Debieron pasar alrededor de cinco años de críticas, discusiones y peticiones de dar marcha atrás, hasta que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tomó el acuerdo de divorciarse del problemático convenio conjunto con la Compañía Nacional de Petróleos de China Internacional (CNPCI) para la ampliación y modernización de la refinería de Moín.
Un cuestionado proyecto, que suponía un coste aproximado de $1.500 millones, para cuya ejecución se conformó la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), empresa conjunta integrada por Recope y CNPCI, con un aporte de capital inicial de $100 millones ($50 millones cada una de las dos partes): unos ¢54.000 millones en total.
El “elefante blanco” de Soresco se gestó en el 2007 con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China, en el gobierno de Óscar Arias, se concretó en el 2009 con la conformación de la empresa conjunta, y fue alimentado por las administraciones de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís, pese a que el actual mandatario durante la campaña estuvo en contra de la criatura.
Del 2010 a la fecha, Soresco consumió $66,2 millones (¢37.748 millones) en gastos destinados a estudios técni- cos, consultorías, salarios, alquileres, servicios legales, viajes, reuniones y almuerzos, entre otros, según las cifras manejadas por Recope. Recope cubrió $33 millones (más de ¢17.000 millones), pérdida a la que habría que sumar la demanda millonaria que la contraparte china pueda entablar por la ruptura unilateral del contrato.
Solo el año pasado, el mantenimiento de Soresco costó más de $4 millones, a pesar de que la empresa está varada desde el 2013, a partir de una orden de la Contraloría General de la República (CGR), que le prohibió a Recope utilizar el estudio de factibilidad para la nueva refinería que había preparado la empresa Huanqui Contracting & Engineering Corporation (HQCEC).
El órgano contralor invalidó el estudio señalando conflicto de interés, por ser HQCEC parte del mismo grupo económico de CNPCI. Una situación violatoria del contrato entre las partes, el cual establece que los estudios debían ser hechos por empresas ajenas a estas.
Los defensores del proyecto venían sosteniendo que la cancelación del proyecto privaría al país de ingresos estimados en cerca de $5.000 millones (¢2.700.000 millones), por concepto de pago de impuestos y permisos, contratación de mano de obra directa e indirecta, compra de materiales y suministros, servicios profesionales y financieros, entre otros.
Esto junto con la oportunidad de obtener combustibles refinados más baratos y con los más altos estándares de calidad y ambientales, además de la transferencia tecnológica y de conocimiento que traería la construcción y operación de la planta refinadora.
De acuerdo con los cálculos, aportados por Enrique Rojas Franco, abogado de Soresco, durante la construcción de la refinería propuesta el país obtendría beneficios de $523 millones por pago de mano de obra directa, $288 millones por servicios, materiales y otros; $125 en impuestos por importación de equipos, materiales y suministros; $92 millones por cargas sociales pagadas a la Caja Costarricense de Seguro Social; $13 millones por ingresos financieros a bancos estatales, $5 millones por permisos municipales, colegios profesionales y otros.
Además, según Rojas Franco, los 15 años de arrendamiento de la refinería que contempla el contrato dejarían $120 millones en mano de obra directa para la operación de la obra; $50 millones en cargas sociales de la mano de obra directa; $750 millones en servicios directos contratados a costarricenses; $350 millones por servicios indirectos; $880 millones en utilidades de Soresco para Recope.
A ellos, el abogado de Soresco suma otros $1.030 millones en impuesto de la renta de Soresco; $130 millones en impuesto de remesas al exterior de CNCPI; $12 millones en impuestos municipales y otros permisos y $750 millones en utilidades de Recope por el proceso de refinación.
En total, el abogado Rojas Franco calcula ingresos por $4.072 millo- nes en esta etapa (aproximadamente ¢2.198.880 millones).
SORPRESA
El debate sobre Soresco -que el gobierno insistía en mantener a flote frente a los sectores que atacaban el proyecto por considerarlo inviable y dañoso para los intereses del país- tuvo un giro inesperado el pasado jueves 14 de abril.
La presidente de Recope, Sara Salazar, hacía un recuento de la historia de Soresco a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, cuando sorpresivamente les anunció que desde “antes de Semana Santa” la junta directiva de Recope había decidido separarse de la empresa conjunta con CNPCI.
