Escrito por Carlos Andrés Madrigal
[email protected] | @charliecamf4
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Llevaba peluca y una falda corta. Caminaba con frecuencia por la “zona roja” de Guápiles. Se prostituía porque era su única opción para comer y costear su transición. Aprovechaba la oscuridad de los lotes abandonados, cerca de los Tribunales de Justicia, para ofrecer servicios sexuales. Kenisha, de 15 años, pasó entre esos matorrales su última noche con vida.
Se autodeterminaba mujer, aunque sus órganos sexuales eran masculinos. Es decir, era una mujer transgénero. Su cuerpo apareció semidesnudo y con señas de asfixia la mañana del 14 de agosto del 2017. Una vecina que pasaba cerca del sitio observó unos zapatos tirados entre la maleza, llamó a un cuidacarros que laboraba a unos 20 metros y luego dieron aviso a un agente judicial.
Hasta ahora, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta una pesquisa por el homicidio, sin que todavía haya un resultado conclusivo, explicó en entrevista el jefe de la oficina regional, Teodosio Rivera.
La sola identidad de género de Kenisha pudo motivar su asesinato. Una hipótesis que se considera es que un cliente haya sido su verdugo.
Sin embargo, los registros sobre el homicidio ignoran que Kenisha era una mujer transgénero. Para efectos oficiales, se trataba de un muchacho que se vestía de mujer. Algunos medios de comunicación contaron su muerte como la de un travesti.
Ocurre así con otras muertes y agresiones hacia personas transgénero, las cuales quedan escondidas entre las estadísticas oficiales pues estas se limitan a considerar el sexo y no la identidad de género ni orientación sexual de la persona, explicó Orlando Corrales, jefe de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, luego de admitir que el Estado costarricense desconoce la cifra de personas trans o de la comunidad LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queers) que han sido asesinadas.
En Latinoamérica, la expectativa de vida para el 80% de las personas transgénero es de apenas 35 años, según un el “registro de violencia contra la población LGBT” elaborado entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dado a conocer en el 2015. Este estudio no incluyó a Costa Rica debido a la inexistencia de los registros.
Solo como referencia, en nuestro país, la esperanza de vida es –en promedio– de 80 años; es decir, es más del doble de la que puede tener una persona transgénero en Latinoamérica.
El jefe policial, Teodosio Rivera, reconoce que a nivel policial hay desconocimiento sobre temas de identidad de género.
El oficial señala que, además, en este tipo de casos se “dificulta” la investigación, pues la sociedad tiende a callar sobre lo que sabe: los clientes de las mujeres trans que se dedican al comercio sexual no quieren que se sepa que han contratado estos servicios, las familias no son abiertas para hablar al respecto y las mismas personas trans que se prostituyen son recelosas con la Policía.
“Nuestra sociedad todavía tiene mucho machismo y valores religiosos que se concatenan con toda la situación de que el hogar debe estar formado por hombre y mujer. Entonces, cuando la sociedad ve a dos mujeres o dos hombres que se abrazan o que se besan, se marginan todas esas situaciones. Y si bien es cierto que la sociedad nueva busca y está buscando una situación de igualdad y de equidad, lo cierto es que todavía queda mucho para eso y esto es lo que nos lleva a que se generen todas estas situaciones de violencia”, comentó Rivera.
La OEA considera que carecer de los datos sobre los fallecimientos de las personas trans significa desconocer la realidad de un grupo de la población.
“Los procedimientos de recolección de estadísticas son necesarios para medir de manera uniforme y precisa la prevalencia, tendencias y otros aspectos de la violencia en un determinado Estado o región. El análisis detallado de estas estadísticas proporciona a las autoridades la información y comprensión necesarias para diseñar políticas públicas para prevenir más actos de violencia”, señala el organismo internacional.
Luis Eduardo Salazar, comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI del actual Gobierno, reconoció que históricamente se ha invisibilizado a esta población en las estadísticas.
“Ello da como resultado que en pleno 2018 tengamos una gran ausencia de datos que apoyen políticas públicas a futuro. Por esta razón, uno de los puntos que desde el Comisionado más nos interesa tiene que ver con la generación de datos, para toda la población LGBTI. Nuestra aspiración es que en el Censo 2020 podamos incorporar las variables de identidad de género y orientación sexual, como ya otros países lo han venido haciendo desde hace tiempo”, dio a conocer Salazar.
