Las reliquidaciones aduaneras netas tuvieron “una caída significativa producto de la revisión documental y física de mercancías”, pues pasaron de 0,06% en 2019 a solo 0,03% en el 2021.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), en un informe especial de la auditoría realizada entre 2020 y el primer semestre de 2022, la cual determinó que la corrupción de funcionarios en los procesos de aforo de las mercancías importadas continúa sin ser abordada de un modo eficaz.
De acuerdo con el documento, el total por recaudación de impuestos en aduanas fue de ¢1.500.996 millones, equivalentes a un 27% del total de los ingresos tributarios del Estado, que sumaron ¢5.566.246 millones o un 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
La entidad encontró un aumento en la cantidad de denuncias tramitadas relacionadas con el personal aduanero -21 en total-, principalmente “asociadas con el aprovechamiento de la condición de funcionario para obtener beneficios (9 casos), así como la aceptación de dádivas (5 casos), con mayor representatividad en la Aduana Santamaría (47,6% del total)”.
Además, determinó que la Dirección General de Aduanas (DGA) no emite criterios de riesgo para el escaneo de imágenes de unidades de transporte por medio del escáner existente en la Terminal de Contenedores de Moín, que es, además, “el único escáner que se encuentra actualmente en funcionamiento para la revisión de mercancías en el país”.
Lo anterior ocurre porque que los criterios de riesgo para selección de unidades de transporte para control aduanero solo estuvieron vigentes durante cinco días, dice la CGR.
“Por consiguiente, en el período de junio del 2020 a julio 2022, solamente 26 de un total de 112.842 imágenes escaneadas (un 0,023%) generaron una ficha de riesgo por parte de los funcionarios de la DGA encargados de la inspección remota de imágenes y, de estas 26, sólo 2 (un 0,0018%) estaban asociadas al régimen de importación”, añade.
Como resultado de su auditoría, la Contraloría ordenó al director General de Aduanas, Gerardo Bolaños Alvarado,“definir, oficializar e implementar un mapeo integral de riesgos para la prevención de prácticas de corrupción en el proceso de aforo que se realiza en las aduanas de control del país”.
También “actualizar, formalizar, divulgar e implementar con la participación activa de las unidades y funcionarios competentes, el marco normativo que regula el proceso de aforo documental y físico, así como definir, oficializar e implementar procedimientos de supervisión al personal de aforo”.
Además, le ordenó “implementar el escaneo de unidades de transporte en importaciones con el escáner disponible en Moín”.
También exige al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta y al Consejo Nacional de Facilitación del Comercio “oficializar de inmediato la política nacional que se establece en el Transitorio II de la Ley N° 10068 para impulsar la integración de información aduanera y la instalación de los equipos y los sistemas de tecnología de inspección no intrusiva”.
El proceso de aforo aduanero en la importación definitiva consiste en que los funcionarios determinen de un modo correcto el monto de impuestos que deben quienes declaran las mercaderías importadas, es decir, quienes las empresas o personas que las importan, así como las agencias de aduanas.
“Un proceso de aforo que genere resultados acordes con el marco normativo aplicable puede coadyuvar con el control aduanero, en la facilitación del comercio, puede reducir los espacios de discrecionalidad, prevenir riesgos en la salud humana y la seguridad nacional, así como reducir riesgos de corrupción que tengan consecuencias negativas como la pérdida de ingresos y la reducción en la confianza social”, dice la CGR en su informe.
Sin embargo, la auditoría encontró que todavía persisten prácticas irregulares, las cuales incumplen con el marco normativo y técnico aplicable.
Otras debilidades encontradas por la GCR en la gestión del proceso de aforo es que este se realiza con una guía para la revisión física y documental de mercancías que se encuentra vigente desde 2007 y no ha recibido actualizaciones.
También determinó que el 54,0% del personal de aforo dijo no haber sido supervisado nunca o solo ocasionalmente -una vez al mes o menos-.
También, a julio de 2022, los planes anuales operativos de las aduanas incumplieron las metas de supervisión -excepto en la aduana de Peñas Blancas, que logró un 110,4%- o se encuentran rezagados en el cumplimiento -Santamaría: con un atraso de 13,3%, mientras que las aduanas de Caldera y Central, con un atraso del 22,9% cada una.
La Contraloría considera que “la definición de actividades requiere de mayor claridad” y que “las acciones de supervisión identificadas actualmente no generan insumos para el fortalecimiento y la generación de resultados del proceso de aforo, que impulsen una mejora continua y con ello se fortalezca la capacidad de gestión de dicho proceso”.
“Está pendiente de finiquitar y oficializar una política nacional que reúna las acciones necesarias para la adquisición e instalación de Controles No Intrusivos (CNI) en las distintas aduanas del país. Además, se determinó que la mayoría de aduanas del país carecen de equipos de control no intrusivo que complementen el proceso de aforo en el régimen de importación”, dice la CGR.
La Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción realizada por la Contraloría General en 2020 un 68,0% de la ciudadanía encuestada manifestó que uno de los trámites en donde se percibe mayor nivel de corrupción es el paso de mercancías en aduanas.
