La idea de gravar a las cooperativas con un proyecto paralelo a la aprobación de la reforma fiscal se tambalea en la Asamblea Legislativa. Los diputados no están del todo seguros sobre imponer el impuesto y trabajan sobre la base de un proyecto que decepciona al Ministerio de Hacienda.
Según los cálculos del ministerio, el proyecto que evalúa actualmente el Congreso apenas gravaría a unas 15 cooperativas de las más de 2.500 que existen en el país, y apenas recaudaría unos ¢6.500 millones de los ¢12.500 millones anuales que la cartera estimaba cuando propuso gravar a todas esas asociaciones (sin excepción) dentro del plan fiscal.
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Aquella intención había sido rechazada por los diputados de todas las fracciones (con excepción del PUSC) por temas de conexidad y algunas observaciones “menores”; un hecho que las principales bancadas del Congreso se habían comprometido a corregir a través de un proyecto paralelo.
Específicamente, los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), de Liberación Nacional (PLN), de Restauración Nacional (PRN), del Republicano Social Cristiano (PRSC) y del Frente Amplio (FA) firmaron un “acuerdo multipartidista”, el 3 de octubre pasado, en el que se comprometieron a gravar los excedentes de “las cooperativas con mayores recursos”.
Esa propuesta, sin embargo, camina ahora sobre una cuerda floja, pues las voluntades para aprobar ese proyecto se van diluyendo y las intenciones parecen cada vez menos vehementes en Cuesta de Moras.
El acuerdo firmado incluso prometía “apoyar la aprobación de un proyecto de ley dispensado de todo trámite y que se votara de forma inmediata y posterior al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, una combinación de factores que ya fue parcialmente incumplida.
Esto es así porque los diputados ni siquiera le dieron el trámite expedito que prometieron, sino que ahora más bien manifiestan algunas dudas sobre la totalidad de la iniciativa.
Las dudas
El proyecto de ley que pretende gravar a los excedentes de las asociaciones cooperativas se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, foro en el que al menos cuatro de sus nueve diputados titubean sobre la redacción actual de la iniciativa.
El texto lo presentaron 20 legisladores —del PAC, PLN, PUSC, PRN y la independiente Carmen Chan— bajo el expediente 21.017; sin embargo, varios diputados de esas fracciones hoy manifiestan su desconfianza.
El proyecto propone dos tramos del 10% y del 20% para los excedentes de las cooperativas que superen los ¢250 millones y los ¢750 millones, respectivamente.
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Entre los diputados que manifiestan sus dudas destaca el oficialista Luis Ramón Carranza, quien incluso contradice a la ministra de Hacienda y más bien asegura que la discusión debería enfocarse en si convenie o no gravar a este tipo de entidades.
Según Carranza, “el tema de las cooperativas es de corte ideológico” y es impulsado por un grupo con ideas más liberales, que poco han hecho por corregir otros aspectos del plan fiscal y más bien ahora se ha focalizado en las organizaciones de corte social.
Además, señaló que él no firmó los convenios que se presentaron para impulsar este proyecto paralelo que —según él— no representaba a la totalidad de las fracciones, y subrayó que cuando se habló de agregar temáticas alrededor del plan fiscal, también se mencionaron muchos otros proyectos que ahora no se tramitan con la misma fuerza.
Sobre el fondo del proyecto, agregó que podría ser necesario modificar la redacción del proyecto si se decide continuar con la idea de gravar a las entidades, pues considera necesario adecuar el cobro para cada tipo de institución.
“En el modelo cooperativo ¢250 millones puede ser mucho y ¢1.000 millones puede ser poco. Por ejemplo, si yo tengo una cooperativa que tiene 20 asociados y se les distribuyen los ¢250 millones puede ser mucho, pero si tengo mil asociados y distribuyo ¢1.000 millones puede ser poco”, explicó.
Junto con Carranza, otros diputados como los liberacionistas Roberto Thompson, Ana Karine Niño, María José Corrales y Daniel Ulate —tres de ellos en la comisión de Económicos— han manifestado también sus dudas sobre el proyecto, con el que dicen guardar algunas diferencias que quieren revisar primero con los involucrados en las audiencias legislativas que abrirán para ello.
