El juicio por la violenta muerte del activista indígena Bröran de Térraba, Jehry Rivera, a manos de Juan Eduardo Varela –quien alega haber actuado en “legítima defensa”– es inédito.
Bien es cierto que se encuentran antecedentes desde el asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019 hasta la ejecución de Pabru Presbere en 1710, pasando por el envenenamiento de Antonio Saldaña, último cacique bribri, en 1910.
“Lamentablemente, por la desidia y la irresponsabilidad del Estado costarricense el conflicto se ha complicado mucho, tanto así que hay dos dirigentes asesinados”, Orlando Barrantes.
Pero este caso se enmarca en un contexto político muy particular: el movimiento de recuperación de tierras en territorios indígenas y la virulenta respuesta que ha encontrado de parte de terratenientes y empresarios no indígenas. Fue precisamente durante un proceso de recuperación de un terreno en Mano de Tigre de Térraba que Juan Eduardo Varela, a disparos, apagó la vida de Rivera.
El juicio por ese hecho arrancó el pasado lunes en los tribunales de Pérez Zeledón. Juan Eduardo Varela enfrenta cargos de homicidio calificado, amenazas agravadas en perjuicio de Melisa Garbanzo Gutiérrez y portación ilegal de arma permitida.
Durante años, los pueblos originarios se han quejado de la actitud parcializada y discriminatoria de las autoridades judiciales y policiales del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, donde se encuentran los territorios bribri de Salitre, Bröran de Térraba y cabécar de Ujarrás.
Todo ello entró en juego al inicio del juicio. Unas cuarenta personas entre indígenas y activistas de organizaciones como la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) o Voces Nuestras se manifestaron a las afueras de los tribunales de Pérez Zeledón.
Orlando Barrantes, activista del MTC quien estuvo tanto afuera de los tribunales como en la sala de juicio, afirmó que la sociedad costarricense está “en deuda” con las personas indígenas, pues el Estado “no ha sido capaz de cumplir con lo que establece la Ley (Indígena) 6172, establece claramente y hace pocos días la Sala IV lo ratificó contundentemente, que ninguna persona que no sea indígena puede vivir dentro de los territorios indígenas”.
“Lamentablemente –agregó– por la desidia y la irresponsabilidad del Estado costarricense el conflicto se ha complicado mucho, tanto así que hay dos dirigentes asesinados”. Por ello, explicó que “nos estamos movilizando para externar nuestra solidaridad a las comunidades indígenas y pedirle al pueblo costarricense que apoye esta lucha, porque si hay algo justo, es que a los indígenas se les respete sus territorios ancestrales”.
Barrantes y demás manifestantes se mantuvieron a las afueras de los tribunales desde antes de que el proceso iniciara y la fiscal, Jennifer Sequeira, ofreciera su alegato inicial.
“Maldito indio”
Sequeira narró que Jehry Rivera tuvo que defenderse contra una turba de “más de 40 personas”, contó cómo fue atacado con un machete que, sin embargo, logró arrebatar, cómo lo sujetaron y cómo Juan Eduardo Varela, según el alegato de la Fiscalía, aprovechó para disparar al grito de “maldito indio, hasta aquí llegaste”.
Se trató de una “ejecución segura”, tras la cual fue la mujer indígena, Melisa Garbanzo, a quien Juan Eduardo Varela, relata la Fiscala, amenazó con la expresión: “maldita india, usted es la que sigue y su familia también”.
En el juicio participa la denominada “parte querellante”, una representación legal de Digna Rivera, madre de Jehry, como víctima, ejercida por John Brenes, quien logró que se incluyera como prueba un video en que Juan Eduardo Varela admite haber matado a Jehry Rivera en “legítima defensa”.
La defensa, ejercida principalmente por el abogado Jorge Arturo Rojas, dijo que demostrará que Juan Eduardo Varela actuó “en legítima defensa” ante una “vil agresión a machetazos” de que, según esa tesis, fue objeto su hermano Juan Luis Varela. Rojas insistió en que Juan Luis “estaría muerto” si no fuera por la acción del imputado.
Se llamó a testificar a cinco personas funcionarias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El primero fue el agente de inspección ocular William Mora, quien aportó el particular dato de que a su llegada al sitio, el cuerpo de Jehry Rivera había sido movido unos cinco metros de donde en aparentemente se dio la agresión.
Participaron, también, del OIJ personas peritas en áreas muy específicas como balística o difusión de residuos de pólvora. El testimonio del médico forense, José Eliseo Valverde, es de particular importancia pues confirmó que Jehry Rivera recibió dos disparos que entraron a su cuerpo por la parte posterior.
Ambos proyectiles realizaron una trayectoria de arriba abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. El primero que describió entró al cuerpo por la espalda, por la escápula izquierda, fracturó dos vértebras, tres costillas y produjo hemorragia interna y lesión en los pulmones. El segundo tiro entró desde atrás por el brazo izquierdo, salió debajo de la axila y volvió a entrar al cuerpo de Jehry Rivera por la pared torácica.
Es de notar que ante preguntas de la defensa, el especialista indicó que tales heridas podrían ser causadas si la víctima se encuentra de frente a su agresor y se agacha lo suficiente. Por ello, al ser consultado por UNIVERSIDAD, el abogado defensor con confianza aseguró que “sin lugar a dudas, toda la prueba nos da totalmente la razón” y destacó en particular el testimonio del médico forense.
El abogado John Brenes más bien aseguró que “la prueba forense no miente, es muy clara y arroja una verdad que es clara y es que a Jehry le dispararon por detrás”. Añadió que la trayectoria de los proyectiles se debe interpretar “a la luz de la topografía del terreno, del arma que se utilizó y de las manifestaciones o declaraciones que hagan los testigos que estuvieron en el lugar y en el momento de los hechos, por lo tanto nosotros estamos completamente confiados en que vamos a demostrar que es un homicidio calificado”.
