Lo que ocurrió el reciente fin de año con el atraso de los pagos del gobierno a las familias que reciben ayuda económica de los programas sociales, debido a las dificultades fiscales del Gobierno constituyó una muestra más de que los fondos para ayudar a los más pobres son sacrificados ante otras necesidades presupuestarias y no siempre se les da el uso que señala la ley.
Para el administrador de empresas y exasesor legislativo Jorge Herrera Fernández, ese y otros hechos recientes le dan razón a la denuncia que hizo a este Semanario en esa línea, en octubre pasado, y que fue contradicha luego por el director Greivin Hernández y otros funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), dependencia del Ministerio de Trabajo (ver UNIVERSIDAD del 13 de noviembre 2018 y del 30 de octubre 2018).
Herrera reiteró entre otros puntos que contrario a lo que establece la Ley de Fodesaf, que le asigna recursos para programas sociales específicos, ese Fondo que administra Desaf los transfiere al gobierno central, el cual los canaliza a los ministerios y otras dependencias conforme a las normas de ejecución presupuestaria.
Eso abre la posibilidad de los recursos sean usados a discreción por el gobierno de turno, para otras necesidades y los pobres son los sacrificados, según Herrera, para quien este es un tema de suma importancia que debería ser objeto de un debate público para poner sobre la mesa una realidad que golpea a los más desfavorecidos de la sociedad y que no tienen recursos para defenderse.
El pasado mes de diciembre fue noticia destacada que los problemas de liquidez del Ministerio de Hacienda, debido a la precaria situación fiscal, provocaron el retraso de pagos en programas sociales como avancemos (ayuda a estudiantes pobres), bienestar familiar, red de cuido y comedores escolares.
Como ejemplos de dineros que no han llegado a los programas sociales a los que estaban destinados, Herrera mencionó el cambio de destino ₡9.000 millones de avancemos que se hizo en el 2009 mediante la aprobación de un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa.
En el 2012 hubo otro intento de cercenarle ₡10.000 millones a Avancemos, lo que no se concretó por falta de apoyo de la oposición a esa propuesta que presentó el Gobierno. Ahora se habla de una deuda con comedores escolares de ₡28.000 millones, y por otra parte hay una deuda acumulada del Estado con Fodesaf de ₡900.000 millones.
Se trata de un adeudo acumulado al 2009, de fondos que debía recibir Fodesaf y no se le giraron, y aparecen en los registros de cuentas por cobrar, y cuyas posibilidades de recuperación parecen cada día más lejanas dados los crecientes apremios fiscales del Gobierno.
En respuesta a nuevos señalamientos de Herrera, que tachó de contradictorias las afirmaciones sobre el tema que dio el director de Desaf, este indicó vía correo electrónico, que “El señor Herrera insiste en sostener que una situación que se presentaba antes de la aprobación de la Ley 8783 sigue ocurriendo, lo cual es falso”.
La Ley de Fodesaf que se dio a inicios de la presente década ha venido a solventar este asunto, añadió Hernández, en referencia a la reforma de la citada norma que se hizo en el año 2009, donde se estableció la obligación de Hacienda de girarle a Fodesaf anualmente 593.000 salarios base (de los que establece el Poder Judicial para el pago de multas), producto de la recaudación del impuesto de ventas.
En referencia al mencionado atraso en el pago algunos programas sociales, el director de Desaf reconoció que en efecto “durante el 2018 las restricciones fiscales fueron tan particulares, que obligaron a todas las instituciones del Gobierno Central a reducir los pagos y contrataciones programadas para destinar los recursos a las prioridades del Decreto de Contingencia Fiscal – N° 40540 – H, dentro de las que están los programas sociales. Sin embargo, toda contingencia y ajuste no está exenta de generar retrasos a causa de fenómenos no previstos”.
En criterio de Herrera, no obstante, esa situación se da porque no se cumple lo que dice la ley de Fodesaf, de que ese Fondo girará los recursos a los programas, pero en vez de eso, se están transfiriendo a Hacienda y pasan al presupuesto nacional.
Consideró que de esa forma se incumple lo que establece la Ley de Fodesaf, artículo 14: “En setiembre de cada año, la Dirección General presupuestará el uso de los recursos del Fondo, los que girará conforme lo establezcan esta Ley y sus convenios. Una vez que. de conformidad con sus necesidades financieras, la Desaf solicite el traslado de fondos del Ministerio de Hacienda, el Ministerio deberá girarlos por doceavos, conforme a la programación financiera, de conformidad con el artículo 43 de la Ley No.8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos”.
