Nogui Acosta, viceministro de Ingresos

“Queremos revertir la exoneración de la educación privada”

Afirma que, de no aprobarse el proyecto de reforma fiscal, quien más corre riesgo es el funcionariado público.

¿Cómo queda la reforma fiscal luego de que el proyecto original fuera modificado en la Asamblea Legislativa para atender los intereses de diferentes sectores?

En la siguiente entrevista, realizada el viernes 14 de setiembre de 2018, el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, anunció que el Ministerio de Hacienda buscará revertir, cuando se discuta el texto en el Plenario Legislativo, algunos cambios que se hicieron al Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en nivel de comisión.

Además, se refiere en detalle a temas polémicos como la llamada “regla fiscal”, las amnistías tributarias para los bancos y otros sectores, la exoneración del pago del impuesto a la renta para las cooperativas, las modificaciones hechas a la norma contra la subcapitalización y la inclusión del financiamiento de la Red de Cuido y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el 8% del PIB (Producto Interno Bruto o la suma de toda la producción en un año) destinado a la educación. Además, argumenta por qué, en el balance final, considera –que se trata de una reforma tributaria progresiva y justa.


“Esta es una medicina amarga que nos tenemos que tomar. Lo importante es que el tratamiento nos permita curarnos, es un primer paso. Hay que entender que ese 1.29% del PIB lo que me va a permitir es dejarme salir de este proceso en el que estoy metido, en el que solamente estoy sacando agua del bote, sin tener posibilidad de navegar”.

Nogui Acosta, viceministro de Ingresos


¿Hay espacio todavía para mejorar algunos puntos de la reforma fiscal?

–Ahora vamos a hacer un análisis de las mociones de reiteración. Precisamente, nos vamos a abocar, esta tarde, a analizar cuáles de las mociones son de interés de Hacienda.

Hay que entender dos cosas dentro de la dinámica de la Asamblea Legislativa. El texto que está quedando hoy es un texto que refleja los intereses particulares en un momento dado. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de revertir algunas cosas, como el tema de la exención a la educación, que nos parece un tema muy importante que debe mantenerse.

O sea, ¿revocar la exención de impuestos a la educación privada?

–Efectivamente.

¿Cuáles otros temas?

–Vamos a ver un poco la valoración que tenemos sobre algunas otras posibilidades de mejorar la redacción de los textos.

Sería un poco aventurado decirle cuáles y cuántas mociones vamos a solicitar que se reiteren, pero, como no teníamos el texto, ya que hasta ayer en la tarde-noche estuvo, vamos a revisarlo con detenimiento. Son muchísimos artículos y muchísimos temas que nos interesa que queden bien.

Sí quiero decirle que para nosotros el tema de la exoneración a la educación es relevante.

¿Buscarán revertir también la amnistía tributaria a los bancos en cuanto al Impuesto sobre la Renta y a otros sectores en cuanto al impuesto de ventas?

–Hay dos temas allí que sí me interesa aclarar. El tema de la amnistía tiene varias características, pero es una forma en la cual Hacienda puede recaudar unos recursos que están en litigio.

¿Por qué obtiene un impacto? La última amnistía tributaria se hizo en el 2003 y aportó un 0.3% del PIB.

¿Tienen un cálculo de los que recaudarían con esta amnistía?

–No tenemos un cálculo, pero sí le puedo decir que en el caso particular de los bancos ronda por un 0.4% del PIB.

Eso sin contar, pues, con los intereses y las multas.

–Sin contar los intereses ni las multas, que tampoco son tantos, pero también tienen una particularidad: cuando hacemos un arreglo, todos tenemos que ganar algo; es lo que ocurre con esto de la amnistía. Desde el punto de vista de Hacienda hay todo un costo y también desde el punto de vista de los bancos, que es el del litigio: los abogados, el esfuerzo que hace Hacienda por cobrar y las circunstancias en las que nos encontramos.

En el caso de los bancos y de otras entidades pasamos de una renta particular a una renta global. Es un cambio del esquema (de tributación) en el cual los bancos empiezan a tributar y mal haríamos nosotros en seguir con un esquema, cobrándoles, si ese ya no va a subsistir. O sea, la diferencia que tenemos hoy ya no se va a presentar hacia delante porque vamos a cambiar el esquema por el cual están tributando.

