Rebajo drástico de salarios públicos y cierre de entidades pueden agravar crisis, señalan economistas

Profesionales consideran que quienes conserven ingresos suficientes, sin importar si son del sector público o privado, sí pueden hacer aportes solidarios temporales.

La crisis económica que empieza a vivir el país, debido a la pandemia del COVID-19, podría agravarse si se dan reducciones drásticas de salarios de funcionarios públicos o cierre de instituciones, coinciden profesionales en Economía entrevistados por UNIVERSIDAD.

Para contrarrestar el golpe económico, las personas que conserven ingresos suficientes, tanto del sector público como del privado, sí pueden realizar contribuciones solidarias temporales, consideraron algunas de las personas consultadas.

En un artículo publicado el 20 de marzo en La Nación, titulado “Si hay patadas, hay pa’ todos”, un grupo de economistas propuso al Gobierno tomar otras medidas —además de las ya aprobadas, como moratorias en el pago de impuestos— para apoyar a las empresas privadas.

El artículo demandaba más “solidaridad” del Estado con medidas como el cierre temporal de instituciones “que no satisfagan un fin social”, la reducción de jornadas y, por ende, de remuneraciones, entre otros recortes de gastos.

Los economistas Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas, junto con la editora de Opinión del periódico, Guiselly Mora, indicaron en dicho texto: “Prácticamente la mitad del Estado puede reducirse sin acrecentar el desempleo”. Con ello señalaron que se puede reducir la jornada y hasta el 50% del salario en entidades como Relaciones Exteriores, Banhvi,INVU, Inder, Icoder, Inamu, INA, Aresep, IFAM y Fonabe.

También promovieron la reducción del sueldo a la mitad en “entes cuyos trabajadores están laborando a distancia”.

UNIVERSIDAD consultó a economistas su visión sobre estas proposiciones.

Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), expresó que, “en este momento, pensar en medidas fiscalistas de recorte de gastos públicos es lo peor que podemos hacer. Necesitamos que la gente tenga ingresos para que impulse el consumo y la demanda”.

Además, consideró que, aunque sí se debe revisar parte del funcionamiento del aparato estatal, este “no es el momento” porque requiere de un análisis sobre las necesidades, “pero ahorita recortar o cerrar instituciones sería una crisis mucho mayor de desempleo; una afectación que al final le rebota al sector privado; porque si la gente no tiene ingresos, tampoco va a consumir bienes y servicios”.

También indicó que se puede “incorporar algún impuesto temporal, de unos tres meses, para aquellos salarios, tanto de funcionarios públicos como de trabajadores privados” que sí estén percibiendo ingresos netos suficientes. Además, la economista cuestionó que se promueva la polarización entre funcionarios públicos y privados.

En la misma línea, la economista de la Universidad de Costa Rica, Laura Blanco, indicó que “la aplicación de medidas contractivas ante una recesión contribuye a su profundización, lo cual no es deseable”.

Explicó que el cierre temporal de instituciones puede “generar más incertidumbre, contraer el consumo aún más e interrumpir los mecanismos institucionales que más bien deberían activarse para identificar a las personas afectadas por la crisis y asistirles”.

Blanco también consideró que en la crisis sí debe existir solidaridad, tomando en cuenta que el Gobierno está limitado en sus herramientas por el déficit fiscal. Aunque esa solidaridad debe ser de todos los sectores, tanto públicos como privados, incluyendo “a quienes reciben ingresos de capital, porque este grupo es quien posee la mayor riqueza y poder”. También señaló que el 20% de la población con ingresos más altos posee más de la mitad de la producción del país.

La economista opinó que, si se aplican rebajos al funcionariado público, estas no pueden ser tan extremas, como de un 50%, porque implicaría una reducción del trabajo de estas instituciones, lo cual tendría un impacto social.

A los argumentos de estas economistas se unió el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien empezó por calificar de “grosero” proponer el rebajar el salario a quienes el mismo Gobierno les ha pedido irse a trabajar a su casa como una medida sanitaria.

