Cada vez que un consumidor realiza un pago con su tarjeta de crédito o débito, una porción de su transferencia se redirige inmediatamente hacia el banco que provee el servicio de datáfono y de la red electrónica para el negocio en el que realiza su compra.
Esa porción del pago se llama “comisión de afiliación”, y representa un porcentaje acordado entre el negocio y el banco que provee el datáfono por facilitar esa tecnología.
Esta comisión, sin embargo, no es regulada por nadie más que los bancos, a pesar de que finalmente produce fuertes impactos en el precio de los productos, en las utilidades de las empresas y en los impuestos que ellas terminan pagando.
De hecho, ni siquiera existe certeza sobre cómo se regulan actualmente esos porcentajes de las comisiones por afiliación, a pesar de que sectores comerciales aseguran que existe un acuerdo interbancario que se hizo público en 1992, y que parece seguir vigente. Ese documento estableció comisiones mínimas del 1% para gasolineras, del 2% para supermercados y servicios públicos, y del 4% para el resto de los negocios.
Esta escala también la reconoce el Banco Central, cuyo director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central, Carlos Melegatti, aseguró que se trató de un consenso “de hace muchos años; quizás con otras realidades”.
Estos porcentajes ahora están en la mira de comerciantes y de algunos políticos, en vista de que son mucho más altos que los promedios que se cobran en otros países dentro y fuera de la región.
Según datos recopilados de la Cámara de Comercio y del Banco Central, el Banco Central Europeo establece comisiones del 0,3% para las tarjetas de crédito y del 0,2% para las tarjetas de débito; mientras que en países más cercanos como México, Argentina y Colombia las tasas oscilan entre 1,4% y el 2,3% para tarjetas de crédito, y entre el 0,3% y el 1% para las tarjetas de débito.
En esa comparación, la Cámara de Comercio asegura que sale perdiendo, pues las tasas nacionales se promedian en un 5% y ese impacto se traslada a los precios y a las utilidades de las empresas, que incluyen el porcentaje por el uso de redes electrónicas como un costo de operación más (por tanto cobrable).
Se necesitan regulaciones
Las comisiones por afiliación se dividen en dos componentes: la comisión “de adquirencia”, que se acuerda entre el banco y el negocio por la provisión del servicio electrónico de pago; y la comisión de “intercambio”, que la retiene el banco proveedor del datáfono para traspasarlo al banco proveedor de la tarjeta (de crédito o débito).
Para Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, ambas comisiones deben ser reguladas, a través de “criterios técnicos” que suplan los actuales acuerdos entre los bancos.
“Que exista un acuerdo no es necesariamente malo ni es un problema, pero el problema es cuando se hace un acuerdo entre competidores y ese acuerdo no está tutelado por nadie”, comentó el representante de las casas comerciales.
Esa falta de tutela, por ejemplo, se evidencia en que las comisiones que se cobran no han cambiado sustancialmente desde los años noventa, a pesar de que el mercado sí ha crecido exponencialmente desde ese entonces.
Sólo en el año 2018, el Banco Central contabilizó más de 407 millones de operaciones con tarjetas de crédito, hechas por más de 2 millones de tarjeta-habientes, con un volumen financiero de $15.000 millones (más de ¢9 billones).
Además, Elizondo destacó en un reciente foro en la Asamblea Legislativa que los bancos han tenido muchos incentivos para reducir los costos relacionados con el ofrecimiento de los datáfonos, pero no así con las comisiones interbancarias, que más bien se han mantenido en porcentajes estables (a pesar de los avances tecnológicos y de los mercados).
En Costa Rica, son seis los bancos que ofrecen el servicio de datáfonos (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Credomatic, Davivienda, Promérica y Scotiabank) y juntos abarcan el 85% de la emisión de tarjetas; sin embargo, son 24 las entidades que ofrecen plásticos de débito y crédito, por lo que todos cobran comisiones de intercambio.
Este Semanario contactó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para solicitar su posición en relación con las formas en que se gestionan las comisiones actualmente y sus perspectivas sobre posibles regulaciones; sin embargo, declinaron referirse al tema a través de su agencia de prensa.
Semanas atrás, su asesor económico Ronulfo Jiménez también había declinado referirse sobre los posibles acuerdos vigentes en relación con las comisiones en entrevista con La Nación; aunque sí había manifestado cierta apertura para un proceso de “modernización” en su establecimiento.
Eso sí, había argumentado que no le parecía conveniente realizar comparaciones con otros países que eran de más altos ingresos o que contaban con menores índices de bancarización que los costarricenses, y por tanto necesitaban menor inversión tecnológica en materia de redes.
Proyecto de ley
En la Asamblea Legislativa ya se tramita un proyecto de ley para atender esta falta de regulación, bajo el expediente 21.177. La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, quien fue ministro de Economía, Industria y Comercio.
Además del diputado del PAC, firmaron el proyecto otros 33 diputados, tanto de su propia fracción como las del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Integración Nacional (PIN), del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), del Frente Amplio (FA), del bloque independiente autodenominado Nueva República y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Este proyecto propone que las comisiones sean determinadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía, a través de su Comisión para Promover la Competencia, por medio de “un único porcentaje para todos los comercios” que deberá ser publicado y revisado por los bancos emisores cada 24 meses.
Además, el texto establece que la comisión tendrá que ser más baja para las tarjetas de débito, una diferenciación que es constante en el resto del mundo, pero que aquí no se aplica.
Sobre este proyecto, el diputado Welmer Ramos indicó que la idea es fomentar la competencia de las empresas reduciendo el impacto de las deducciones; así como aumentar la capacidad adquisitiva de las personas que hoy deben pagar porcentajes muy altos por consumo.
“Resulta que el uso del dinero plástico en Costa Rica es 20 veces más caro que en Europa para el comercio que lo acepta y esto tiene que ver con las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos (…) Nosotros tuvimos un amplia discusión por el 1% del IVA a la canasta básica, pero no hemos tenido una discusión por este 5% que representa transar todos los bienes. Cuando las comisiones son tan altas, el comercio toma esas comisiones como parte de los costos y las transfiere de alguna manera al consumidor, lo que hace más caro al país, hace más ineficientes los sistemas productivos y concentra la riqueza”, señaló Ramos.
Asimismo, subrayó que esto favorecería la inclusión de cada vez más negocios que puedan recibir pagos electrónicos, incluidos servicios públicos como el transporte, pues actualmente los costos son muy elevados. “El mundo va hacia la digitalización de las transacciones por motivos de trazabilidad y de competitividad, pero eso no puede pasar si el costo es muy alto”, puntualizó.
En diciembre pasado, el también diputado José María Villalta, del FA, había solicitado al Banco Central tomar acciones en la materia, ante lo que calificó como “un saqueo diario a los bolsillos” de consumidores y comerciantes.
Para Villalta, el acuerdo interbancario mediante el que se rigen las comisiones actualmente no solo es una desatención de la administración pública, sino que se configura como un “pacto ilegal y contrario a la Ley de Defensa del Consumidor”.