Entonces, en principio, yo seguiría discutiendo en los estrados administrativos y judiciales algo que ya no voy a volver a repetir.


Creemos que la reforma es progresiva en su conjunto. Tal vez no tanto como uno desearía en la particularidad de algunos de los impuestos, pero en su conjunto sí es progresiva”.

Nogui Acosta, viceministro de Ingresos


¿Van a buscar revertir las exoneraciones a grandes cooperativas como la Dos Pinos, por ejemplo?

–Allí hay un tema particular, y yo debería ser muy honesto en la relación que estamos planteándonos. Cuando nosotros nos reunimos con las cooperativas y analizamos un poco el esquema de las cooperativas, fuimos sensibles a una propuesta particular que decían los cooperativistas. Y es que la cooperativa como tal genera unos excedentes que se reparten entre los asociados, y es en ese momento en el cual se genera la riqueza (de cada asociado).

Costa Rica tiene un esquema tributario que se llama de renta-producto. Entonces, cobro la renta en la actividad y no sobre quien recibe el beneficio. Por ejemplo, si yo tengo un título (valor), cobro un impuesto sobre los intereses que recibo como único y definitivo. Ya no tengo que volver a pagar más. Pero esa misma persona puede tener otra actividad y puede que no pague el impuesto sobre la renta en esa, o puede tener una tercera actividad y que pague otro poco en ese lugar. Pero yo no toco la globalidad de esas rentas.

En el caso de las cooperativas, ellos lo que hacen es que la renta de la cooperativa no se cobra, pero sí se cobra en el momento en el cual se reparte el excedente; y ese es un poco el criterio que se usó para hacerlo.

Si Costa Rica emigra, en su sistema de impuestos, de la base cedular que tiene hoy hacia un esquema concreto de renta-persona, entonces ya no tiene sentido cobrarles a las empresas, sino que tiene sentido cobrarles a las personas. Y como ellas van a globalizar (pagar impuestos por la globalidad de sus rentas), vamos a tener todas las rentas de esa persona.

Entonces, efectivamente, no le estaría cobrando a las empresas, sino que les estaría cobrando a los dueños de las empresas, que son los que al final de cuentas tienen la riqueza.

¿Eso va a ocurrir con esta reforma? ¿Se va a pasar del esquema cedular al esquema de renta global?

–No. En esta reforma no está incluido eso. Sí está incluido un primer esbozo de lo que es la renta global y ese es un sistema al cual tenemos que apuntar cuando tengamos una estabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque en este momento no vamos a generar renta. Hoy necesitamos allegar recursos a la Hacienda pública para poder afrontar el pago de las deudas que tenemos, de los salarios y de las transferencias que realiza el Estado.

Entonces, ¿en qué va a consistir ese cambio preliminar hacia la renta global?

–Lo que vamos a hacer es que las personas que tengan relaciones en sus actividades deban globalizarse. Por ejemplo, una persona que cultive papas y tenga una venta de papas y que además las venda cocinadas; todas esas rentas individuales no van a ir a una cédula (por ejemplo, a una personería jurídica o sociedad), sino que van a agruparse todas. En ese sentido, todas las rentas que estén relacionadas con una actividad van a tener que globalizarse.

Lo que estoy diciendo es que hoy le voy a cobrar a la empresa o a la persona física. En el nuevo esquema, yo no cobraría tanto a las empresas, sino que les cobraría a las personas. Por ejemplo, no le voy a cobrar el impuesto sobre la renta a (una empresa que se llame) “Nogui Acosta S. A.”, sino que le voy a cobrar impuestos a Nogui Acosta, que es quien tiene la riqueza.

¿Se va a incorporar en esta reforma  la renta mundial? Sabemos que por no existir se va muchísimo dinero fuera de Costa Rica para no pagar impuestos.

