País

Recuperan memoria colectiva de luchas ecologistas y violencia contra personas defensoras de la naturaleza

Nuevo libro “Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica” fue presentado en un conversatorio regional con defensoras en Uruguay, México, Colombia y Ecuador.

Cuando se empezaron a compilar los casos y a escribir las historias de las personas atacadas por defender la naturaleza, la idea era poder construir mecanismos de protección para esos habitantes de las comunidades más en riesgo, alejadas, vulnerables frente a la criminalización. Así surge el libro “Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, presentado el pasado 7 de diciembre.

Ese día hace 26 años, el 7 de diciembre de 1994, Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) murieron asesinados en un incendio en la casa de habitación de los dos primeros, en Guadalupe. Su muerte se dio después de haber liderado con éxito una campaña para frenar la construcción de un muelle y una planta astilladora en medio de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la península de Osa, contra la Ston Forestal S.A. subsidiaria del gigante papelero Stone Container Corporation.

Con motivo de la presentación del libro y la rememoración del asesinato de los integrantes de la AECO, se organizó el conversatorio “América Latina: Región en el mundo donde asesinan más defensores y defensoras de la tierra”, en el que participaron Karin Nansen (Uruguay), presidenta de la organización ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.

También participaron Mauricio Álvarez y Alicia Casas, ex integrantes de AECO y quienes realizaron la investigación en la que se basa el libro.

El libro registra las historias de los 13 asesinatos de personas defensoras del ambiente, perpetrados en Costa Rica entre 1975 y 2020, además de 21 amenazas de muerte, 10 incendios a casas o locales, 25 atentados o ataques directos, y 18 demandas individuales y siete colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios.

El texto contiene además capítulos en los que aborda a profundidad la violencia diferenciada que viven mujeres defensoras, personas indígenas, el caso de AECO, el de David Maradiaga, Jairo Mora y los asesinatos de Yehry Rivera y Sergio Rojas.

Una cara oculta de un país «verde» y pacífico

Sin duda, es de destacar la represión, violencia y criminalización como contradicciones que se viven en Costa Rica, con la imagen de país “verde” y pacífico.

“Llama la atención las cifras expuestas en el libro; es algo que se ignora y es una cara oculta en ese país donde también se impone esa lógica del capital tan perversa que atenta contra la vida. Es increíble que se siga reproduciendo ese sendero de muerte en un país como Costa Rica”, dijo Karin Nansen.

Silvia Ribeiro destacó la importancia del libro. “Es tan importante recuperar que cada una de las personas, son personas que tienen un nombre, una familia, que están en una lucha”.

“Claro que lo que es raro es que sea Costa Rica, por decirlo de una manera. La gente piensa: claro Colombia, México, Guatemala, ¿pero Costa Rica? Con esto se pone sobre la mesa que no es un problema diferenciado, sino que es a partir de los intereses que hay sobre los recursos y lo que la gente defiende, sus territorios, sus ríos, el agua, su derecho a respirar”, señaló Ribeiro.

Mauricio Álvarez lo describió así: “La gente empieza a volver la cara para otro lado cuando se habla de estas cosas en Costa Rica, porque no es el país que le han relatado que existe. Fuera de la capital se encuentran países sumamente distintos generados por la desigualdad que se ha disparado”.

“Costa Rica solo se entiende a sí misma a través de cómo la miran desde afuera, es un producto, una imagen. Pero hay una relación entre los logros que puede tener este país y lo que hoy nosotros ponemos en este libro. Sin esta fuerza de las personas que están mencionadas en este libro, no hubieran sido posibles estos logros ambientales”, enfatizó Álvarez.

Violencia brutal contra las mujeres defensoras

Durante el conversatorio, las activistas e investigadoras dieron cifras sobre las experiencias de criminalización en Ecuador, Colombia y México.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica Ecuador, habló de la judicialización como una forma de disciplina social, al meterles juicios a las personas y a las organizaciones; y de cómo los asesinatos “dejan instalado mucho miedo y mucha desesperanza”.

Tatiana Roa, de CENSAT Colombia, aclaró que a veces pareciera que estos procesos de criminalización y violencia se dieran sólo en el presente siglo; pero realmente son procesos que han dado durante los últimos siglos, durante la consolidación del modelo extractivista.

Roa recordó un importante trabajo de investigación realizado en 2005 por el extinto Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Minera Minercol (Sintraminercol) y algunas organizaciones de derechos humanos: “La Gran Minería en Colombia: Las ganancias del exterminio”.

Esa investigación denunció la violencia en las zonas mineras en los últimos años de finales del siglo XX y los primeros años del presente y registró que se cometieron más de 6.000 homicidios, más de 2.000 sindicalistas asesinados -cientos de ellos detenidos ilegalmente- centenares de de personas desaparecidas y la destrucción de cientos de organizaciones sociales.

Roa denunció que en 2020, Colombia fue el país con mayor cantidad de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas en el mundo, con 64 asesinatos, según el informe de Global Witness. Y la impunidad es de un 92%, de acuerdo con dicha organización.

La violencia no ha cesado durante la pandemia. Roa citó cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que muestran que entre enero y agosto de este año, han asesinado 246 líderes sociales y ocho de sus familiares. También mencionó un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que muestra la tendencia de incremento en la violencia contra las mujeres.

“A pesar de este nefasto panorama, la resistencia de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, de mujeres, jóvenes, afrodescendientes ha logrado frenar muchos proyectos extractivos, millones de dólares de inversión extranjera. La gente se ha ingeniado la forma para mantener viva la resistencia y ahí es donde está la esperanza de que se produzcan transformaciones y vengan tiempos mejores”, afirmó Roa.

