Desde el 2010, las acciones de recuperación de tierra han permitido que más de 1.200 hectáreas del territorio indígena de Salitre pasen a manos de la población originaria. Ello representa un 11% del área total.
Así lo muestra la investigación “El territorio indígena de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017”, llevada a cabo desde el Centro de Investigación en Cultura y desarrollo (Cicde) de Universidad Estatal a Distancia (UNED) por un equipo liderado por la investigadora Xinia Zúñiga.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Zúñiga en una conferencia de prensa el pasado 3 de abril, las recuperaciones realizadas durante ese periodo han significado que la posesión no indígena de tierras dentro del territorio pasó de un 40% en el 2010 a un 29%.
Zúñiga además destacó el hecho de que las recuperaciones se han realizado en diez de las 14 comunidades que integran el territorio, y que en ellas han participado unas 330 personas.
El tema ha cobrado vigencia tras el asesinato del líder comunal indígena Sergio Rojas, en la noche del pasado 18 de marzo.
Ante consulta sobre el avance del caso, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas informó que el caso se encuentra “en la etapa de recolección y análisis de prueba, para poder ubicar a quiénes podrían figurar como sospechosos de los hechos y proceder con su detención”.
Se recordó que por disposición de la Fiscalía General, desde el 19 de marzo anterior, se conformó un equipo de fiscales especializados en homicidios, asuntos indígenas y personas de la Fiscalía de Buenos Aires. “En razón de que el caso se encuentra en una etapa que es privada para personas ajenas al proceso, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no se podrá dar más información al respecto”, concluyó la información.
“Día con día nos acosan”
En esa conferencia participaron también Lucy Rojas -hija de Sergio Rojas-, Mariana Delgado, recuperadora del mismo territorio, y Vanessa Jiménez, abogada de la ONG Forest Peoples Programme y quien llevó la causa que logró la imposición de medidas cautelares por parte de la CIDH. También participó Pablo Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Bröran, del territorio Térraba (ver entrevista).
Rojas aseveró que su padre fue “un defensor de los derechos del pueblo bribri, un héroe, un líder; lo trataron de callar, fue preso injustamente por siete meses y es perseguido actualmente por los terratenientes y la prensa a pesar de que falleció. En la familia queda un vacío”.
Añadió que “muchos bribris lastimosamente se vendieron a los terratenientes y lo siguen odiando”, al tiempo que pidió al gobierno de Carlos Alvarado que se “comprometa con el pueblo bribri a que se cierren todos los procesos sobre la tierra y que todo esto se esclarezca”.
Por su parte, Mariana Delgado, recordó que antes del asesinato “de nuestro amigo, compañero y líder”, ya había violencia en el territorio.
Informó que ella misma y otros compañeros, incluido su hijo, reciben amenazas. “Nuestra vida es insegura aún en nuestra propia casa. Día con día nos acosan. Esta semana se dieron varios disparos no solo cuando nos ven, sino que se van a la montaña a disparar varias veces, quieren amedrentar. Estamos desamparados”.
Delgado subrayó que los indígenas no han dejado de acudir a las instancias judiciales a presentar las denuncias correspondientes y añadió que las autoridades nacionales “nos han dicho que la única manera de protegernos es sacándonos del territorio. Rechazamos esas propuestas, ¿por qué no sacan a los agresores que nos amenazan día con día?”
La mujer indígena fue más allá y aseveró que “estamos a merced de los criminales que caminan por nuestro territorio” e informó que el asesinato de Sergio Rojas “se usa para amenazar. Tengo mucho miedo porque mi hijo está amenazado. Un finquero dijo que le iba a dejar la cabeza como un colador”.
Por otra parte, la abogada Jiménez recordó que la solicitud de medidas cautelares se fundamentó en amenazas y ataques no solo a Sergio Rojas, también a Pablo Sibar y otras personas. “Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”, manifestó.
La abogada al respecto subrayó que “el pueblo de Costa Rica debe temer esto, que cualquiera puede ser asesinado”.
UNIVERSIDAD le consultó sobre una orden de desalojo emitida por un juez de Buenos Aires contra un proceso de recuperación de tierra en Térraba, en el que participa precisamente el activista Pablo Sibar.
La abogada dijo no haberla leído al momento de ser consultada, pero adelantó que sí será mostrada a la CIDH. “Esto es muy importante, porque siempre nos gusta mostrar el tratamiento desigual respecto al trato a los no indígenas y a los indígenas. Es algo muy particular, sí podemos decir -porque es un hecho- que no han desalojado a ningún no indígena, pero sí han desalojado a los bribris y ahora a los bröran. Eso no es un trato igual y no es la forma de tratar el tema de la ocupación ilegal”.