“Como Comisionado, estamos interesados en que al final de la gestión, entreguemos datos duros sobre la población LGBTI del país que sirvan de base para políticas públicas hacia futuro”, indicó.
De acuerdo con la CIDH, existe un estrecho vínculo entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, “la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas”.
“Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, dice el informe.
El crimen de Kenisha retrata bien esa realidad. Su muerte no es atribuible solo a la persona que la asesinó, sino también a un Estado que la abandonó y no le dio oportunidades.
A pesar de que en Costa Rica no existen datos oficiales sobre la cantidad de crímenes o agresiones hacia las personas trans ni detalles con respecto a estos ataques, el año pasado organizaciones como Transvida y Redlactrans iniciaron una recolección de estadísticas propias que fueron compartidas con el Proyecto Punto y Aparte y el Semanario UNIVERSIDAD.
Los números que han registrado hasta ahora revelan que el 30% de las agresiones que sufre esta población son cometidas por particulares, un 17% por policías y otro 15% por otros funcionarios públicos.
Esas cifras también narran que el principal lugar en el que ocurren las agresiones son las zonas de comercio sexual y que la edad de las víctimas está mayoritariamente en el rango de los 26 a 35 años, lo cual coincide con las estadísticas de la región latinoamericana.
Cada uno de los datos que reportan estas organizaciones provienen de historias en las que sus protagonistas vieron su vida en peligro, como la trans Janeth Salgado, quien era trabajadora del sexo y ahora es activista.
“Desde que me subí al carro yo sentí una mala vibra, vi que no se podía abrir por dentro, solo desde el lado del chofer. El hombre me llevó a El Infiernillo de Alajuela, a un lote. Ahí me puso un cuchillo y me violó. Después, él me quiso apuñalar, tuve que salir corriendo, era un lugar desolado y me venía persiguiendo intentando tirarme el carro encima. Me tuve que ocultar, tuve que caminar 5 kilómetros en la oscuridad”, recuerda Salgado.
En su mente también están vivos los recuerdos de amigas cercanas que aumentaron la lista de víctimas mortales.
“Antes tenía una chica que era como una hija, se llamaba Natalia Novoa, ella tenía como 19 años, estaba ahí, por el Ricardo Saprissa cuando llegaron dos hombres y una mujer en carro, la asaltaron y le pegaron un balazo en la cabeza”.
“En Cartago mataron a una chica hace como dos años, fue muy duro lo que le hicieron a ella. La golpearon, le quebraron los brazos y luego le metieron como 20 balazos en la cara, fue muy duro. Porque era alguien que nunca se metía con nadie”, recordó Salgado.
Según Transvida, el 70% de las agresiones no se denuncia; en parte, debido al temor de las víctimas hacia las autoridades, que en ocasiones son los propios agresores.
Kenisha vivió entre los reclamos y las enseñanzas religiosas de su madre. Su identidad transgénera nunca fue comprendida por su familia.
“Yo le aconsejé que cambiara esa vida, que con el poder de la Biblia podía cambiar, pero no había manera”, se lamenta Argueri Garita, la madre, quien todavía hoy lucha por enterrar sus sueños de ver a su “hijo querido” con estudios, trabajo y familia propia. Escuche a la madre de Kenisha
“Cómo a los 13 años empezó a querer pintarse, era como un demonio que lo poseía, que tenía que andar en esas desde chiquitillo, desde entonces no quiso volver a la escuela, le faltaba solo el sexto”, añadió Garita, quien nunca ha querido saber más cuando alguien le intenta explicar sobre términos como “identidad de género”. Escuche a la madre de Kenisha
De acuerdo con los datos recopilados por la organización Transvida, solo cuatro de cada 100 personas trans logran terminar la secundaria.
Kenisha, además, quería sentirse cómoda con su imagen física, “transicionar” a la imagen de la mujer que sentía que era. Como no tenía dinero para pagar el tratamiento de sustitución hormonal, recurría a pelucas, maquillaje y ropa.
