¿Qué cambió para que esta reforma fiscal esté a punto de aprobarse?, según los diputados

Impulsores y detractores de la reforma coinciden en que la presión del entorno político fue una de las principales explicaciones para que el proyecto superara sus obstáculos, especialmente el temido filtro de la Sala Constitucional.

Dos proyectos de reforma fiscal habían quedado postrados en la Sala Constitucional en los últimos 12 años: la Ley de Pacto Fiscal (administración Pacheco 2002-2006) y la Ley de Solidaridad Tributaria (administración Chinchilla 2010-2014). Ambas fueron aprobadas en primer debate por los diputados de entonces; sin embargo, quedaron despedazadas al llegar al filtro constitucional.

Ese temido filtro judicial fue el que recientemente sorteó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el tercer intento de reforma tributaria de los últimos 15 años y el primero que parece tener probabilidades de éxito en lo que va de este siglo.

Las explicaciones para este avance son vastas para los diputados en el Congreso, y señalan desde una mejor actitud de la oposición política representada en el Congreso hasta un aprendizaje de los errores cometidos en el pasado.

No obstante, solo una explicación se repite y resuena con igual fuerza desde los impulsores hasta los detractores del texto: esta vez la cuerda se tensó a tal punto que nadie quiso estirarla más y el factor presión resolvió “los imposibles” de una reforma que se le había negado a Costa Rica por años.

Entre los principales expositores de esta teoría coinciden dos diputados que, a la vez, tienen visiones ideológicas antagónicas sobre el tema: Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA); el primero uno de los principales defensores del proyecto y el segundo uno de sus principales opositores.

Ambos comparten la postura de que la extrema fragilidad económica forzó el camino, y nada de extraño tiene eso, pues tienen como referencia aquel último intento de reforma fiscal que se había impulsado en el gobierno de Laura Chinchilla.

En aquel momento, Villalta enfrentaba su primer periodo como diputado de la República, una época que más tarde lo impulsaría como candidato presidencial; mientras que Benavides ocupaba el Ministerio de la Presidencia. Además, el liberacionista ya antes había sido diputado cuando se truncó el proyecto de Abel Pacheco, en el último gobierno socialcristiano.

Según Benavides, no hay duda, debido a la situación fiscal del país —con un déficit financiero que apunta al 7% del PIB y una deuda que supera el límite sostenible del 50%—, incluso los magistrados debieron contemplar un contexto político que antes no habían visto de la misma manera. En parte, señala, debieron apreciar un contexto mucho más alineado con la reforma.

Para el liberacionista, hubo un fuerte viraje en la “opinión pública” que conjuntó como nunca antes a medios de comunicación, grupos de presión y organizaciones sociales, algo que debió permear a una Sala “cuya jurisdicción está enmarcada en la gran política; es decir, el concepto de política más puro”.

Similar opinó el frenteamplista Villalta, quien agregó —desde un punto de vista mucho más crítico— que “la Sala IV es el tribunal más político que existe en Costa Rica y obviamente la sentencia estuvo marcada por fortísimas presiones políticas de parte del Gobierno, diversos sectores y varios medios de comunicación”.

“Yo creo sería ingenuo ignorar que en un tribunal que tiene tantas implicaciones políticas como la Sala Constitucional hubo esa presión. Eso es un factor, pero también tiene que ver con los actores sociales y políticos que están involucrados”, señaló.

“Contra el plan fiscal de Laura Chinchilla estaba en contra una parte nada despreciable del empresariado, había una parte importante del sector empresarial y de grupos con influencia en contra del proyecto; en este caso, fue diferente. A pesar de la fuerza social de la huelga, lo cierto es que el poder económico del sector empresarial y de los grupos de mayor poder económico estaban totalmente alineados con el plan fiscal de Carlos Alvarado, entonces todos esos factores jugaron”, puntualizó el opositor sobre las presiones.