Inacción estatal
Desde los años 70 la investigadora Xinia Zúñiga ha trabajado el tema de los pueblos indígenas en el cantón de Buenos Aires, además de haber realizado una investigación de tres años sobre el pueblo gnöbe.
Destacó que desde la primera recuperación en el 2010 en Salitre han pasado nueve años; es decir, tres administraciones de gobierno: Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Pero desde la aprobación de la Ley Indígena en 1977, han sido más bien 12 administraciones “que no han hecho nada” por resolver problemas como la tenencia de la tierra.
Llamó la atención a que el país se ha comprometido con un marco normativo internacional -como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- el cual no ha sido armonizado a nivel nacional.
Ante ese atraso de la legislación nacional, lamentó que se abandonara el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, que precisamente buscaba esa actualización.
Destacó, sin embargo, que la ley indígena es “muy clara respecto de la definición de los territorios y quiénes pueden ocuparlos. Dice claramente que son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y propiedad exclusiva de las comunidades que los habitan”.
La investigadora recordó que la administración Solís encargó a la entonces ministra de Justicia Cecilia Sánchez la implementación de un protocolo para cumplir con las medidas cautelares que la CIDH impuso en el 2015, el cual fue firmado por las partes en febrero del 2017. “Luego desapareció la Ministra y no se ha cumplido nada ni a nivel internacional, nacional, ni político institucional con los acuerdos a nivel comunitario”.
Señaló que la consecuencia de ello es que “las recuperaciones no solo no se han detenido, sino que se han expandido dentro del territorio y en otros territorios; Salitre termina convirtiéndose en un referente. Al fin de cuentas la acción de ellos termina instalándose como la única vía posible para resolver el problema porque las otras vías se volvieron inoperantes”.
También llamó la atención al hecho de que hay ocho desalojos aprobados por las instancias correspondientes, para que personas no indígenas abandonen terrenos dentro del territorio de Salitre, pero ninguno se ha ejecutado. Esa cifra incluye uno ordenado en sentencia judicial, el caso de la abogada Thais Vidal, quien trató de ser reconocida como bribri, cabécar, teribe y boruca, lo cual fue negado tanto por las autoridades indígenas en cada caso, como por la Sala Constitucional y por la Sala III, al dejar en firme la sentencia en su contra.
Al respecto, Zúñiga observó que la condición mínima que Sergio Rojas siempre exigió la ejecución de los desalojos para siquiera pensar en detener las recuperaciones, pues “siempre decía que como los gobiernos históricamente no cumplían, no había credibilidad”.
Pablo Sibar, activista indígena bröran
“El país debe cambiar y sentirse orgulloso de tener indígenas”
Coordinador de Consejo de Mayores Bröran habló de las presiones que se viven en un terreno recuperado.
Vinicio Chacón
Pablo Sibar es de esas personas que miden con cuidado cada una de sus palabras y ,sin embargo, logra una elocuente vehemencia, muy a pesar del dolor que le ha embargado tras el asesinato del líder bribri de Salitre Sergio Rojas.
No es para menos. Una y otra vez, Sibar utiliza el término “hermano” para referirse a Rojas, con quien compartió incontables luchas desde 1980. Ambos formaron parte de la fundación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y juntos participaron del movimiento que dio inicio al proceso de recuperación de tierras en territorios indígenas.
Actualmente funge como coordinador del Consejo de Mayores Bröran, en el territorio indígena de Térraba. Además, forma parte de un grupo de 16 familias que hace poco más de un año recuperaron la localidad conocida como Crun Shurin, contra la que un juez de Buenos Aires, Puntarenas, dictó recientemente orden de desalojo que sin embargo logró ser detenida al ser apelada.
“Nuestra lucha es por los derechos consagrados en leyes y convenciones internacionales”, aseveró ante la prensa y público en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el pasado 3 de abril.
Al mismo tiempo denunció la inacción del gobierno ante la ocupación ilegal de los territorios y por no cumplir con las medidas cautelares que desde el 2015 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los territorios bribri de Salitre y Bröran de Térraba.
“En 2015 se emitieron medidas cautelares y el Estado no ha cumplido. No es posible que el pueblo bribri de Salitre y Bröran de Térraba suframos amenazas y pérdida de un hermano porque las leyes no se cumplen, el Estado no cumple”.
