Los garantes éticos del Gobierno, nombrados por el presidente Carlos Alvarado, reaparecieron en el debate público para pedir la renuncia del diputado oficialista Welmer Ramos, luego de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) lo denunciara penalmente por presunto tráfico de influencias en ‘el caso del cemento chino’.
El fallo fue dividido. Quince Duncan y José Manuel Arroyo pidieron la renuncia de forma concreta; mientras que Margarita Bolaños, expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), se apartó del criterio mayoritario y afirmó que la decisión de solicitar o no la renuncia debería quedar en manos de la agrupación política.
El criterio mayoritario, sin embargo, pidió a Ramos cumplir con su promesa de campaña, cuando aseguró al Comité Ejecutivo del PAC, como candidato a diputado, que “acatarría y seguiría las conclusiones y recomendaciones de la PEP” y que renunciaría a su diputación “en caso de que se demostrara una falta al deber de probidad”.
La denuncia de la PEP correspondió a las investigaciones iniciadas por esa entidad a solicitud de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigo ‘el caso del cemento chino’ a finales de 2017.
Ramos fue conectado con el caso porque había sido Ministro de Economía entre 2014 y 2017, período en el que se tramitaron cambios reglamentarios para la comercialización de cemento, que luego fueron utilizados por el empresario Juan Carlos Bolaños para justificar sus operaciones comerciales y los créditos con los que presuntamente habría estafado a bancos públicos y privados, según es investigado.
Según el criterio de Duncan y Arroyo, si bien la PEP no puede ser concluyente sobre los casos y las faltas al deber de probidad, sino solo denunciar esas posibilidades; Ramos debería renunciar porque “en aquel momento quiso mandar un mensaje muy claro al electorado de su compromiso con el respeto al criterio” de la Procuraduría.
“Si hubo desconocimiento o cálculo en la suscripción de esta nota respecto al alcance de los pronunciamientos de la Procuraduría, el hecho no resulta de trascendencia pues lo cierto y relevante es que los compromisos adquiridos en aquella oportunidad se dirigían a despejar cualquier duda que hubiera sobre la transparencia y legalidad de las actuaciones”, escribieron.
Además, señalaron que esto genera cuestionamientos éticos que van más allá del plano jurídico, pues “deben hacerse aún las investigaciones necesarias para arribar a cualquier juicio de responsabilidad”.
“En lo fundamental”, señalaron, “la Procuraduría ha encontrado indicios contra la probidad que estima importantes: una tramitación inexplicablemente acelerada, coincidencia entre la modificación reglamentaria del caso y reuniones de un interesado particular en el Ministerio de la Presidencia y la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial; requerimientos a funcionarios técnicos para modificaciones también en orden al interés de ese particular; coincidencia entre esa tramitología y la aprobación de los créditos bancarios involucrados y, en fin, un aparente irrespeto a la legislación penal que es el fundamento para el traslado a investigación al Ministerio Público”.
Todas esas acusaciones, resumidas así por los ‘garantes éticos’, incitaron a la PEP a denunciar penalmente a Ramos, “ante la posibilidad de que haya incurrido en hechos configurativos del delito”.
Además de esta denuncia, Ramos es investigado también por un presunto favorecimiento a la empresa Credomatic, tras la anulación de un proceso sancionatorio por prácticas anticompetitivas detectadas por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), por la que se establecía una sanción de ¢12.000 millones.
Ante ambas denuncias, el diputado y exministro Ramos ha defendido sus actuaciones como ministro de distintas maneras.
En el caso del cemento, señaló que fue apenas una de 48 modificaciones reglamentarias que impulsó para abrir mercados con prácticas oligopólicas; mientras que en el caso de Credomatic, subrayó que debió anular el proceso sancionatorio porque había sido realizado con vicios advertidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los ‘garantes éticos’ fueron nombrados por el presidente Alvarado desde que realizó su campaña presidencial, cuando presentó el grupo de tres integrantes como un mecanismo consultivo de su gestión en esa materia.
No obstante, el grupo ha sido cuestionado por su ambigüedad funcional y por el cambio de sus integrantes, que al inicio fueron Ottón Solís, Margarita Penón y Rodrigo Carazo.
¿Qué dice la fracción?
Este lunes, la fracción del PAC analizó cómo actuar en el caso de Ramos, a quien solicitaron una renuncia desde la semana pasada, que el congresista no aceptó.
No obstante, la jefa de fracción oficialista, Nielsen Pérez, señaló que el tiempo de la reunión no fue suficiente para tomar una posición definitiva y que “continuarán en esas deliberaciones con los otros órganos del partido”.
Ramos, por su parte, sostiene que no dejará su puesto como diputado y que tampoco renunciará por su propia cuenta a la fracción del PAC, desde la que no se le ha comunicado resolución alguna.
“Están analizando el asunto, pero nada más. No han tomado ninguna decisión. yo sigo aquí, no me han dicho que me quite a ningún lado y estoy tranquilo, ellos verán más esto, con el resto del partido”, aseguró este lunes por la tarde.
La historia:
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