Sin embargo, la administración de Desaf sostiene que no hay incumplimiento, porque la ley lo que dice es que el Fondo girará los recursos conforme lo establezcan la ley y sus convenios, no dice que tenga que girar directamente a los programas.
Además, que con las trasferencias a Hacienda lo que hace Fodesaf es un reintegro de dineros que Hacienda gira a las unidades ejecutoras de los programas, para mayor facilidad, y Fodesaf se los repone porque son programas que se financian con sus recursos, y no es cierto que entran a formar parte del presupuesto nacional.
“La observación es incorrecta, Desaf no ha renunciado a sus recursos para incluirlos al presupuesto nacional, quien lo afirme debería poder demostrarlo señalando el presupuesto extraordinario donde tal incidente ocurrió”, señaló el director de Desaf.
Según Hernández, Herrera cuestiona sin aportar pruebas, “lo invitamos a revisar las liquidaciones presupuestarias presentadas y aprobadas por la Contraloría General de la República, ahí puede constatar la veracidad de lo que se afirma”.
Fodesaf recibe ingresos por ₡609.000 millones anuales, la mayor parte aportados por el recargo de 5% sobre las planillas que pagan los patronos para ese fondo de programas sociales, y por la transferencia del impuesto de ventas que hace Hacienda.
Más de la mitad, ₡330.000 (54%), corresponden al recargo del 5% sobre planillas de los patronos, y ₡251.550 millones (41%) proceden del impuesto de ventas, según datos de la liquidación presupuestaria de Fondo al 2017.
Significa que ₡54 de cada ₡100 colones del presupuesto de Fodesaf lo aportan los patronos, y ₡41 de cada ₡100 los pone el gobierno.
Si el presupuesto de Fodesaf es uno solo -señala Herrera – lo correcto sería que, al faltar dinero de Hacienda, los fondos efectivamente disponibles se giren a los programas en las proporciones que indica la ley.
Desde esa perspectiva no es razonable entonces que el gobierno alegue falta de liquidez para atrasar el pago a los beneficiarios de los programas sociales, el atraso debería ser solo de la parte que le corresponde aportar al gobierno, no de la que pagan los patronos con el 5% y que en este caso se los estaría apropiando ilegítimamente Hacienda.
Una vez más, el hecho de que se invoque falta de liquidez de Hacienda para justificar el atraso a los beneficiarios de programas sociales corrobora que los pobres son los sacrificados. “¿Acaso están sacrificando los aguinaldos, o salarios de alguien, o los viajes al exterior? No, sacrifican a los comedores escolares y a avancemos”, remarcó el denunciante.
DEUDA
En relación con la justificación que el director de Desaf dio en la anterior entrevista con UNIVERSIDAD para que no se haya cobrado la deuda de ₡900.000 millones que el Estado tiene con el Fondo, Herrera citó pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR) que desvirtúan el argumento.
El funcionario explicó en aquellas oportunidad que en este caso se trata de una deuda en cobro administrativo que viene desde antes el 2009, y cuando le dicen a Hacienda que existe esa deuda, ellos responden que ese monto no se cobró en su momento, que el presupuesto se hizo y la deuda no se incluyó, y que por el flujo de las finanzas y el principio de anualidad presupuestaria no se pueden comprometer a pagar asuntos que no se presupuestaron debidamente.
Es decir, que la deuda se sigue registrando, pero por un tema presupuestario y legal Hacienda tiene imposibilidad de incluir el pago en el presupuesto, el monto se mantiene en los estados como cuentas por cobrar y no se puede ir más allá, redondeó el jefe de Desaf.
No obstante – recordó Herrera – en el 2010 la CGR exigió al gobierno de Laura Chinchilla (2010 – 2014) que esa deuda se volviera a registrar en las cuentas nacionales (de donde las había borrado el gobierno de Óscar Arias 2006 – 2010).
El órgano contralor estableció que tales obligaciones persisten con independencia de la autorización presupuestaria que permita su pago, y el ente público tendrá que satisfacerla en algún momento, o, en su caso, determinar el modo de proceder a extinguirla mediante alguno de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico (informe DFOE-SAF-IF-04-2010).
En términos similares se pronunció la Procuraduría General (dictamen C-315-2006).
Ante la interrogante de si Desaf puede respaldar con documentos las gestiones que ha realizado ante Hacienda para cobrar esa deuda, Hernández respondió que “es factible mostrar las gestiones cobratorias que la Desaf ha realizado ante el Ministerio de Hacienda por los recursos no transferidos antes de 2009.”