También lamentó que en algunos momentos las autoridades gubernamentales hayan dicho a los indígenas que la única manera de protegerlos es que salgan del territorio. “No puede ser que con medidas cautelares, tengamos que salir, nuestro territorio es nuestra casa, nuestra vida. El país debe cambiar y sentirse orgulloso de tener indígenas”.
Sibar relató las amenazas de las que es objeto, dijo que se viven “días muy difíciles”, desde el asesinato de Rojas. “Nunca previmos esta situación”, pero “hoy estamos revitalizados y dispuestos a seguir la lucha”, aseveró.
Tras el evento, UNIVERSIDAD tuvo oportunidad de abordarlo brevemente.
¿Qué balance hace de todos estos años de lucha?
-Estamos en lucha desde 1980 con el hermano Sergio, estaba muy joven cuando eso. Ha sido todo un proceso, a veces pensamos que no se ha hecho nada, pero hay momentos en que siento que sí. Hemos logrado abrir espacios en algunas universidades, inclusive a pesar de que siempre digo que el Poder Judicial, la Asamblea (Legislativa) y el Estado están en contra de nosotros, en todos esos espacios se ha logrado abrir un pequeño portillo, siempre hay algún diputado que habla de derechos indígenas, en el Poder Judicial de igual manera, como en el Gobierno y en las universidades, entonces cuando veo eso sí creo que hemos caminado poquito a poco.
En 1980 era totalmente imposible hablar de derechos indígenas, hoy por lo menos se trabaja en ese proceso, se avanza, hemos logrado algunas cositas mínimas en educación; no son cambios significativos pero por lo menos el Poder Judicial lleva parte de los expedientes.
El otro proceso que me parece es el más importante, es el de ganar amigos. Hemos logrado calar en mucha gente que de alguna u otra manera tiene algún poder y esas amistades abren un espacio muy importante. Desde ahí veo que la lucha sí avanza, espero que con todos estos acontecimientos de dolor que estamos pasando, puedan avanzar mucho más. Sergio Rojas es un mártir, pero sigue siendo una persona que sigue moviendo gente y será importante avanzar más.
Tras el asesinato de Sergio Rojas queda claro que en los procesos de recuperación se juegan la vida, no solo la integridad física.
-Claro, siempre hablaba con Sergio que posiblemente alguien nos matara, era un tema que teníamos y toda la dirigencia que andamos en esto siempre lo creímos y más los que estamos en recuperación, lo que pasa es que nunca creíamos que sería de esta manera. Siempre pensamos que podía ser en un momento de cólera, de violencia, como parte de la lucha que se daba, no una muerte premeditada. La muerte de Sergio fue planificada y eso no lo pensábamos.
Un juez del tribunal agrario de Buenos Aires emitió una medida cautelar de desalojo en Crun Shurin, llama la atención que son sociedades anónimas las que la solicitaron y que no menciona ningún elemento probatorio de que sean poseedores de buena fe del terreno. ¿Cómo se ha tomado esa medida en el territorio recuperado?
-El 19 de marzo de 2018, después de dos años de planificación, tomamos la decisión de recuperar esa tierra. Una resolución de la Sala III dice que los poseedores de esas tierras son no indígenas, por lo tanto no tienen derechos sobre ellas y que le pertenecen a los pueblos indígenas. Basados en esa resolución, nosotros decidimos recuperarlas.
Es interesante porque presentan un interdicto de desalojo en el juzgado que es inmediatamente rechazado, porque el fiscal dice que es tierra indígena y por lo tanto no procede un desalojo.
Se planteó un proceso de justicia restaurativa, el poseedor no indígena lo aceptó, luego se alegó que es una persona a la que se le olvidan las cosas, entonces se detiene el proceso y presentan esta demanda en ese juzgado, alegando que son poseedores.
No pueden ser poseedores porque desde 1939 el Estado reconoce que esas tierras son indígenas, luego el decreto de 1956 (que conformó la entonces reserva indígena de Salitre que también incluyó Cabagra y Ujarrás), luego la Ley Indígena de 1977. Además en 2006 el Estado le entregó las escrituras a la ADI del territorio; o sea, esas tierras le pertenecen a la ADI y el Estado entregó esto. Sin embargo, el juez ignora todo este proceso y emite una resolución sin tomar en cuenta derechos indígenas.
¿Qué pasará si el juez envía la Fuerza Pública para desalojar?
-Si el juez busca la violencia, la violencia va a estar en finca Crun Shurin, porque nosotros no vamos a salir de ninguna manera. Esa tierra nos pertenece, es nuestra y el juez debió haber resuelto con respeto al derecho indígena.