Todas estas dificultades que viven las personas trans se deben a la discriminación de la cual son víctimas. Según los reportes de Transvida, el 63% de los hechos discriminatorios provienen de funcionarios públicos o agentes de Policía.
Esa falta de oportunidades arrinconó a Kenisha en el mundo de esas estadísticas, esas que señalan que el 83% de las personas trans se prostituyen y que el 25% que las fallecidas se encontraban en zonas de comercio sexual, según datos del informe Cedostalc de Redlactrans y Transvida.
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Alemania, identificó a América Latina como la zona de más riesgo para esta población, pues, de 2.264 homicidios de trans ocurridos en 68 países entre el 2008 y el 2016, 1.768 casos eran en América del Sur y Central.
En el barrio La Emilia, en Guápiles, Kenisha es recordada por vecinos como una joven llena de alegría, que tenía facilidad de hacer amistades y “capaz de quitarse la comida de la boca por alguien más”.
Pero esa joven agrandó la lamentable lista de víctimas de lo que algunos movimientos en el mundo ya han empezado a llamar “asesinato social”, discriminada y sin oportunidades, a la espera de que los derechos obtenidos por la población LGTBIQ llegarán desde la capital josefina a Limón.
Un asesinato que no solo lo comete el verdugo, sino toda una sociedad cuya transfobia y rechazo arrebata muchas muertes, por homicidios, falta de atención médica o incluso suicidios.
Un estudio elaborado en el 2016 por el Centro Nacional de la Igualdad Transgénero, en Estados Unidos, determinó que el 40% de estas personas habían intentado quitarse la vida en algún momento.
La legislación costarricense no contempla los crímenes de odio expresamente en el Código Penal.
Según la abogada Larissa Arroyo, especialista en derechos humanos, se requiere una reforma para incluir un delito que recoja ese término.
Además, Arroyo considera que se debe crear una “cultura de denuncias”, que obligaría al Estado a “reaccionar”.
“Es totalmente comprensible que las personas Trans no denuncien. Usualmente lo que ocurre en todas aquellas poblaciones que han sido históricamente vulneradas, incluyendo mujeres, que además de alguna manera se les revictimiza, es que se les impone tener que denunciar cuando no tienen ni siquiera las condiciones para poder manejarlo, y eso es realmente muy conflictivo por decir lo menos”, señaló la abogada.
Es el mismo criterio de Jess Márquez, un hombre trans que escribe en un sitio web. Meses atrás Jess publicó una carta para Kenisha y lo que representaba su muerte para la población LGTBIQ.
“Me hago eco de este grito que gritamos las personas trans, porque nos agreden, nos excluyen, nos invisibilizan y, por último, nos asesinan. Porque tu muerte no está siendo vista como lo que es, un crimen de odio. Es sencillo: si la lógica es que no deberíamos existir, ¿por qué estaría mal que nos mataran?”
“Lo está, porque somos seres humanos. Porque tenemos derecho a la vida y al respeto, y a trabajar, a la salud, a estudiar, a amar, a tener familia, a ser. Y hoy, Kenisha, a ti te hago este juramento: yo te recordaré siempre y no dejaré que tu asesinato quede impune, ni tu identidad sea negada”.
“Hoy falleciste tú, pero somos todos los que nos reconocemos trans que tenemos tu suerte y lloramos tu asesinato”, escribió Jess en la publicación.
Según Jess, el impacto que le generó el caso de Kenisha fue grande, pues su historia le recuerda que en cualquier momento hasta una mirada en el bus se puede convertir en un asesinato por odio.
La OEA explica el miedo de Jess: estos estados de discriminación social en los que viven las personas trans crean un ciclo de pobreza y exclusión que les hace más vulnerable a ser violentadas por agentes estatales y no estatales.
Sobre este aspecto, el Comisionado Salazar indicó que recientemente se reunió con el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, con el fin de conformar una mesa de trabajo que tendrá por objetivo elaborar un proyecto de ley para la tipificación de crímenes de odio.
“Ello implicará, desde luego, un estudio de derecho comparado para analizar experiencias de otros países. Es fundamental que como país contemos con una ley que dé respuesta a delitos debidos a distintas formas de discriminación, sea por nacionalidad, etnia, religión y, desde luego, por orientación sexual e identidad de género”, manifestó.