Una Sala política

Justo en esta misma línea, Villalta asegura que es difícil hacer comparaciones con el pasado porque ha variado el contexto y la integración de la Sala; sin embargo, no teme apuntar a que posiblemente la Sala fue “más fuerte y más rigurosa” en el proyecto de Laura Chinchilla.

“La Sala fue muy dura en el 2012 y ahora más bien me parece que fue muy blanda. De hecho, en la parte por el fondo de esta ocasión, si uno ve con cuidado la sentencia, la Sala Constitucional en parte nos da la razón a los consultantes en varios puntos, cuando dice que ‘tal artículo no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete de tal y tal forma’. Cada vez que hace eso resulta que es una interpretación que modifica el sentido del artículo y de alguna manera lo que hace es un malabar jurídico para corregir los problemas del proyecto sin declararlo inconstitucional”, señaló.

“Si ese procedimiento se hubiera seguido en el 2012 creo que no se hubiera traído abajo el plan fiscal de Laura Chinchilla, porque realmente las objeciones por las que se lo trajo abajo no eran de tanto peso”, agregó, en referencia a las sensibilidades que observa en este nuevo análisis.

Al respecto, el diputado Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e impulsor de la iniciativa, no vio mayores problemas. Según el socialcristiano, sería imposible no pensar en una Sala que tenga el derecho y “la vocación” de interpretar lo que sucede en la sociedad, más allá de “ver solo la norma jurídica”.

En esa línea, prefirió no calificar el voto como un fallo hecho a la medida para la aprobación de la Asamblea, sino como una resolución “hecha en función de la necesidad del país, en el análisis de la norma y en el análisis de lo que pasaba en la sociedad, incluidas las condiciones del sistema financiero”, según aseveró.

Al respecto, el jefe liberacionista, Benavides, también comentó que quizás “la opinión especializada de distintos grupos de la sociedad sí pudo haber afectado la forma en que se ven las cosas desde el tribunal constitucional”, algo que “no podría ser de otra manera, en defensa de la Sala”.

Aprendizaje conjunto

Por último, pero siempre en la misma línea que los demás congresistas, la presidenta del Congreso, la oficialista Carolina Hidalgo, apuntó que sería imposible negar que existe “un aprendizaje en toda la institucionalidad” sobre la importancia de corregir —al menos parcialmente— ese desequilibrio entre gastos e ingresos que esta vez aqueja con más fuerza la situación financiera del Estado.

“Yo creo que la tercera tenía que ser la vencida. Ya existe un aprendizaje de toda la institucionalidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y del Poder Judicial de que el proyecto era necesario y debía salir adelante, entonces el compromiso de parte de las fracciones y de las instituciones con el tema ya era bastante contundente”, comentó.

Además, igual que Benavides, señaló la importancia de la cohesión entre sectores externos como “los medios, los sectores económicos y buena parte de la academia”, los cuales hicieron que “de alguna manera el contexto cambiara porque existía un porcentaje altísimo de actores institucionales y de la sociedad civil que estaban alineados con la necesidad del proyecto”.

No obstante, tampoco evitó señalar posibles factores para que esta vez el proyecto sí superase el filtro constitucional como un mejor manejo del proceso que guiaron ella y su compañero de fracción, Welmer Ramos, quienes fungieron como presidentes en el Plenario y en la comisión fiscal, respectivamente.

Según la presidenta, ese fue un factor extra, en parte porque existían mayores antecedentes para ubicarse.

En ese factor coinciden en menor medida el resto de los congresistas, incluidos varios impulsores, de los cuales algunos expresan cierto alivio —fuera de micrófonos— por el tratamiento más laxo que le dio la Sala al procedimiento, del que incluso rechazaron resolver la consulta específica que se hizo en esa materia.

Explicaciones aparte, ahora los diputados esperan la redacción final de la resolución de la Sala sobre la reforma fiscal, de la que por ahora solo conocen sus implicaciones finales. Una vez que tengan el texto completo podrán entrar a conocer el proyecto en segundo debate y aprobarlo como Ley de la República si se repite la votación del primer debate.


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