El Partido Unidad Social Cristiana anunció la tarde de este lunes su oposición “rotunda” al expediente N°23.331 Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica.
En conferencia de prensa la jefa de fracción Daniela Rojas informó que la agrupación llegó el acuerdo de oponerse “de manera rotunda” al proyecto y puntualizó que el mismo “no va a contar con el apoyo ni el respaldo de esta fracción”.
En un comunicado, el PUSC detalló las nueve razones por las que se opone, de las cuáles Rojas destacó el valor del conglomerado, “que no representa ni un 3% de la deuda” y menos si se vende por partes “lo que podría afectar este monto y significaría entonces aún menos en el porcentaje de la deuda”.
Además, dijo, no hay claridad de lo que sucedería con los 4.300 funcionarios del banco y agregó que si se liquidaran, eso implicaría un costo de al menos $21 mil millones de dólares. Mencionó también la importancia del aporte que realiza el banco en cargas parafiscales, que entre el 2019 y 2022 ha sido de unos ₡124.000l millones.
Finalmente, Rojas dijo que el proyecto le da al Consejo de Gobierno la tarea de realizar la venta pero que este es un “órgano completamente político que está integrado incluso por el señor Presidente de la República y esto no permite que se establezcan esquemas de control ni de supervisión que van a generar inseguridad jurídica”.
“Eso nos lleva a un tema de transparencia o más bien de la falta de transparencia, porque la venta de un activo tan importante para el Estado y además la manera en que se haga, debe seguir parámetros de transparencia y de contratación pública, debe seguir con acuerdos que hemos tomado en la OCDE, por ejemplo, y nada de esto se estaría cubriendo, ni tampoco tendríamos claro si quien vende va a recibir comisión o de cuánto sería esa comisión. Estos son temas de suma importancia para nosotros y que debe conocerlo todo el pueblo de Costa Rica”.
Otras razones listadas son: la incertidumbre que ha generado el anuncio de la venta del banco sin preparación alguna, el hecho de que no se tiene claro qué pasará con los servicios de carácter público que ofrece el banco y los fideicomisos que administra, la falta de fiscalización por parte de entidades como la Contraloría General y otra; así como la propuesta de que la venta se de “fuera de los principios de contratación pública”
La diputada Vanessa Castro. hizo hincapié en lo problemático de que el proyecto pretenda poner la venta del BCR en manos del Consejo de Gobierno pues “legalmente, el Consejo de Gobierno no tiene las funciones adecuadas para encargarse, por ejemplo, de ser el accionista o para encargarse de elegir un grupo de ministros que van a ser los que al final van a determinar la venta y esto podría acarrear una posible inconstitucionalidad”.
“Pero tal vez el elemento que tanto tiene que ver con el proyecto de ley como en sí, con, con el, con, con la decisión de si se vende un bien del Estado tiene que ver mucho con el precio. No existen los estudios a fondo que puedan determinar exactamente cuánto vale el banco”, dijo.
Por esa razón, especialmente, dijo Castro, aunque se realicen cambios, no es posible cambiar la exposición de motivos y es ahí donde se debían incorporar los estudios correspondientes, de modo que no “definitivamente este proyecto de ley bajo este expediente no va a contar con el apoyo de la fracción”
