Empresa conjunta chino costarricense

Recope analiza vía legal para concretar salida de Soresco

Diputados reprochan desperdicio de ¢17.000 millones en fracasado proyecto y demandan sentar responsabilidades.

Debieron pasar alrededor de cinco años de críticas, discusiones y peticiones de dar marcha  atrás, hasta que la Refinadora Costarricense de  Petróleo (Recope) tomó el acuerdo de divorciarse  del problemático convenio conjunto con la Compañía Nacional de Petróleos de China Internacional (CNPCI) para  la ampliación y modernización de la refinería de Moín.

Un cuestionado proyecto, que suponía un coste aproximado de $1.500 millones, para cuya ejecución se conformó la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense  (Soresco), empresa conjunta integrada por Recope y  CNPCI, con un aporte de capital inicial de $100 millones  ($50 millones cada una de las dos partes): unos ¢54.000  millones en total.

El “elefante blanco” de Soresco se gestó en el 2007  con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre  Costa Rica y China, en el gobierno de Óscar Arias, se  concretó en el 2009 con la conformación de la empresa  conjunta, y fue alimentado por las administraciones  de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís, pese a  que el actual mandatario durante la campaña estuvo  en contra de la criatura.

Del 2010 a la fecha, Soresco consumió $66,2 millones  (¢37.748 millones) en gastos destinados a estudios técni- cos, consultorías, salarios, alquileres, servicios legales,  viajes, reuniones y almuerzos, entre otros, según las  cifras manejadas por Recope.  Recope cubrió $33 millones (más de ¢17.000 millones),  pérdida a la que habría que sumar la demanda millonaria  que la contraparte china pueda entablar por la ruptura  unilateral del contrato.

Solo el año pasado, el mantenimiento de Soresco costó  más de $4 millones, a pesar de que la empresa está varada  desde el 2013, a partir de una orden de la Contraloría  General de la República (CGR), que le prohibió a Recope  utilizar el estudio de factibilidad para la nueva refinería  que había preparado la empresa Huanqui Contracting  & Engineering Corporation (HQCEC).

El órgano contralor invalidó el estudio señalando  conflicto de interés, por ser HQCEC parte del mismo  grupo económico de CNPCI. Una situación violatoria  del contrato entre las partes, el cual establece que los  estudios debían ser hechos por empresas ajenas a estas.

Los defensores del proyecto venían sosteniendo que  la cancelación del proyecto privaría al país de ingresos  estimados en cerca de $5.000 millones (¢2.700.000 millones), por concepto de pago de impuestos y permisos,  contratación de mano de obra directa e indirecta, compra  de materiales y suministros, servicios profesionales y  financieros, entre otros.

Esto junto con la oportunidad de obtener combustibles  refinados más baratos y con los más altos estándares de  calidad y ambientales, además de la transferencia tecnológica y de conocimiento que traería la construcción  y operación de la planta refinadora.

De acuerdo con los cálculos, aportados por Enrique  Rojas Franco, abogado de Soresco, durante la construcción de la refinería propuesta el país obtendría beneficios de $523 millones por pago de mano de obra directa,  $288 millones por servicios, materiales y otros; $125 en  impuestos por importación de equipos, materiales y  suministros; $92 millones por cargas sociales pagadas  a la Caja Costarricense de Seguro Social; $13 millones  por ingresos financieros a bancos estatales, $5 millones  por permisos municipales, colegios profesionales y otros.

Además, según Rojas Franco, los 15 años de arrendamiento de la refinería que contempla el contrato dejarían $120 millones en mano de obra directa para la  operación de la obra; $50 millones en cargas sociales  de la mano de obra directa; $750 millones en servicios  directos contratados a costarricenses; $350 millones por servicios indirectos; $880 millones  en utilidades de Soresco para Recope.

A ellos, el abogado de Soresco  suma otros $1.030 millones en impuesto de la renta de Soresco; $130  millones en impuesto de remesas al  exterior de CNCPI; $12 millones en  impuestos municipales y otros permisos y $750 millones en utilidades de  Recope por el proceso de refinación.

En total, el abogado Rojas Franco  calcula ingresos por $4.072 millo- nes en esta etapa (aproximadamente  ¢2.198.880 millones).

SORPRESA

El debate sobre Soresco -que el  gobierno insistía en mantener a flote  frente a los sectores que atacaban  el proyecto por considerarlo inviable y dañoso para los intereses del  país- tuvo un giro inesperado el pasado jueves 14 de abril.