–Sí, pero no es parte de esta discusión en este momento. Sí le puedo decir que hay varias acciones para luchar contra la elusión fiscal. Por ejemplo, se incorpora una norma de precios de transferencia y una norma en relación con paraísos fiscales que es fundamental porque le va a permitir a la Administración desconocer gastos que vengan de lugares que están categorizados como paraísos fiscales. Además, tenemos la norma de subcapitalización.

¿Ha quedado desdibujada la norma de subcapitalización con la ampliación que se introdujo del tipo de bancos con los que pueden endeudarse las empresas y personas en el exterior, que pidieron algunos sectores?

–Yo diría que no es la que nosotros propusimos, pero tiene las suficientes salvaguardas para que la Administración pueda desconocer como gastos deducibles aquellos que tengan que ver con intereses que no estén relacionados con la actividad.

O sea, a pesar de que la norma no queda como inicialmente la habíamos planteado, sí queda la posibilidad de que Tributación pueda desconocer esos gastos.

¿No es un poco brutal en una reforma fiscal meter al INA y a la Red de Cuido en lo que cubre el 8% del PIB que constitucionalmente debe destinarse para la educación? ¿No se estaría desnaturalizando lo que constitucionalmente se establece?

–Creo que aquí hay una discusión muy profunda que como país tenemos que llevar. Aquí el punto parte de dos cosas. La primera es que la inversión que uno haga en primera infancia es fundamental para el desarrollo de las personas. El éxito del gasto en educación depende de qué tan bien estén esos chicos preparados para recibir la educación.

Bajo ese principio, financiar la Red de Cuido y financiar la educación preescolar y primaria es fundamental. Necesitamos darle solidez a ese financiamiento y eso es lo que estamos haciendo.

En el tema del 8%, sí debemos señalar algo: educación es todo. Y bajo ese principio, la educación técnica va a ser un eslabón importantísimo en la forma en la que preparemos a nuestros muchachos para poder acceder a los mercados laborales.

Definir el 8% en la educación ha sido un objetivo y, dentro de esta parte, en la consolidación de la educación universitaria ha sido una aspiración llegar al 1.5% del PIB.

Lo que sí es cierto es que incorporar al INA parte del principio de poder también incorporar esto como parte de la obligación constitucional. Aunque parezca un poco extraño, ese 8% siempre lo hemos ido persiguiendo. La capacidad del Gobierno de financiar ese 8% cada vez está más alejada porque, cada vez que crece el PIB y yo no logro recaudar los recursos necesarios para poder cumplir con ese 8%, me pongo en una obligación de no poderlo alcanzar.

Sí es cierto que es un cambio en la visión que tenemos, pero de todas maneras, a lo largo del tiempo, no se ha podido llegar a ese 8%. Cuando crezca el PIB vamos a ser cada vez más partícipes de una parte más pequeña, pero de un volumen más grande de recursos.

¿La regla fiscal que introduce la reforma tendrá un impacto muy fuerte en el gasto público?

–La regla es como una dieta. Yo llego y con la regla fiscal tengo la dieta enfrente del refrigerador para que sirva como una limitación y yo esté dispuesto a decir: “Ah, no me puedo comer esto”.

Estamos claros de que es una dieta que tenemos que seguir para adelgazar, pero no quiere decir que yo tengo que hacer un cambio brutal. Yo no adelgazo cortándome un brazo. Yo adelgazo poniéndome en un régimen porque puedo lograr el objetivo de esa manera. Entonces, yo me corto un brazo, pierdo un par de kilos, pero no cumplo con el objetivo que es estar en buenas condiciones. Y eso es lo que hace la regla fiscal.

La regla fiscal es un objetivo que debo perseguir, que tiene unas cláusulas de salvaguarda. Por ejemplo, si ocurre algo parecido a la tormenta Nate, abandonamos inmediatamente la regla fiscal y nos acometemos a esto. Y, en ese sentido, es una mejor práctica que voy a implementar.

Desde el punto de vista práctico, en ninguno de los escenarios decrece el crecimiento del gasto corriente. Además, hay un tema fundamental y es que tiene que ver con gasto corriente y no con gasto de capital.

