Los llamados de los partidos políticos en la campaña son siempre iguales: “voten en las tres papeletas por nosotros”, “necesitamos a un equipo”, “podremos hacer más si ganamos la alcaldía, en regidores y en síndicos”, “no quiebre el voto”, y otros similares.
Por algo lo dicen. Una amplia mayoría de los alcaldes ha tenido que ejercer el gobierno de su cantón sin la ventaja que, al menos en la teoría, significa la mayoría de los escaños del respectivo concejo municipal.
En promedio, desde el 2002 hasta la fecha, solo uno de cada seis alcaldes ha contado con esa mayoría de regidores. Los otros cinco han enfrentado su gestión con una cantidad de concejales copartidarios que alcanza apenas para ser la primera minoría, con una primera minoría en manos de otro partido, con una mayoría opositora o incluso sin que ninguna agrupación tenga más escaños que otra.
La fragmentación es tal que incluso en las elecciones de 2016 en dos cantones el alcalde y cada uno de los regidores pertenecen a banderas diferentes. Son Tarrazú (San José) y Barva (Heredia).
Es el paisaje dominante de la política nacional que se ve fácil en las elecciones de diputados recientes, pero que se expresa con total claridad en cada uno de los 82 cantones que ahora se preparan para las elecciones de cargos municipales el 2 de febrero.
El agregado de datos lo maneja el politólogo Rónald Alfaro, del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), y del Programa Estado de la Nación.
Con complicaciones para alcanzar acuerdos políticos, pero también con una mayor variedad y apertura, los municipios alojan así la ruptura del dominio bipartidista que en la escala local se desarrolló desde los años 90, antes que en la escala nacional.
Si mantenemos entre seis la división del total de períodos de alcaldías en los 81 cantones, es posible afirmar que cuatro sextas partes de los alcaldes han ejercido su puesto sin control del Concejo Municipal, pero al menos sí con la fracción más grande (primera minoría).
La otra sexta parte la conformarían los períodos en que el Concejo Municipal lo domina un partido distinto al del alcalde, sea con la mayor minoría o con una mayoría suficiente.
Son marginales los alcaldes que han debido gobernar junto a un concejo formado por miembros de partidos todos diferentes, como reflejo de la alta fragmentación. En total han sido cinco los casos desde 2002, cuando por primera vez se realizaron elecciones separadas de las nacionales.
El multipartidismo provocó un impacto mayor en 2002, pues solo seis alcaldes gozaban de mayoría en el Concejo, con la coincidencia de que eso ocurrió únicamente en cantones pequeños, de solo cinco regidores.
Los municipios pueden tener cinco escaños, siete, nueve u once, según la población que allí habite. También es necesario señalar que son frecuentes las alianzas entre representantes de distintas agrupaciones, las rupturas entre copartidarios e incluso el transfuguismo, por lo cual no todas las negociaciones entre la alcaldía y el Concejo pasan por el criterio de la bandera del partido.
“Los alcaldes en gobiernos divididos están obligados a realizar mayores esfuerzos de negociación, transacción y apertura para alcanzar acuerdos. Si la apertura y negociación en estas municipalidades no prospera, existe la amenaza de serios problemas en la gestión de los asuntos locales, con alcaldes incapaces de ejecutar sus programas políticos por la obstrucción de la oposición en el Concejo”, escribió el investigador Alfaro en un artículo sobre el tema, en la Revista Uruguaya de Ciencia Política.
Sin embargo, también advirtió que no todo son desventajas: “La división partidaria y la necesidad de construir acuerdos también pueden generar dinámicas políticas más abiertas y transparentes, con un concejo de oposición pidiendo cuentas y vigilando más de cerca la labor del alcalde que en los casos en los que un mismo partido controla ambos órganos”.
Al comparar la fragmentación política entre alcaldía y regidores, se observa poca relación entre esta y la calidad de la gestión municipal, a juzgar por la evaluación que todos los años realiza la Contraloría General de la República (CGR).
Los dos cantones más fragmentados en las elecciones del 2016 fueron Tarrazú, que aparece en el informe del 2017 en el cuarto grupo peor calificado, y Barva, que aparece en un aceptable segundo grupo.
En ese 2017, los cinco ayuntamientos mejor calificados fueron San Carlos, Santa Ana, San Rafael de Heredia, Belén y Cartago; en todos los casos, el partido del alcalde carece de una mayoría suficiente de regidores, pero sí conforman el grupo más grande de escaños. Esas mismas circunstancias se dan en Turrubares, que aparece en ese ranking como el peor calificado.