La presidente de Recope, Sara Salazar, hacía un recuento de la historia  de Soresco a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público,  cuando sorpresivamente les anunció  que desde “antes de Semana Santa”  la junta directiva de Recope había  decidido separarse de la empresa  conjunta con CNPCI.

“La junta directiva siempre se  ha mantenido preocupada sobre  este tema y ha tomado la decisión  de que Recope se separe de ese contrato y se está en el análisis de toda  la situación legal para materializar,  de acuerdo al marco legal que asiste  al contrato, todas las gestiones que  corresponden para la separación de  Recope del contrato”.

Recope mantiene el interés en de- sarrollar una refinería, como está  previsto en el plan nacional de ener- gía, por lo que se hacen los estudios  correspondientes, dijo Salazar.

“Es mejor tarde que nunca”,  aplaudieron varios de los diputados, y la preocupación general es  por el millonario desperdicio de  recursos públicos, y adelantaron  la intención de llamar a cuentas a  los responsables de llevar adelante  un proyecto inconveniente, para  que paguen por el daño económico  causado al país.

“Un negocio tan malo como este  no podía seguirse manteniendo. La  decisión es tardía y nos alegra que se haya dado”, dijo el presidente de la  Comisión, Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.

El diputado afirmó que desde el  órgano legislativo estarán vigilantes  para que el Consejo de Gobierno (que  ejerce como consejo de accionistas de  Recope) ratifique la decisión, que se  recuperen los dineros que se pueda  recuperar, y se sienten las responsabilidades civiles, políticas y administrativas, porque “el país no tiene por  qué aguantar ese tipo de aventuras”.

En la misma línea se pronunció  Ottón Solís, del gobernante Partido  Acción Ciudadana, al señalar la  necesidad de establecer las responsabilidades económicas, políticas y  penales del caso.

Desde hace cuatro años –recordó  Solís – “este humilde servidor y diputados de esta Asamblea planteamos  el tema (los problemas del contrato  de Soresco), y como órganos especializados en la materia, Recope, el Ministerio de Ambiente y Energía y la  CGR, cometieron muchos errores.”

 

“Vamos a tratar de recuperar recursos”

P29-Soresco-SalazarRecope acordó separarse de Soresco y lo que sigue es analizar los  cauces jurídicos para materializar  la decisión, explicó a periodistas de  diversos medios la presidenta de la  empresa estatal, Sara Salazar.

¿Qué tomaron en cuenta en Recope  para terminar con Soresco? 

-Como les dije a los señores dipu- tados, desde que esta administración comenzó su trabajo ha sido  muy celosa de la legalidad y de  los compromisos que este país ha  asumido.

Este contrato es un contrato que  fue firmado en la administración  Arias Sánchez, fue continuado  en la administración Chinchilla  y que nosotros encontramos ya  avanzado.

Debe recordarse que este contrato  se concreta del establecimiento de  relaciones diplomáticas de Costa  Rica con China, y esta administra- ción considera que hay que respetar la certeza juridica, la legalidad  y las relaciones diplomáticas.

¿Pero, cuál fue el elemento clave  para tomar la decisión? 

-Exploramos varias posibilidades  para que el proyecto avanzara y al  no poder obtener esa posibilidad de- cidimos que era mejor separarnos.

¿Qué sigue ahora? 

-Sigue el proceso que ya iniciamos,  que es la valoración de todas las  opciones legales para finiquitar  y poner en definitiva la decisión  tomada.

¿Cuánto dinero se invirtió en Soresco? 

-La inversión conjunta fue $50  millones por cada una de las  partes (Recope y la empresa china  CNPCI). Al día de hoy el saldo son  más o menos $37 millones.

¿Ese dinero se perdió totalmente?

-Vamos a tratar de recuperar al  máximo los recursos públicos  invertidos.

¿Cómo? 

-Estamos analizando los detalles,  en el momento que tengamos toda  la ruta lo vamos a comunicar.

Hay que tener claro que nosotros  como junta directiva de Recope hemos sido absolutamente enfáticos  en la necesidad de la reducción de  los gastos, al punto que el año anterior hubo una reducción de 66%  respecto a lo presupuestado.

¿Por qué hasta ahora deciden cerrar  Soresco después de años de cuestionamientos de diputados y otros sectores?

-Hicimos todas las gestiones posibles para que el proyecto caminara, pero no hubo acuerdos.

Se planteó en asamblea de socios la  posibilidad de la venta de acciones, y así sucesivamente diversas  acciones para poner a caminar el  proyecto.

No logramos el acuerdo  para poder continuar y entonces la  junta directiva de Recope consideró importante la separación del  proyecto.

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