A simple vista, pareciera que la economía de Costa Rica va bien. Pero, cuando se profundiza un poco más en la dinámica de los indicadores económicos, se concluye que el rumbo de la economía del país no es bueno.
El crecimiento de la producción, que muestra señales de desaceleración, es de casi un 25% respecto al promedio histórico. La inflación, prácticamente nula durante el 2015 y 2016, tuvo una clara tendencia al alza en 2017. Igual sucede con las tasas de interés, que se refleja en una Tasa Básica Pasiva que aumentó cerca de 30% el año pasado.
En parte, la culpa de la tendencia negativa de los principales indicadores de la economía costarricense tiene que ver con que se nos terminó la “suerte” de un entorno internacional favorable. Las muy bajas tasas de interés que prevalecieron en el ámbito internacional nos favorecieron muchísimo durante los últimos diez años. Tuvimos acceso a crédito abundante y barato, tanto para financiar al sector público, como las actividades privadas. Pero eso ya se terminó, desde que la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir su tasa de política monetaria, a fines del 2015.
Al mismo tiempo, los precios de las principales materias primas que importa Costa Rica –petróleo, metales y granos– volvieron a asumir una tendencia al alza a partir de mediados de 2016.
A las causas internacionales, hay que sumarle los rezagos que tiene Costa Rica en los factores que inciden sobre la competitividad y que han sido relegados a un segundo plano por esta administración del PAC. Aspectos como la calidad de la educación, la deficiente infraestructura –sobre todo de carreteras–, los excesos de trámites burocráticos y la complejidad para acceder a financiamiento del sistema de banca para el desarrollo, entre otros, dificultan la posibilidad de generar nuevos negocios en el país y de hacer crecer los negocios que ya se tienen, sean estos micro, pequeños, medianos o grandes.
Asimismo, debe agregarse que los costos energéticos son elevados en el país, en buena parte, debido al sistema de ajuste de tarifas de servicios públicos, que permite que las ineficiencias, errores, descuidos o, incluso, actos de corrupción se trasladen de forma automática al costo de producción en el país.
Otra parte de la culpa del deterioro de la situación económica de Costa Rica tiene que ver con el estado de las finanzas públicas. El déficit fiscal es grande (6,2% del PIB en 2017) y con proyecciones a seguir creciendo si no se hace nada al respecto (el Banco Central proyecta 7,1% en 2018). El hecho de haber tenido un déficit por encima del 4% del PIB durante ocho años seguidos, sin que el gobierno del PAC haya hecho nada para corregirlo, tiene como consecuencia que la deuda pública haya crecido de manera constante.
Con un nivel de deuda pública equivalente a la mitad de la producción de un año, al Gobierno se le dificulta cada vez conseguir dinero para seguir financiando el déficit. De hecho, durante el último año se han observado varias instancias en que el Gobierno ha tenido problemas para pagar sus obligaciones.
Ante una deuda elevada y creciente, sin atisbos de que la situación se reverse, los inversionistas financieros, que compran bonos de deuda pública –nacionales y extranjeros–, le asocian un mayor nivel de riesgo al país. De ahí que estén dispuestos a prestarle dinero al Gobierno solo si es a un precio muy alto, algo que se ha observado en las últimas colocaciones de deuda que ha hecho el Ministerio de Hacienda.
La presión que ejerce el déficit fiscal sobre las tasas de interés, sumado a los altos márgenes de intermediación financiera, hace que el costo del crédito para consumidores y productores sea muy alto. Esa es otra razón más por la cual Costa Rica se ha convertido en un país caro para producir y, por ende, con una baja competitividad.
El limitado potencial de crecimiento de la economía costarricense hace difícil que se puedan crear más y mejores empleos. El desempleo sigue siendo muy alto y durante los últimos cuatro años, más bien, se han perdido cerca de 70 mil empleos. Encima, ante la ausencia de políticas adecuadas que fomenten el empleo fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), en las zonas rurales el nivel de desempleo es casi tres veces superior al del GAM. A su vez, la pobreza, cercana al 20%, sigue siendo un gran problema, cuya solución no puede basarse en un enfoque asistencialista, sino que hay que proveer cañas de pescar.
Ante un entorno internacional menos favorable, una economía local que se debilita y una situación de las finanzas públicas muy frágil, Costa Rica requiere de un cambio de dirección en su política económica. La elección del 1° de abril toma una gran relevancia, ya que en ella está en juego si se sigue en la misma dirección que nos ha llevado el gobierno del PAC o si endereza el rumbo. Está claro que, si se quieren lograr resultados distintos, se deberán hacer las cosas diferente.
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El cambio en la política económica debe enfocarse en dos grandes temas. Primero, el de estabilizar las finanzas públicas. Apenas ingresemos, el nuevo Gobierno deberá tomar acciones para reducir el déficit, con el fin de recuperar la confianza de los inversionistas financieros y resolver los problemas de liquidez. Esto incluye una mejora significativa en la gobernanza tributaria; la recuperación de buena parte de los impuestos que se evaden o eluden, y la revisión de todos los rubros de gastos, especialmente, las remuneraciones excesivas, los crecimientos descontrolados de transferencias y en pensiones.
Segundo, y de forma simultánea, el de reactivar la economía y generar empleos. Para ello, es fundamental mejorar los factores que promueven la competitividad del país, ya mencionados anteriormente: buscar una educación de mayor calidad; proveer capacitación técnica a desempleados sin excluir por temas de bachillerato; mejorar la infraestructura; reducir los trámites burocráticos y generar las condiciones para bajar los precios de energéticos y de las tasas de interés de préstamos. Todos estos son aspectos esenciales para la creación de un ambiente adecuado para que los empresarios, desde los muy pequeños hasta los más grandes, nacionales y extranjeros, puedan generar nuevos negocios o hacer crecer los que ya tienen.
Todo eso se debe acompañar con políticas que mejoren las condiciones para la creación de más y mejores empleos para los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales, quienes son a los que más les cuesta conseguir trabajo. Esto pasa por potenciar los vínculos entre el comercio internacional y las zonas alejadas y los jóvenes, de una manera más activa. Además, se debe fomentar la inversión en infraestructura, a través de modalidades como las APP.
La propuesta del Partido Restauración Nacional, en el campo económico, va guiada, precisamente, a aplicar los cambios mencionados. Es la opción del cambio para no seguir con lo mismo de los últimos cuatro años. Es la opción para lograr la estabilidad con reactivación.
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Luis Mesalles:
Economista, Doctor en Economía de Ohio State University, empresario agropecuario, vicepresidente de la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica, miembro del Consejo Directivo de Uccaep y asesor del Partido Restauración Nacional (RN).
