El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene 14 dependencias que brindan más de 100 servicios con tan solo 0,55% del presupuesto nacional. “Con la reducción de este presupuesto debilitan el trabajo de la institución y desprotegen el ambiente”, declaró la ministra de la cartera, Andrea Meza, en un comunicado.
El presupuesto nacional para el año 2021 se encuentra actualmente en discusión en el seno de la Asamblea Legislativa. Con respecto al MINAE, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo detalla un monto de ¢63.612 millones, lo que ya supone un recorte de 10% con respecto al año anterior.
Sin embargo, y dada la situación económica derivada de COVID-19 y la crisis fiscal, los legisladores están solicitando realizar más recortes.
“El MINAE es un ministerio estratégico para que el país pueda construir, tener acceso a agua y a recursos naturales como parte de la cadena productiva. Estos recortes afectarían la recuperación económica”, dijo Meza.
Implicaciones por institución
Según el Dictamen Afirmativo de Minoría, presentado por los diputados esta semana, en una segunda ronda de recortes se le quitaron ¢2.499 millones al MINAE.
Una de las instituciones que se verían afectadas es el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), ya que el recorte “pone en riesgo la continuidad de ciertos servicios en la operación de aeropuertos, la atención de emergencias hidrometeorológicas por eventos severos y la interrupción de series de datos de gran periodo de registro, la imposibilidad de brindar información a las instituciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y a la ciudadanía en general”, se lee en el informe legislativo.
En el caso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la reducción en el presupuesto impedirá dar continuidad a la digitalización de expedientes, lo cual tendrá sus repercusiones en el “licenciamiento para la operatividad de la Bitácora Digital Ambiental y en la Plataforma Digital de Control y Seguimiento, lo que a su vez repercutirá en el cumplimiento de compromisos OCDE como lo son el Permiso Integral Ambiental Digital”.
Gracias a la digitalización de sus trámites, “en los últimos dos años se ha logrado una reducción de más de 50% en varios de sus tiempos promedios. También en SETENA se recortará viáticos, lo que debilita el trabajo de inspección, control y monitoreo de muchos procesos del MINAE vitales para proteger el ambiente y aprobar procesos”, se señala en un comunicado.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) verá comprometidos proyectos de reactivación económica dirigidos a los pueblos indígenas, ya que no podrá elaborar dos decretos: el primero orientado a regular el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y el segundo que pretende regular los derechos intelectuales comunitarios sui generis de estos pueblos.
También se prevé un impacto negativo en la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a permisos de acceso, así como en mejoras en el marco jurídico relativas a simplificación de trámites para mejorar el servicio a los usuarios.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) verá reducido el monto destinado a alquileres de las oficinas subregionales, las cuales ven trámites de permisos forestales y atención de centros de manejo de vida silvestre, certificaciones y visados, entre otros. Según el dictamen legislativo, esta situación “desmejoraría la atención del usuario y se les obligaría a desplazarse en muchos casos largas distancias para poder solicitar su trámite”.
También se limitarían los recursos para alquiler de maquinaria y equipo destinado a labores de restauración de humedales y acciones preventivas de incendios forestales n estos ecosistemas.
Igualmente se verán afectados los servicios de ingeniería y arquitectura orientados a mejorar la infraestructura turística en las áreas silvestres protegidas así como otras instalaciones que fueron afectadas en años anteriores por desastres.
Asimismo, los recortes limitarían los recursos previstos para transporte así como mantenimiento y reparación de las unidades. “La atención de las denuncias de los usuarios, los trámites forestales y de vida silvestre, requieren de mucho trabajo de campo e inspecciones, razón por lo cual la institución requiere una adecuada y eficiente flotilla que permita a los funcionarios desplazarse atender las necesidades y quejas de los usuarios, brindar apoyo a las instancias judiciales para la atención del delito ambiental, pero también poder dar asesoría técnica”, indicaron los diputados.
