País

Recortes de ¢300 mil millones propuestos en educación afectarán servicios esenciales

La aplicación de la regla fiscal pone el pago de la deuda por encima del funcionamiento de comedores escolares, el otorgamiento de becas y del salario del personal del MEP.

Organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el propio discurso de construcción de la identidad costarricense han repetido hasta el hastío la importancia de la eduación como motor de desarrollo social, sobre todo para dar oportunidades a las clases sociales más desfavorecidas.

Es por ello que no ha sido poca la preocupación y la indignación generada por el ministro de Hacienda Elián Villegas cuando, al presentar el pasado 1 de setiembre en la Asamblea Legislativa el último proyecto de ley de prepuesto para 2022, informó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el más impactado, pues se le aplicaron recortes por ¢300 mil millones.

Villegas justificó ello, precisamente en “el tamaño que tiene, casi un 25% del presupuesto costarricense” y adujo que “no es una cuestión arbitraria”. Se trata de recortes que impresionan, pues incluyen programas sensibles para la atención de poblaciones vulnerables, como ¢22.915 millones en becas,  ¢6.400 millones al Programa de Comedores Escolares, declarado como un servicio esencial, o ¢7.546 millones al Convenio con la Fundación Omar Dengo, que afecta la implementación de la Red Educativa Bicentenario para dotar de conexión a internet a los centros educativos de todo el país  (Ver gráfico Castigo a a población más vulnerable).

Cabe destacar que el último informe del Estado de la Educación apuntó que el país acumula un año de rezago desde el 2018, al que se sumó la suspensión de lecciones presenciales por casi todo 2020 y la suspensión del curso lectivo durante un mes y medio este 2021 debido a la pandemia.

Indignación

Carmen Brenes, secretaria general de la  Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), criticó a gobierno y Asamblea Legislativa por proponer y aprobar “proyectos que van en contra del pueblo trabajador, en este caso de un derecho tan importante como la educación y la educación pública que es a la que tienen acceso en zonas vulnerables, rurales, costeras, indígenas, son las que se van a ver doblemente afectadas”.

Criticó que se recorte presupuesto a los comedores escolares, que proveen “a veces la única comida que tienen nuestros estudiantes, por eso se hace el esfuerzo de mantenerlos abiertos durante vacaciones y por ello se determinó que es un servicio esencial”.

Añadió que las autoridades de gobierno “no tasan a las transnacionales ni a los grandes empresarios, sino a la clase que la pasa muy, muy mal” pues los recortes se suman a “toda  la problemática que ya traía el país, encima la pandemia”.

“Invertir en educación es el futuro, Costa Rica lo demostró en la época en  que abolió el ejército e invirtió en educación, tuvimos un desarrollo importante, pero con estas políticas Costa Rica va en retroceso, para nosotros como organización del sector educación y defensora de los derechos de la clase trabajadora, es sumamente preocupante”.

Dijo que el Sindicato hará “las denuncias y presiones necesarias para que se revierta esa visión tan mezquina y pésima de quitarle fondos a un elemento tan importante como es la educación”.

Se buscó posición de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), pero se informó que aun no han analizado el proyecto como para referirse.

Por su parte, Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), expresó por escrito que esa organización “manifiesta su indignación y preocupación por la forma en que este gobierno en contubernio con la Asamblea Legislativa, poniendo como culpable la pandemia del Covid19, han destrozado el presupuesto para la educación, todo en la intención de responderle al FMI”.

“Esa mampara -añadió- no la podemos aceptar, por lo que solicitamos a los diputados que otorguen el presupuesto que se requiere para financiar en todos sus aspectos a la educación de este país tal y como lo demanda la Constitución Política”.

Calificó como inaudito que en el contexto de la celebración del bicentenario “producto de la democracia, su libertad y su paz fortalecida a través de la educación pública, se mancille coartándole ese derecho humano universal y fundamental  a las generaciones actuales y futuras, porque el rezago que se vive en la educación no se recuperará pronto”.

Sentenció que “se requiere invertir en mucho más en educación y con esas actitudes solo nos espera el fracaso”.

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