Durante la presentación del primer proyecto extraordinario del 2024, el ministro de Hacienda Nogui Acosta fue cuestionado por los diputados Jonathan Acuña del Frente Amplio (FA) y Carlos Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por los recortes que se han realizado a las becas de Avancemos.
Acosta acudió para cumplir con un compromiso adquirido durante la aprobación del presupuesto ordinario del 2024: presentar un proyecto extraordinario para reformar la norma 10 del proyecto, y dejar claro que el Gobierno no iba a aprovechar la redacción para aumentar la planilla estatal.
Empero, el diputado Acuña le consultó si existía la posibilidad de presentar algún presupuesto extraordinario para la inversión social, particularmente por el recorte de más de ₡12 mil millones en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que habría provocado la reducción de más de 120 mil becas.
«Esto me parece gravísimo, ahora que arranca el curso lectivo tenemos una carta con más de 100 personas con la beca suspendida, la inversión social no debe sacrificarse en esos términos, en nombre de lo fiscal», le indicó el diputado a Acosta.
El ministro respondió que en este caso había temas que resolver, e hizo referencia a que se debía enfrentar un tema de filtraciones en la materia.
Esto provocó una reacción de Acuña, quien refutó al ministro. «La rebaja de las becas no es un tema de filtraciones, la propia presidenta ejecutiva del IMAS indicó en esta Asamblea que por las reducciones presupuestarias, se tuvo que realizar una priorización. No hicieron una filtración para eliminar las becas a personas que no las necesitan; los datos del IMAS demuestran que fue una reducción», dijo.
Ante ello, Acosta insistió en que una parte de la decisión se relacionó con filtraciones, y la otra con un problema de buscar el financiamiento de «un gasto social» para el cual el país tiene muy poco espacio en su presupuesto. «Los dos estamos de acuerdo, hay que buscar más recursos para acometer estos temas que hemos dejado de lado».
Entonces el diputado Carlos Felipe García terció en este debate, al indicar que una parte del problema radicaba en un recorte presupuestario, pero otra en un cambio en los parámetros, para disimular que se estaba realizando una reducción.
«Cambiaron los parámetros de lo que se entiende por pobreza, catalogaron que pobreza extrema es la que recibe menos de ₡49 mil a la semana, para decir que estas personas eran filtraciones. No eran filtraciones, fue que acomodaron los reglamentos para que esas personas no calificaran», aseguró García.
Acosta prefirió eludir estas acusaciones, y salir por la tangente: insistió en que todos estaban preocupados por un mismo tema, pero con visión diferente, porque el financiamiento del Estado social de derecho estaba al límite, por lo que solo había dos caminos: «tratar de reducir la relación deuda / PIB por debajo del 60%, para lo que vamos a tener que sacrificarnos por un tiempo, o realizar modificaciones para que el sistema tributario sea más justo», dijo.
En la sesión también Acosta indicó que en el presupuesto se incluyó un pago de ₡39.800 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que llegó a decir que en ningún otro año se le había pagado más a la institución de parte de algún Gobierno.
Esto fue cuestionado por varios de los diputados, que le recordaron que el Gobierno se ha resistido a girar recursos que corresponden como parte de los préstamos internacionales que la Asamblea Legislativa aprueba, y solo lo hace tras los reclamos de los legisladores.