Por su parte, Karin Nansen también destacó que se trata de un “sistema de opresiones múltiple, racista, patriarcal, colonialista; por eso esa violencia es mucho más brutal contra las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes que defienden los derechos de los pueblos”.

“El fin es deslegitimar la organización popular, se trata de un ataque sistemático contra los derechos colectivos”, dijo Nansen.

A 26 años del crimen de AECO

La presentación del libro el pasado 7 de diciembre conmemoró que ese día hace 26 años, murieron asesinados Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de AECO. Y un año después murió en circunstancias oscuras David Madariaga.

Alicia Casas recordó el incendio trágico como un hecho “que marcó nuestras vidas y la historia del movimiento ambiental de Costa Rica”.

Por eso uno de los objetivos del libro es recuperar esta memoria para no favorecer al olvido y a la impunidad.

“Todos los 7 de diciembre son un momento sumamente duro, porque recordamos a los compañeros, la compañera y también es un momento de reafirmación de ideas, de luchas; pero duele profundamente esa impunidad que marcó estos asesinatos”, expresó Karin Nansen.

Silvia Ribeiro estuvo en casa de María del Mar y Óscar tan solo días antes del incendio, pues se encontraba participando en un encuentro que había en el país.

“Varios de los que estamos acá estuvimos muy cerca de estas personas. Y en el caso de la AECO, lo que marcan en el libro es tan importante porque no sólo fue un ataque a una organización ecologista y el asesinato de cuatro de sus miembros, sino que fue todo un ataque a la organización, donde hubo una ingeniería de conflictos para destrozar la organización como tal”, repudió Ribeiro.

“Es muy extremo, no solo por ser Costa Rica un país donde uno no supone que este es el modus operandi, sino porque hay un avance de la destrucción de las personas y la organización. Eso, sumado a la impunidad que se repite y la herida en sí misma, provoca una herida social tan grande, porque no se entiende qué paso, y aparte hay mitos, mentiras y rumores fabricados, cuando realmente había muchas evidencias de que fue un incendio intencional”.

“Hoy necesitamos darnos un abrazo, porque es 7 de diciembre y nos sigue doliendo para todos los que estamos en estas luchas y podemos ver la herida, reconocerla y además sanarla pero eso sí es una tarea colectiva”, insistió Ribeiro.

“La memoria histórica es fundamental y siempre es colectiva y todos somos parte de eso. Cada cosa que nombramos es reconstruir eso. Mientras estemos todas y todos, ninguna de estas personas se van a olvidar porque son parte de nuestra vida y porque lo que hicimos en el 94 y antes se sigue construyendo”, dijo Ribeiro.

Karin Nansen también recalcó que sin duda la memoria histórica es colectiva y es necesario mantenerla viva, “más aún cuando hoy se pretende reescribir la historia desde los poderes económicos y negar esa historia de lucha y militancia que marcó a nuestro movimiento ecologista”.

“Reconstruir la memoria no se trata solo de recordar lo que ha ocurrido, sino de mantener vivas las ideas que llevaron a estas situaciones brutales, a estos crímenes”, añadió.

¿Qué hacer al respecto?

Karin Nansen comentó que para Amigos de la Tierra Internacional una de las ideas “para desmantelar este sistema de opresiones, de poderes perversos” es avanzar con sistemas de solidaridad internacionalista para denunciar.

Esperanza Martínez relató las acciones llevadas a cabo en Ecuador y explicó la importancia de que en 2008 se reconocieran los derechos de la naturaleza.

“Con eso se reconocieron tres sujetos de derechos: las personas, las comunidades y la naturaleza. Esto nos permitió el derecho de tener defensores y defensoras y así pudimos impulsar la defensa legal en los casos de judicialización y una defensa social que reconoce a aquellas personas acusadas por delitos graves, sabotaje, daño de obra publica, terrorismo”.

En ese entonces, se trataba de 600 personas criminalizadas, para las cuales se emitió una amnistía “de todas estas personas enjuiciadas por delitos comunes, reconociéndolas como defensoras de la naturaleza”.

En 2019 se aprobó otra ley que reconoce el papel que juegan las personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza y su necesidad de protección. “Nos sirve de mucho para lograr que la sociedad las defienda. Cada vez gira más el argumento de que no somos defensores y defensoras de la naturaleza, sino que es la naturaleza defendiéndose con el ejercicio de nuestro trabajo, de los indígenas, de las organizaciones y de los ecologistas”, dijo Martínez.

“Ahora estamos poniendo mucho esfuerzo en la perspectiva colectiva y no individual de las personas defensoras, fortaleciendo su capacidad de incidencia, que su voz sea valorada como experta, y con una estrategia de defensa más colectiva, más comunitaria, evitando que haya estas separaciones y distancias al sacarlos de la comunidad”, explicó Martínez.

Por otra parte, Alicia Casas destacó lo anterior e insistió en que “no podemos permitir que se individualice esta lucha porque no es una persona víctima, es un ataque contra la colectividad, contra toda la comunidad, contra la naturaleza. No podemos permitir que se individualicen porque entonces se niega el reconocimiento de esa lucha de los derechos colectivos y territoriales versus estos intereses privados y violentos”.

Casas agregó que es importante avanzar hacia un debate nacional sobre el tema, trabajar en los protocolos de protección a las comunidades, en la conformación de una comisión de la verdad, en garantizar un sistema de protección para que este derecho de defender la naturaleza se consolide en el imaginario de las personas.

La investigación para el libro fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.

Nota: La autora de este artículo participó en la recopilación de casos contenida en el libro.

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