De cualquier manera, la diputada Niño ya adelantó en comisión que considera importante “diferenciar al sector y hacer un proyecto que no lo vaya afectar”, mientras que el diputado Ulate apuntó que es necesario escuchar a un sector que “genera más de 350.000 empleos directos e indirectos, de los que 70.000 están en zonas rurales”.
Una decepción
Ante los argumentos para gravar solo a las grandes cooperativas o no gravarlas del todo, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, argumentó hace apenas una semana que sería injusto mantener las totales exoneraciones de los excedentes cooperativos, pues el país requiere de dinero para “seguir proveyendo la plataforma necesaria para que todos puedan operar, incluidas las cooperativas”.
Esas palabras las utilizó en una comparecencia a la que llegó para dar su opinión sobre la redacción actual que promueven los diputados, muy distinta a la propuesta inicial que redactó el Ministerio de Hacienda para gravar a las cooperativas con la misma escala que se utiliza para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Esa escala proponía un gravamen del 5% sobre los excedentes iguales o inferiores a ¢5 millones, del 10% hasta los ¢7,5 millones, del 15% hasta los ¢10 millones y del 20% de ese monto en adelante. No obstante, esa propuesta ahora parece políticamente inviable.
Sobre la nueva iniciativa, sin embargo, la ministra comentó a UNIVERSIDAD que “hoy lo que han traído es un proyecto que básicamente gravaría como a 10 o 15 cooperativas, de las más de 700 inscritas y de las más de 2.500 que existen en el registro, que es un proyecto que no sólo generaría muy bajo rendimiento sino que no tendría impacto para el sector”.
Desde el punto de vista de la jerarca, el modelo que propuso Hacienda —gravar a las cooperativas como pymes— sería el más adecuado para tratar más levemente al sector, pero sin hacer distinciones más complicadas, pues entre las cooperativas “hay tantos tipos de diferencias como lo que uno encuentra en las empresas privadas, de diferentes sectores y diferentes tamaños”.
Según Aguilar, “en todo caso, ese no debería ser un argumento (contra el gravamen), porque lo importante es buscar cómo contribuyan las cooperativas para que el Estado les pueda seguir ofreciendo todos los servicios, igual que al resto del país, en materia de infraestructura, salud o educación”.
Plazo fatal
Recientemente los diputados de la comisión de Asuntos Económicos votaron favorablemente una moción para definir el 30 de enero como el último día para recibir en audiencia a los representantes involucrados en el proyecto, y el 28 de febrero como el plazo fatal para emitir el informe final de subcomisión que deberá discutirse posteriormente.
Por el momento, el proyecto queda en suspenso y a la espera de los cambios que proponga la comisión, inconforme sobre varias características del impuesto y las formas en las que debería cobrarse.
Actualmente, los asociados del sector cooperativo aportan un 10% sobre los excedentes que reciben de las cooperativas y de un 7% sobre los títulos valores que colocan en ellas; sin embargo, las cooperativas —como entidades en sí mismas— no tributan sobre sus excedentes (el equivalente a las utilidades que tendrían si fueran una empresa).
Según la ministra, eso sí, la idea no sería que tributen como una empresa (algo que significaría un aporte cercano a los ¢20.000 millones anuales), sino como pequeñas y medianas empresas, para un aporte de ¢12.500 millones.
Las cooperativas no pagan impuestos sobre sus excedentes porque se mantienen exentas del impuesto sobre la renta (el 30% que pagan las empresas sobre sus utilidades), un beneficio que reciben a partir de la Ley de Asociaciones Cooperativas.
En los últimos meses, la presión social ha crecido contra el tratamiento diferenciado para las grandes cooperativas; sin embargo, también se han intensificado los acercamientos de ese sector con los diputados para mantener sus beneficios.
En las últimas semanas, el diario La Nación reveló que dos exdiputados del PLN incluso realizan lobby para el sector cooperativista en el Congreso y, antes, también había develado una campaña impulsada por el gerente de Cenecoop, Rodolfo Navas, que incluía un presupuesto para reuniones con los legisladores.
