¿Qué dice la reforma del PLN sobre huelgas y sindicatos?

El Congreso aprobó tramitar por la vía rápida el expediente 21.094, que permitiría al Estado efectuar rebajos salariales retroactivos ante huelgas ilegales, entre otras medidas.

Los diputados aprobaron este lunes una moción de vía rápida para el expediente 21.094, un proyecto de ley que impulsa el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, para agilizar y endurecer los controles sobre las huelgas.

El proyecto ha causado reacciones positivas y negativas en el ambiente político, donde todavía se siente la crispación por la última huelga contra el proyecto de reforma fiscal y se avecinan posibles enfrentamientos ante la próxima refoma al empleo público, que el Gobierno prometió impulsar en el Congreso a partir del próximo año.

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Desde el punto de vista de Benavides, la reforma supone un instrumento para que “la gente tenga más seguridad jurídica, de manera que tanto los patronos como los trabajadores y, por supuesto, el resto de los ciudadanos sepa de manera rápida si una huelga es legal o es ilegal”.

“Se trata de que los tribunales puedan resolver de manera expedita y asegurar los servicios esenciales por los que la gente paga a través de sus impuestos y de los que depende su vida, su salud o su seguridad y por los que no tienen por qué estar fuera de servicio”, señaló.

Además, dice que vendría a corregir vacíos legales de la Reforma Procesal Laboral impulsada en el gobierno pasado, un experimento de reforma al Código de Trabajo que acusó de haber “fracasado en materia de huelgas”. “Es un desmadre que nadie entiende”, había dicho semanas atrás.

No obstante, las críticas en contra del proyecto impulsado por Benavides también son bastantes. El proyecto disgusta a los sectores sindicales, en los cuales ya adversan algunas de las medidas propuestas como la posibilidad de que se puedan rebajar los salarios por los días no trabajados a los empleados que hayan dejado sus puestos para asistir a huelgas que se declaren ilegales.

“Quieren disolver a los sindicatos y eliminar el derecho constitucional de huelga”, dijo anoche en su cuenta de Twitter, Albino Vargas, el representante sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que además anunció desde ya la apertura de “otra confrontación social”.

Pero, ¿qué dice el proyecto de reforma propuesta por Benavides? Le explicamos los principales detalles del texto al que, anoche, 47 diputados decidieron abrirle un trámite expedito:

Punto por punto

El proyecto propuesto por Carlos Ricardo Benavides se enfoca en tres puntos: acelerar el proceso de declaratoria de legalidad de las huelgas, modificar los causales para la disolución sindical y establecer la posibilidad de rebajar los salarios de los trabajadores que se sumen a movimientos ilegales de forma retroactiva.

En cuanto a la celeridad de las declaratorias, la iniciativa obligaría a las representaciones sindicales a contar con medios electrónicos para ser notificados cuando corresponda; al tiempo que elimina el trámite de calificación de las huelgas para los servicios esenciales.

Si ocurre una huelga en ese tipo de servicios —actualmente prohibidas—, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José deberá determinar la reincorporación de los trabajadores que se dediquen a esas actividades en un plazo máximo de 24 horas, a las que únicamente se le sumarán otras 24 horas para la apelación, en las que ya deberán reintegrarse los trabajadores.

Actualmente no están definidos en la ley cuáles son los servicios esenciales de forma específica; sin embargo, la idea de Benavides sería abrir el espacio para añadir al texto una redacción que ya propuso su compañera de bancada, la diputada limonense Yorleny León.

En cuanto al resto de los servicios públicos, se establece un plazo máximo de 24 horas para la declaratoria de legalidad o ilegalidad una vez que se presentan los alegatos, al tiempo que se fijan topes de dos días, tanto para presentar como para resolver los procesos de apelación.

En caso de que se declare legal una huelga en servicios públicos no esenciales, los jueces encargados podrían realizar una revaloración después de ocho días naturales de haberla admitido, de modo que se eviten posibles daños “de difícil o imposible reparación”, como podría pasar en casos como la educación en escuelas y colegios.

En cuanto a las razones para disolver un sindicato, la iniciativa plantea que esta se extiendan para abarcar también todas aquellas acciones que restrinjan los derechos de otros ciudadanos, como podría ser su libertad de tránsito o su seguridad, a través de bloqueos, sabotajes o cualquier otra conducta castigable.

Todas estas normas son el grueso de la propuesta, aunque la disposición que probablemente sea la más polémica de todas tendría que ver con restricciones salariales. Al respecto, el texto señala que las remuneraciones de los empleados que se vayan a huelga podrían rebajarse de manera retroactiva si las huelgas son declaradas ilegales.

Sin atropellos

Según el liberacionista Benavides, la moción aprobada buscará propiciar un espacio de discusión más rápido que el tradicional del Congreso, donde las leyes tardan hasta cuatro años en aprobarse; sin embargo, descarta que se trate de una iniciativa “atropellada”.

Por el contrario, señaló que “el proyecto de ley va a tener un trámite bastante extenso en comisión”, donde se abriría un espacio de cuatro meses para recibir a todos los involucrados posibles, “especialmente sindicatos de trabajadores, representantes de patronos y personas que representen a la sociedad civil”.

“Queremos que nos puedan decir cómo se sienten y cómo pueden mejorarse las condiciones del Código de Trabajo para que la gente no sea agredida en su vida normal por una huelga que, si bien es un justo derecho de todos los trabajadoras, debe tener un balance en relación con la vida de las personas en general”, apuntó.

Además, reiteró que el procedimiento abrirá la posibilidad de fortalecer la redacción del proyecto, a partir de otras iniciativas que ya presentaron diputados de otros partidos.

Cuando fue presentado, el proyecto de Benavides también contaba con la firmas de 30 otros congresista: 12 del PLN, siete del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), siete del Partido Acción Ciudadana (PAC), tres independientes y uno del Republicano Social Cristiano (PRSC).

Para aprobar un proyecto en trámite de vía rápida se necesita de 29 votos en primer y segundo debate, por lo que la iniciativa liberacionista ya habría superado su paso más complicado: obtener la vía rápida.

Para ese tipo de decisiones se requiere de 38 votos, los cuales se consiguieron este lunes con el apoyo de las fracciones del PLN, del PAC, del PRN, ocho diputados del PUSC, el bloque independiente Nueva República, el independiente Erick Rodríguez, la integracionista Zoila Rosa Volio y el republicano Otto Roberto Vargas.

En contra votaron apenas cinco diputados, dos del PIN, la socialcristiana Shirley Díaz, el republicano Dragos Dolanescu y el frenteamplista José María Villalta, quien ya antes había criticado la iniciativa por buscar —desde su punto de vista— “limitar el derecho a huelga”.

Benavides ya había manifestado desde varias semanas atrás su intención de promover una vía rápida para su proyecto; sin embargo, concretó sus intenciones hasta este lunes porque habían existido dudas en algunos otros diputados —especialmente el bloque independiente— para apoyar la iniciativa.

Incluso se había leído una moción antes en el Plenario, la cual fue intensamente criticada por el frenteamplista Villalta, quien alegó que se había presentado sin mayores anuncios y de forma apresurada. Sobre esta nueva moción, el mismo diputado dijo que es más clara que la anterior; sin embargo, sí criticó que no se tomó en cuenta el receso de fin de año, que seguramente reducirá los tiempos de discusión, y que la discusión deberá apegarse a los estándares internacionales de la OIT y otros organismos.


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