La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) respondió a los cuestionamientos emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de la Terminal del Pacífico, en Caldera, un segundo punto de abastecimiento de gas licuado de petróleo, y afirmó que la propuesta sí cumplía con la valoración del costo-beneficio.
La CGR emitió dos oficios el pasado 29 de junio (DFOE-SOS-0085 y DFOE-SOS-0084) rechazando el proyecto y ordenando a Recope anular el proceso de contratación del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Recope informó hoy que ya había acatado esa orden y que había preparado la información soliciada por el órgano contralor.
Sin embargo, las autoridades de Recope le señalaron a la CGR que “hubiera sido de suma importancia que se diera audiencia previa a esta empresa pública sobre las conclusiones finales de los DFOE, antes de emitir la orden, lo que hubiera permitido aclarar y subsanar lo que fuera pertinente, sin interrupción del procedimiento de contratación”.
Así consta en un oficio con fecha 7 de julio firmado por la gerente de la institución Nidia Redondo Varela.
Al oficio se le adjuntaron aclaraciones y precisiones a la CGR. Por ejemplo, se afirma que la propuesta del proyecto sí cumplía con la valoración del costo-beneficio. “Es nuestra posición que no es cierto que el estudio de factibilidad omitiera la evaluación de los costos y los beneficios, estos están identificados claramente para cada una de las opciones consideradas y, con esta información, se lleva a cabo la evaluación del proyecto”.
Se aclara que “se cuantifica, mediante un análisis probabilístico, el ahorro que se obtendría al evitar un eventual desabastecimiento”. “El estudio de factibilidad estima todos aquellos costos en los que incurriría en cada una de las opciones consideradas (mantenimiento, costos portuarios, entre otros)”, se agrega.
A fines de abril, Recope anunció que publicaría la licitación pública para construir la Terminal del Pacífico, como segundo punto de abastecimiento de gas licuado de petróleo, la cual tendría un costo de $234 millones (alrededor de ¢144.000 millones). Esta terminal sería complementaria a la Terminal Caribe, en Moín; pero también sería un punto adicional de importación de diesel y gasolina, ante eventualidades en el Atlántico. Esto por cuanto los camiones cisterna de Recope que abastecen las demás estaciones, deben atravesar la Ruta 32, considerada por Recope como una única ruta altamente peligrosa y que se ve obstruida varias veces al año. Con la nueva terminal, el país ahorraría alrededor de ¢4.928 millones anuales en costos de transporte de combustibles.
Sin embargo, la CGR también criticó los escenarios planteados en el análisis de riesgo de desabastecimiento del estudio de factibilidad. Según la CGR, “no obstante las pocas interrupciones en el suministro de los combustibles y por corto tiempo que Recope ha registrado históricamente, en el Estudio de Factibilidad se presenta un escenario catastrófico que ocasionaría la interrupción del suministro por tres semanas, ello sin una justificación razonable que sustente tal hipótesis”.
Recope aclaró que el análisis de riesgo de desabastecimiento plantea dos escenarios distintos: uno conservador y otro catastrófico; y que el último se basa en lo que ha sucedido en otros países y que podría llegar a darse en Costa Rica.
De 181 países estudiados, Costa Rica ocupa la posición número 12 entre los que tienen mayor riesgo de experimentar una catástrofe desencadenada por un evento natural extremo, explicó Recope en el Estudio de Factibilidad. Considérese el caso de Japón, que ha experimentado eventos naturales extremos con severas consecuencias, y ocupa la posición 46 de la lista porque está mejor preparado para enfrentar este tipo de situaciones. “Afortunadamente, Costa Rica no ha experimentado eventos catastróficos que interrumpa el abastecimiento de combustibles, sin embargo, el riesgo existe”.
Recope anuncia que Terminal del Pacífico para gas licuado en Puerto Caldera estará lista en 2024
Autoridades afirman que con la construcción de la terminal el país ahorrará alrededor de ¢4.928 millones anuales en costos de transporte de combustibles.
