Un fuerte reclamo se presentó en la audiencia de la comisión para indagar el financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña electoral, luego de que el diputado Ariel Robles del Frente Amplio denunció que su colega, la legisladora Pilar Cisneros, presentó en forma parcial una evidencia, con lo que manipuló su sentido.
Robles hizo la denuncia cuando la comisión se encontraba en la recta final de las audiencias programada para hoy, cuando la diputada Cisneros se retiraba, y originó un fuerte intercambio entre ambos legisladores, y manifestaciones de preocupación de otras bancadas, que solicitaron aclaraciones para esta situación, tras calificarla de «preocupante».
Inicialmente, Robles manifestó que la diputada Cisneros citaba jurisprudencia para afirmar que no hubo situaciones irregulares en la pasada campaña del presidente Rodrigo Chaves y el partido Progreso Social Democrático, sin enviar la prueba a la comisión.
Cisneros, que se retiraba de la comisión, le respondió que le había dado el número del documento «como mil veces», y con respecto al tema de evidencias sin remitir, manifestó que había solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) copia certificada y firmada de a partir de cuándo era candidato Rodrigo Chaves. «Estoy a la espera, porque yo no pongo los tiempos, los pone el TSE», dijo.
Pero el tema escaló cuando Robles reclamó que, además, la jurisprudencia citada por Cisneros había sido de forma parcial, con lo que se manipuló su sentido, porque la diputada habría alegado que indicaba que «no obstante, en tanto no se hayan oficializado candidaturas ni tendencias, no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de las personas o grupos de personas con pretensiones políticas, aunque estos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido».
Empero, la oración no terminaba en ese punto, sino que agregaba, luego de una coma: «con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario».
La frase es parte de la resolución 2522-E8-2009 del TSE, emitida para responder a una consulta de René Castro, sobre las regulaciones electorales con respecto a las donaciones en especie, el 3 de junio del 2009.
«La diputada Cisneros ha utilizado esta frase como cuatro veces, pero omitió esos renglones finales que son trascendentales», dijo Robles, quien la acusó de «manipular las evidencias y faltar a la verdad». Robles insistió en que Cisneros citó la información para alegar que la jurisprudencia del TSE era que no existía irregularidad en lo sucedido en la pasada campaña, cuando el TSE decía lo contrario.
A esas alturas, ya Cisneros se había retirado, tras alegar que tenía otros compromisos. No obstante, ello no evitó que en la comisión se generaran reacciones: la diputada Vanesa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consideró que lo denunciado por Robles «es tremendamente serio» y recordó que, por ley, los diputados de una comisión de investigación deben procurar conocer la verdad real, y no en defensores de una posición política.
Por su parte Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguró que la presentación de pruebas parciales, podrían constituirse en un delito de obstrucción de la investigación, por lo que debería aclararse este tema.
Al respecto, sobre la presentación de información parcial, Cisneros aseguró a UNIVERSIDAD que no excluyó nada. “Leí lo pertinente. Llevo unas 8 o 10 sesiones dándoles el número de la resolución. Hubiese esperado que la leyeran”.
La diputada del PSD agregó: “En todo caso debe quedar muy claro que ese párrafo no tiene ninguna relevancia porque es público y notorio que el fideicomiso Costa Rica Próspera nunca tuvo ninguna relación con el PSD, así que el final del párrafo, “con la salvedad de que estos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario” no aplica para este caso”. Insistió en que el fideicomiso quedó cerrado antes de que se oficializara la candidatura de Chaves.
La polémica también atiza el debate sobre la participación de Cisneros en esta comisión de investigación, en la que diputados de la oposición han cuestionado su presencia, por considerar que sería «juez y parte» en el proceso. Al respecto, Cisneros ha asegurado que no existe conflicto de interés en que sea parte del grupo de investigación, porque ella no ocupó puestos que implicaran el manejo de finanzas durante la pasada campaña.