El Presupuesto incorpora tanto gasto corriente como gasto de capital. Lo que estoy diciendo es que no puedo hacer crecer más el gasto operativo, pero sí puedo hacer inversión pública, que es lo importante y que genera crecimiento.

¿Ustedes estiman que, como va quedando la reforma fiscal, recaudarán un 1,2% del PIB?

–Casi un 1.3% del PIB, según el último cálculo.

¿Eso será suficiente para que los organismos internacionales quieran prestarle a Costa Rica los más de $1.000 millones anunciados?

–Yo creo que hay dos cosas que son importantes de ver. Esta es una medicina amarga que nos tenemos que tomar. Lo importante es que el tratamiento nos permita curarnos; es un primer paso. Hay que entender que ese 1.29% del PIB lo que me va a permitir es dejarme salir de este proceso en el que estoy metido, en el que solamente estoy sacando agua del bote, sin tener posibilidad de navegar.

La idea de este 1.29% del PIB es que nos permita poder acometer la reforma que sigue, que es empleo público, y empezar a dignificar los salarios de las personas.

Hemos llegado a un momento en el cual las anualidades representan más que el salario y eso es perjudicial porque hace que lo importante de un empleo no sea la productividad, sino el tiempo que uno pasa sentado en esa silla.

Nos va a permitir acometer, al ser nosotros quienes sacamos la liquidez del mercado, los programas para impulsar el crecimiento económico. Hoy, yo (Hacienda) voy al mercado y absorbo recursos que deberían estarse invirtiendo en la producción de este país, y no como hoy que yo los recojo para pagar salarios, sin la creación de un valor agregado. Ese es el punto.

Sí es cierto que está allí, pero también tiene otros componentes, como usted bien aportó, la regla fiscal es un componente que me va a permitir a mí empezar a hacer una gestión más inteligente de mi gasto y en este escenario, cuando yo agrupo tanto lo que es la recaudación adicional por los impuestos más los ahorros que voy a tener por las reformas de empleo y por acogerme a la regla fiscal, ya tengo un componente importante y no solo 1.29% del PIB, sino que me van a agregar cuánto puedo yo contraer mi gasto.

¿Es una reforma fiscal justa? ¿Cómo queda el balance entre progresividad (pagarán más impuestos quienes más ingresos tienen) y regresividad (lo inverso)?

–Hay dos temas que son bien importantes de señalar aquí. La reforma fiscal es progresiva. Tal vez el IVA tiene esa característica de poca progresividad, pero que con la tarifa del 1% a la canasta básica le otorga un mejor componente en esa dirección. Pero, cuando usted suma el impuesto a los salarios que estamos poniendo, que la gente va a pagar más sobre los salarios y sobre las pensiones más altas, cuando esos salarios o esas pensiones estén por encima de 2 millones 100 mil colones, le estamos dando progresividad; cuando decimos que creamos una cédula para quienes logran tener ahorros en los sistemas financieros, le estamos dando progresividad.

En ese sentido, creemos que la reforma es progresiva en su conjunto. Tal vez no tanto como uno desearía en la particularidad de algunos de los impuestos, pero en su conjunto sí es progresiva.

Y el segundo tema es que también le pone una serie de condiciones al Estado para que mejore su desempeño.

¿Se ha escuchado y atendido con justicia las peticiones de los grupos más fuertes económicamente como las de los trabajadores públicos y las de otros sectores menos pudientes económicamente?

–En lo que se refiere a los empleados públicos, el artículo 56 del proyecto establece que no habrá menoscabos patrimoniales de los derechos de los trabajadores. La idea de esta reforma es que todo lo que existe antes de la reforma se respeta y se mantiene, y solamente de ahora en adelante se van a aplicar estas disposiciones.

Creemos que todos tenemos que aportar un poco. Le voy a decir que lo que más nos preocupa hoy es que quienes más están en riesgo, si esta reforma no pasa, son los funcionarios públicos, porque quien quiebra es el Estado.

Los empresarios todavía van a tener la posibilidad de seguir avanzando o los empleados privados, en tanto la economía tenga algún tipo de crecimiento, van a tener empleo. Pero solo los empleados públicos van a sufrir en el caso de que el Estado sea fallido.


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