autoridades intentarán revertir una parte de esta caída del 2023 en este año: con base en el presupuesto aprobado, la meta es alcanzar 69.408 niños atendidos; esto es, un incremento de un 6,7% con respecto al año pasado. Sin embargo, todavía esta cifra estaría por debajo de los niveles del año 2022.

Meta se reduce

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), también denuncia que se ha producido un deterioro en la Red de Cuido, que se evidencia en diferentes indicadores.

En ese sentido, se está cada vez más lejos de la población meta, ya que según cifras del Estado de la Nación, apenas se cubría un 8,8% de los 800.000 niños que debían ser atendidos, y solo se alcanzaba un 8,8% de ese grupo. Empero, con la reducción del 2023, la atención apenas alcanza un 8% de la población meta. Muy por debajo de la meta de un 15% establecida para el período 2018-2022.

Adicionalmente, un estudio de la Contraloría divulgado en el 2023 (DFOE-BIS-IAD-00010-2023) encontró incumplimientos en 43 centros de cuido, además de encontrar debilidades en materia de gobernanza y servicios de la Red, que no permiten garantizar el cumplimiento del marco normativo y técnico, así como de los estándares de calidad definidos para sus servicios.

Ruiz también resaltó que, de acuerdo con el último corte de la Secretaría Técnica de la Redcudi (órgano adscrito al Patronato Nacional de la Infancia), la cobertura tampoco alcanza a toda la población vulnerable: se tiene una cobertura de 42% para el segmento de pobreza extrema y un 30% en el segmento de pobreza básica.

Además, la diputada denuncia que hay situaciones presupuestarias que se deben vigilar, en el sentido de que, aunque el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) debía girar a los CEN-CINAI un 15% de su presupuesto, el programa apenas está recibiendo un 6,51%.

Ruiz indicó que envió una solicitud a la Contraloría para ampliar las investigaciones, incluyendo los posibles incumplimientos de disposiciones normativas de financiamiento mínimo, así como una investigación sobre el presupuesto del 2025 en materia de inversión social.

Adicionalmente, Ruiz remitió una consulta a la Procuraduría de la República sobre la legalidad de recortes al presupuesto de Fodesaf, por más de ₡60 mil millones. En la nota PGR-OJ-061-2024, la Procuraduría ratificó a la diputada que son inconstitucionales los recortes que destinen menos recursos que los definidos en el presupuesto del 2018.

En una dirección similar, también el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), denunció desde finales del año pasado ante el Plenario legislativo que han recibido informaciones de organizaciones que son receptoras de recursos del PANI, “porque ofrecen servicios al PANI”, en el sentido de que, desde el Patronato, se les está indicando que los recursos por cada menor de edad para el 2024 van a ser menores. “Se trata de recortes de hasta un 16% en los recursos que se brindan para atender a cada menor”, aseguró el diputado Acuña.

Recursos en la lupa

En cuanto a los recursos, no fue posible obtener las cifras de los presupuestos aprobados con Redcudi, aunque sí remitieron los datos de los fondos devengados, los cuales muestran que en el 2021 se presentó un aumento de un 9,7% (se pasó de ₡63.299 millones a ₡69.358 millones), mientras en el 2022 hubo un leve decrecimiento.

Sin embargo, para el 2023, año en el que se redujo la cantidad de personas beneficiadas, hubo un incremento en los recursos devengados de casi un 5%, al pasar de ₡69.494 millones a ₡72.910 millones.

Para el 2024, las autoridades anunciaron un presupuesto de ₡82.844 millones, en principio compuesto de ₡8.499 millones para el PANI, ₡36.678 millones para el IMAS y ₡37.667 millones para los CEN-CINAI.

La expectativa es que esto permita aumentar la cantidad de beneficiados en el programa CEN-CINAI de 25.524 a 33.097 (7.503), mientras en el PANI y el IMAS se proyectan reducciones, de 7.644 a 6.224 (-1.420) en el Patronato, y de 31.840 a 30.064 (-1.776) en el Instituto.

Es decir, un incremento neto de 4.307 beneficiados, lo que implicaría que, aún alcanzando la meta, no se lograría recuperar un 40% de la cantidad de menores que quedaron fuera de la red en el 2023.

Además, debe tenerse presente la advertencia de la Contraloría en su informe de octubre del 2023, en el sentido de que “la Redcudi aumentó un poco la cobertura durante el periodo 2018-2022, empero ello no conllevó una mejora en la calidad de los servicios, por lo cual los esfuerzos para articular y homologar la calidad de los servicios brindados por los centros de las diferentes unidades ejecutoras resultan fundamentales”. Es decir, se requiere corregir una serie de debilidades y falta de claridad para lograr que la Red de Cuido mejore su desempeño.

No es la única polémica abierta: el Ministerio de Hacienda reconoció, en la respuesta a un recurso en la Sala Constitucional, que no estaba girando a Fodesaf los recursos que correspondían por ley. En el oficio MH-DM-OF-0512-2024 del pasado 22 de abril, firmado por el ministro de Hacienda interino Luis Antonio Molina, se admite que faltaron ₡62.130 millones en el presupuesto del 2024 para cumplir con el mínimo exigido por la ley, que es de ₡255.583 millones, ya que únicamente se asignaron para este rubro ₡193.452 millones.

Quiere decir que en el 2023 se incumplió el monto de ley de manera consciente. No hay ninguna garantía de que en el 2024 se respeten los montos mínimos para el sector social, con el contexto de una administración que alcanzó los niveles más reducidos de inversión social del país en la década.

 

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