El Presupuesto Nacional 2022, aprobado este martes en segundo debate, “impedirá la operación de los sistemas de información del Ministerio de Hacienda y con ello el cobro de impuestos, el pago de salario y la operación de las aduanas del país, entre otros efectos”. Esto según una respuesta del departamento del Ministerio de Hacienda sobre un recorte neto de ¢6.689 millones, gestionado por el despacho del diputado liberacionista Gustavo Viales.
El cambio presupuestario fue aprobado para suplir faltantes del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), cuya ventanilla para nuevos bonos de vivienda social permanece cerrada desde este 2021. La Comisión de Hacendarios avaló el plan de Viales desde el 19 de octubre, con votos a favor de ocho diputados y apenas dos en contra, según el acta de la sesión.
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Moción de Gustavo Viales tomó ₡6.689 millones de Hacienda para sumar, junto con otros recortes, ₡15.996 millones que son insuficientes para el faltante de más de ₡20 mil millones que golpea a la vivienda social.
Los “recortes de escritorio”, llamados así porque son efectuados sin criterio técnico institucional, recayeron sobre todo en el Ministerio de Hacienda. En total, el recorte de Viales suma ¢15.996 millones y el golpe a Hacienda representa un grueso del 41,8% de ese monto.
La mayor parte del ajuste recayó sobre la subpartida de “Servicios de Tecnologías de Información”, con un recorte de poco más de ¢4.714 millones con los cuales “se afectará compromisos o contratos vigentes sobre servicios de la plataforma tecnológica, soporte y comunicaciones”.
La respuesta de Hacienda fue enviada la noche del martes por la periodista Katherine Gutiérrez, vía correo electrónico.
El correo enumera cuatro contratos afectados por el faltante presupuestario y prioriza un contrato exigido para el funcionamiento del sistema TICA del Servicio Nacional de Aduanas. Este sistema se utiliza “para las declaraciones de aduanas, registro de las importaciones, el registro de las exportaciones, entre otros”.
De acuerdo con la respuesta de Hacienda, esta entidad paga un servicio de administración de llaves de identidad digital del Ministerio, parte de los protocolos de seguridad de la administración aduanera.
“Esto es parte de la operativa exigida para el funcionamiento del sistema aduanero TICA. No contar con los recursos necesarios para cubrir este contrato tendrá un impacto directo sobre la operatividad del sistema TICA y sobre el nivel de seguridad de la información institucional”, asegura Hacienda.
El segundo contrato son servicios de la “nube” (almacenamiento digital) para el Sistema de Recepción y Validación de Comprobantes de Facturación Electrónica.
“Además de impactar estos procesos, el pago de los contratos que se mantienen para el correo en la nube para 2.900 funcionarios, necesario para una adecuada comunicación interna y externa”, explica Hacienda.
El tercer contrato es arrendamiento de un centro de procesamiento de datos donde operan el sistema aduanero TICA; la Administración Tributaria Virtual (ATV); las “transferencias de fondos municipalidades, entidades de Gobierno Central y entidades descentralizadas del Gobierno; el pago de salarios de 120 personas funcionarias, la transferencia de dineros a las y los pensionados; el pago de las deducciones de las cuotas patronales a la CCSS; la ejecución presupuestaria del Gobierno, el pago a proveedores, entre otros aspectos”.
Por último, Hacienda además acusa que se verán afectadas las licencias Microsoft “que permiten soluciones de ofimática, herramientas colaborativas, sistemas operativos y herramientas que soportan la infraestructura institucional y soportan sistemas de información críticos a nivel nacional (TICA, SIGADE, Tesoro Digital, INTEGRA,SIGAF). La falta de recursos no permitiría el funcionamiento, ni mejoras de los sistemas de información”.
La misma moción del diputado Gustavo Viales propinó otro recorte de ¢480,3 millones a los servicios de telecomunicaciones del Ministerio de Hacienda.
“Se impactaría la conexión de las aduanas y administraciones tributarias del país”, asegura el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, Hacienda no podrá cumplir con contrataciones operativas como: “alquiler de fibra óptica, diferentes enlaces de comunicación, telefonía IP con instituciones como el ICE, RACSA, CNFL, la adquisición de un servicio de mensajería para el envío masivo de mensajes desde las aplicaciones del Ministerio de Hacienda para notificaciones, avisos de cobro, cambio de claves; entre otros”.
En el caso del contrato de la telefonía IP, Hacienda acusa que ese servicio “posibilita la comunicación entre los equipos en los que residen los sistemas informáticos”
“No disponer de recursos para atender este contrato implicaría no poder gestionar adecuadamente las cargas en los enlaces de internet, enlaces de datos de las administraciones tributarias y las cargas de los aplicativos para su uso óptimo y evitar su saturación, esto impediría asegurar la continuidad del negocio y el ancho de banda necesario para las aplicaciones críticas del Ministerio”, aseguró Hacienda en comunicación con este semanario.
Además de estos recortes, otras pérdidas millonarias al presupuesto de Hacienda son ¢674 millones a una subpartida llamada “Aportes de capital a empresas” y otros ¢285 millones de la subpartida “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos”.
UNIVERSIDAD pidió al diputado Viales declaraciones sobre este y los otros recortes que suman ¢15.996 millones. El lunes 22 de noviembre, la asesora Bressia Benel del despacho de Viales informó que el diputado “no dará declaraciones” sobre estos recortes.
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