Nydia Amador, presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata), afirmó que no ha sido presentada ninguna evidencia validada científicamente e independiente sin conflictos de interés que demuestre que el empaquetado neutro para productos de tabaco aumenta el comercio ilícito de estos productos.
Amador, quien es médica, epidemióloga, salubrista y estuvo encargada del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud hasta que se jubiló, declaró ayer miércoles en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa que analiza un proyecto de ley que reforma los artículos 4, 9 y 36 de la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (9028).
El expediente 22.497 obliga a la industria tabacalera a implementar el empaquetado neutro o genérico de todos los productos de tabaco y la uniformidad de los envases de cada tipo de producto.
Amador respondió a cuestionamientos de la diputada independiente Nidia Céspedes y de Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN), quienes plantearon los argumentos que expuso el lunes en audiencia Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Beneficios del etiquetado neutro
Nydia Amador explicó que el empaquetado neutro para productos de tabaco es una medida con evidencia científica que busca reducir el consumo de tabaco haciéndolo menos atractivo para los consumidores, eliminando la promoción y publicidad en las cajetillas o paquetes aumentando la notoriedad de las advertencias sanitarias.
Se mantiene los sellos fiscales y la marca del producto; pero no incluye ningún logotipo ni imagen promocional; se usa un color estándard y las advertencias sanitarias en ambas caras.
Entre los beneficios de esta medida, Amador destacó que desincentiva el consumo de tabaco y desincentiva el primer consumo, sobre todo en adolescentes a través de la eliminación de los atractivos visuales y de la falsa publicidad haciendo creer que es un producto menos dañino que otro, además de que reduce el costo en salud.
En el proyecto de ley también se incluye a los cigarrillos electrónicos. “Es sabido que atraen a los jóvenes por sus sabores atractivos, tienen una serie de elementos chocolate, mentol, que enmascaran esa irritación natural que daría la nicotina sin estos elementos y contribuyen a la percepción errónea de que fumar no es dañino para la salud; por eso la legislación debe incluirlos”, señaló Amador.
Asimismo, destacó que en el país se dan más de 16.000 casos anuales de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por consumo de tabaco y también hay víctimas silenciosas, las personas cuidadoras de personas enfermas por consumo de tabaco; tres cada cuatro de ellas son mujeres.
Cámara de Industrias se opone al proyecto
El lunes compareció ante la Comisión Enrique Egloff, presidente de la CICR, que se opone al proyecto.
“El empaque sencillo es una privación de las marcas, de la legalidad y representa un asalto sin precedentes a la expresión comercial y a la libertad de comercio que no puede justificarse ni debe permitirse, ya que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país”, según Egloff.
También cuestionó que se amplíe la definición de “productos de tabaco” para incluir a los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, “violando el principio de razonabilidad, ya que estos productos representan un menor riesgo para los fumadores y, por tanto, deben contar con una regulación menos restrictiva”.
De acuerdo con Egloff, “este proyecto de ley no va a disminuir la incidencia del fumado como se argumenta, debido a que las regulaciones en el empaque de los cigarrillos no son efectivas en la reducción del consumo de tabaco. Por el contrario, estas medidas incrementarían los niveles de contrabando que ya representa un 63% del mercado total de cigarrillos en el país en el 2021”.
“No ha sido presentada ninguna evidencia independiente sin conflictos de interés”
En la audiencia del miércoles, la diputada Nidia Céspedes repitió los mismos argumentos. Dijo que en Costa Rica ha aumentado un 63% el contrabando de cigarros ilegales y que en Australia prohibieron el empaquetado genérico en 2012 pero la evidencia demuestra que esta medida no logro la reducción de las tasas de fumadores en los ultimos años.
Afirmó que “el mercado ilícito de tabaco en Australia aumentó un 80% desde la introducción del empaquetado genérico, ese mismo que ustedes quieren implementar en nuestro país” y cuestionó cómo esta medida no aumentará el contrabando y la evasión fiscal.
Ante esto, Nydia mador respondió: “No sé la fuente de esos estudios. Nosotros tenemos estudios que demuestran que Australia bajó el consumo, de nuevos y viejos fumadores y que retrasó la edad de inicio. También tenemos estudios que muestran que no se mostró ningún cambio en la disponibilidad de tabaco ilícito”
“Hay muchos estudios que tienen conflicto de interés, porque los contratan las mismas tabacaleras. En el 2019 el Ministerio de Hacienda hizo un estudio y hablaba de un 19% del contrabando, no de un 60%. Generalmente esos estudios son como de opinión y las métricas económicas dicen que deben ser estudios con varias metodologías, no estudios de una sola vía, porque si no son estudios muy débiles”.
Amador declaró que no ha sido presentada ninguna evidencia independiente sin conflictos de interés en contra del etiquetado neutro y que quienes se oponen no presentan evidencia ni estudios independientes. “Nosotros hemos demostrado no tener conflicto de interés. La evidencia validada científicamente muestra que no aumenta el comercio ilícito”, dijo Amador.
“Está en la mesa el derecho fundamental de la salud”
Christian Campos, asesor legal de la Red Nacional Antitabaco (Renata) y doctor en derecho constitucional, aseguró ante la Comisión de Sociales que el proyecto de ley ha superado ejercicios constitucionales, tanto de acá como de fuera del país y está ampliamente sustentado en la doctrina y en sentencias constitucionales.
“Estos temas han sido planteados en cortes internacionales, tribunales internacionales, incluso de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y han superado cualquier tipo de cuestionamiento sobre propiedad intelectual, libertad de comercio, derecho de consumidor y otros, que se han presentado en este expediente y en ningún momento se han presentado casos concretos que demuestren lo que están diciendo”, indicó Campos.
También mencionó que un antecedente que se cita en el expediente, es la Ley de Tabaco 9028, que en su momento fue sometida a control de constitucionalidad. Campos recordó que la Sala Constitucional
llevó el tema al nivel de derechos humanos “y eso es muy importante porque cuando la Sala hizo eso lo que quiso hacer es que la legislación regulatoria en esta materia tiene el mismo nivel de las convenciones de derechos fundamentales y prevalecen por la misma Constitución Política”.
“La Sala dijo que es jurídicamente permitida y acorde con los derechos humanos porque está en la mesa el derecho fundamental a la salud”, destacó el abogado.
Por otra parte, tanto Campos como Amador resaltaron que lo más importante es que Costa Rica asumió compromisos cuando aprobó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco. “Ese convenio tiene normas programáticas y eso significa que el primer poder de la República asumió el deber de ir adaptando la legislación acorde con esa convención”, como este proyecto de ley, dijo Campos.