Entre las acciones positivas que se han dado para contrarrestar la discriminación que sufre esta población, el año pasado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publicó la “Norma Nacional para la atención en salud libre de estigma y discriminación para la población LGTBI” que intenta asegurar el acceso a la salud de esta población.
Según relató la activista Keyra Martínez, esta norma fue una de las luchas de Transvida, debido a que se consideraba necesario que en la institución se reconociera su identidad y se les diera un trato libre de discriminación, tanto en San José como en todas las provincias.
Sin embargo, Martínez advirtió que se requiere más trabajo al respecto: “Puede ser que el doctor esté sensibilizado con el tema, que si llega una chica trans le hable en femenino y le respete su ‘conocido como’. ¿Pero qué pasó con el guarda que la recibe en la puerta y la recepcionista que la ve antes de ir al médico? Si esas personas son transfóbicas, la chica ya sufrió una agresión”, apuntó Martínez.
Transvida no solo lucha por los derechos de esta población, sino que también le brinda acompañamiento y oportunidades de educación, trabajo y acceso a los otros derechos, según comentó Martínez.
Para ella, la creación de políticas públicas que garanticen el bienestar de las personas trans y el reconocimiento de la legislación nacional son los principales, pues todavía en espacios políticos se les rechaza y en el caso de agrupaciones políticas, como el partido Restauración Nacional, se niega su existencia.
Aunque resaltó los cambios positivos que han ocurrido como el Decreto Ejecutivo N°38999 del Gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual declara que la Presidencia y los miembros de Gobierno son instituciones libres de discriminación, señaló que este tipo de acciones deben ser una realidad permanente.
“Antes de Transvida nosotras solo éramos unos ‘travestis’, unos ‘playos’, raros vestidos de mujer. Es desde que Transvida existe se nos reconoce al fin como quienes somos realmente”, destacó Martínez.
Para la abogada Arroyo, sin embargo, una de las dificultades que persisten es que no se ha asignado presupuesto para cumplir ese decreto.
Arroyo mencionó que otro aspecto positivo fue la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, el Tribunal Supremo de Elecciones ha cumplido “parcialmente” realizando el cambio de nombre de la persona trans. “Pero nos queda todavía pendiente el cambio de sexo registral. Esa es una de las medidas que mejoraría la calidad de vida y que no es tan difícil, y que nos hemos demorado increíblemente”, señaló Arroyo.
La especialista en temas de derechos humanos añadió que las otras acciones deben enfocarse en incorporar una cultura de respeto a la diversidad de género en el ámbito educativo que les permita, por ejemplo, acceder a la universidad; y de igual forma en el ámbito de la salud. Además, mencionó la importancia de las acciones afirmativas para la incorporación de estas personas en el ámbito laboral.
El comisionado Salazar, por su parte, puntualizó una serie de acciones que se pretenden llevar a cabo en el actual Gobierno, con Carlos Alvarado como presidente.
Por ejemplo, mencionó que se aumentará la capacitación y sensibilización en temas de derechos humanos para las personas que laboran en la función pública.
“Estos programas de capacitación ya se han venido desarrollando desde hace algunos años y deben ser fortalecidos. Especialmente para personas que atienden servicios esenciales como los de salud, así como para el personal de Fuerza Pública, del cual hemos tenido registros e incidencias de abusos en el uso de la fuerza”, detalló.
También se evaluará el funcionamiento de la Norma de Atención en Salud para población LGBTI en la CCSS.
Además, mencionó que, con respecto al cambio de nombre en el documento de identificación, “el Poder Ejecutivo homologará, prontamente, los trámites y documentos que expida la Administración Pública para que sean adecuados al cambio en la cédula de identidad”.
Salazar añadió que “se han emprendido grandes acciones para que la población trans pueda recibir un programa educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que obtengan el grado de bachillerato”. Además, destacó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha dado capacitaciones a esta población y que se promoverá que estos esfuerzos sean acompañados por universidades estatales y otras como el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), “para que las personas trans puedan emprender”.
“La idea es que potencien y se proyecten en el ámbito laboral, lo cual impactaría favorablemente en su condición socioeconómica y ello, desde luego, beneficiaría al país”, finalizó Salazar.
Fuente: Cedostalc