Rodríguez coincidió en que puede existir una contribución solidaria “más allá de solo asalariados, también de la gente que percibe rentas de capital, que recibe ingresos por alquileres, por dividendos”.

Añadió que no se debe partir de una “visión sesgada” y equivocada de que todos los funcionarios públicos tienen salarios altos. “Podríamos hacer un perjuicio más grande a un grupo de población que no tiene capacidad económica para poder reaccionar”, dijo en alusión a quienes tienen salarios más bajos.

El exministro de Educación y economista de la UCR, Leonardo Garnier, publicó un texto como respuesta al artículo de La Nación, en el cual indicó que los recortes propuestos “solo vendrían a agravar la de por sí grave situación de las empresas y de las familias, y a debilitar la capacidad de respuesta de las instituciones”.

Garnier argumentó que ante la recesión que se avecina solo cabe una “una política fiscal y monetaria expansivas”. Añadió que el Estado tendrá que endeudarse pero no para “gastar mal, ser ineficiente o desperdiciar sus recursos”, sino para, en el plazo inmediato, combatir la pandemia y, en una segunda etapa, “apuntar a reactivar social y económicamente al país”.

“En la segunda fase será más bien urgente impulsar las medidas de reactivación que suponen, necesariamente, un aumento del gasto público, del déficit, del endeudamiento y de la emisión monetaria, así como revisar la política cambiaria”, escribió.

Para el director del Posgrado en Economía de la UCR, Édgar Robles, la emergencia sí amerita una política salarial restrictiva pero focalizada y proporcionada.

Robles cree necesario realizar un estudio sobre el impacto de no asistir a la oficina. “Es una realidad que (los funcionarios públicos) gastamos menos (al hacer teletrabajo) y que tenemos una estabilidad que otra gente no tiene. Otros países, en otras épocas en las que ha habido crisis, han reducido un 10% del salario a los empleados públicos”, ejemplificó.

Sobre las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno para afrontar la crisis, Robles opinó que se están enfocando en proteger las ganancias de las empresas, cuando deberían estar ligadas a la conservación de los empleos. “Una moratoria está bien, siempre que se demuestre que las empresas mantienen a los empleados”, indicó.

Además, afirmó que el Gobierno debe posponer proyectos, por ejemplo de infraestructura  pública, para dedicar los recursos a la atención de la pandemia. “Aprobar préstamos a la carrera, sin mayores controles ni nada, aparte de irresponsable, es peligroso porque no sabemos cómo se va a gastar esa plata”, manifestó.

Sobre el cierre de instituciones, tanto Robles como Rodríguez y Morales consideraron que no se puede hacer a la ligera, porque se debe evaluar —por ejemplo— si se pueden fusionar entidades, trasladar a funcionarios o incluso considerar los pagos de prestaciones.

Sobre empleo público

Angélica Vega, coordinadora del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública (Innovap), lamentó que, en el contexto que se vive, un grupo de personas hablan de “dar patadas” pues es un momento en que el tema político debe ser la salud y las medidas para proteger a la población. Además, resaltó que “la crisis la está resolviendo el Estado. No hablamos de un grupo político, sino de la totalidad de la maquinaria del Estado: la institucionalidad”.

Vega reprochó que exista un enfoque que considera que los empleados públicos merecen rebajos de salario por “ineficientes o vagos”, sin ningún sustento. Indicó que en el sector público se pueden hacer cambios, pero que estos deben ser con un proceso y no al calor de una crisis y sin análisis.

Destacó que la crisis ha permitido analizar más las posibilidades del teletrabajo, su impacto, por ejemplo, en el ambiente, e incluso detectar las necesidades para llevarlo a cabo.

Además, la investigadora resaltó que los funcionarios públicos aportan de manera importante a la seguridad social.

“El año pasado el sector público aportó a la Caja aproximadamente ¢900 millones y el sector privado ¢1.023 millones; pero de esos casi ¢400 millones no son del sector empresarial, sino de trabajadores independientes”, dijo.

El martes, el Gobierno canceló el aumento salarial de este periodo para los funcionarios públicos.

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