“La junta directiva siempre se ha mantenido preocupada sobre este tema y ha tomado la decisión de que Recope se separe de ese contrato y se está en el análisis de toda la situación legal para materializar, de acuerdo al marco legal que asiste al contrato, todas las gestiones que corresponden para la separación de Recope del contrato”.
Recope mantiene el interés en de- sarrollar una refinería, como está previsto en el plan nacional de ener- gía, por lo que se hacen los estudios correspondientes, dijo Salazar.
“Es mejor tarde que nunca”, aplaudieron varios de los diputados, y la preocupación general es por el millonario desperdicio de recursos públicos, y adelantaron la intención de llamar a cuentas a los responsables de llevar adelante un proyecto inconveniente, para que paguen por el daño económico causado al país.
“Un negocio tan malo como este no podía seguirse manteniendo. La decisión es tardía y nos alegra que se haya dado”, dijo el presidente de la Comisión, Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.
El diputado afirmó que desde el órgano legislativo estarán vigilantes para que el Consejo de Gobierno (que ejerce como consejo de accionistas de Recope) ratifique la decisión, que se recuperen los dineros que se pueda recuperar, y se sienten las responsabilidades civiles, políticas y administrativas, porque “el país no tiene por qué aguantar ese tipo de aventuras”.
En la misma línea se pronunció Ottón Solís, del gobernante Partido Acción Ciudadana, al señalar la necesidad de establecer las responsabilidades económicas, políticas y penales del caso.
Desde hace cuatro años –recordó Solís – “este humilde servidor y diputados de esta Asamblea planteamos el tema (los problemas del contrato de Soresco), y como órganos especializados en la materia, Recope, el Ministerio de Ambiente y Energía y la CGR, cometieron muchos errores.”
“Vamos a tratar de recuperar recursos”
Recope acordó separarse de Soresco y lo que sigue es analizar los cauces jurídicos para materializar la decisión, explicó a periodistas de diversos medios la presidenta de la empresa estatal, Sara Salazar.
¿Qué tomaron en cuenta en Recope para terminar con Soresco?
-Como les dije a los señores dipu- tados, desde que esta administración comenzó su trabajo ha sido muy celosa de la legalidad y de los compromisos que este país ha asumido.
Este contrato es un contrato que fue firmado en la administración Arias Sánchez, fue continuado en la administración Chinchilla y que nosotros encontramos ya avanzado.
Debe recordarse que este contrato se concreta del establecimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con China, y esta administra- ción considera que hay que respetar la certeza juridica, la legalidad y las relaciones diplomáticas.
¿Pero, cuál fue el elemento clave para tomar la decisión?
-Exploramos varias posibilidades para que el proyecto avanzara y al no poder obtener esa posibilidad de- cidimos que era mejor separarnos.
¿Qué sigue ahora?
-Sigue el proceso que ya iniciamos, que es la valoración de todas las opciones legales para finiquitar y poner en definitiva la decisión tomada.
¿Cuánto dinero se invirtió en Soresco?
-La inversión conjunta fue $50 millones por cada una de las partes (Recope y la empresa china CNPCI). Al día de hoy el saldo son más o menos $37 millones.
¿Ese dinero se perdió totalmente?
-Vamos a tratar de recuperar al máximo los recursos públicos invertidos.
¿Cómo?
-Estamos analizando los detalles, en el momento que tengamos toda la ruta lo vamos a comunicar.
Hay que tener claro que nosotros como junta directiva de Recope hemos sido absolutamente enfáticos en la necesidad de la reducción de los gastos, al punto que el año anterior hubo una reducción de 66% respecto a lo presupuestado.
¿Por qué hasta ahora deciden cerrar Soresco después de años de cuestionamientos de diputados y otros sectores?
-Hicimos todas las gestiones posibles para que el proyecto caminara, pero no hubo acuerdos.
Se planteó en asamblea de socios la posibilidad de la venta de acciones, y así sucesivamente diversas acciones para poner a caminar el proyecto.
No logramos el acuerdo para poder continuar y entonces la junta directiva de Recope consideró importante la separación del proyecto.
