La intensa corriente que sacudió la Asamblea Legislativa este 13 de abril y que provocó recesos constantes, discusiones de alto voltaje e incluso la repetición de una votación que antecedió al anuncio del retiro del presidente Rodrigo Arias de este trámite, estuvo conducida por un reclamo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que insistió en un acuerdo político para colocar en la cúspide de la agenda legislativa la autorización para que las empresas privadas de electricidad pudieran exportar excedentes al mercado eléctrico regional (MER).
Daniela Rojas, jefa de la bancada del PUSC, anunció desde la reunión de jefes de fracción en la mañana que no toleraría que se postergara más el expediente 22.561, presentado en la anterior administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), para autorizar a las empresas de generación privada colocar sus excedentes en el MER. Reclamó que desde hace un mes solicita el trámite de este proyecto, que requería el conocimiento de 74 mociones de reiteración en el Plenario.
Al final del día, logró un acuerdo para colocar el proyecto como prioridad, en el primer lugar de la agenda, con la condición de dedicarle al menos una hora de trámite en el Plenario por día, para luego postergarlo y poder conocer otros expedientes. Esto le permitió, en el primer día del acuerdo, el rechazo de tres mociones, y la aprobación de una para discutir si los generadores debían asumir los costos de esta exportación.
Sin embargo, debe enfrentar una corriente alterna: la defensa de las mociones del Frente Amplio (FA), que asegura que el proyecto solo pretende beneficiar a unas nueve empresas de generación privadas, y que tendrá como consecuencia un impacto en las tarifas eléctricas, ya que replanteará las reglas para la exportación de energía en Costa Rica: en lugar de una actividad limitada para el ICE, cuyas ganancias se trasladan directamente a los usuarios del sistema mediante rebajas en las tarifas (sí, fue lo que permitió la rebaja en las tarifas del año pasado que tanto festejó el presidente Rodrigo Chaves), se pasaría a un sistema en el que parte de las exportaciones serían para lucrar a los generadores.
Y en medio de la discusión, no faltaron chispas en el debate. Primero el presidente legislativo Rodrigo Arias tuvo que anunciar una resolución, luego de uno de los variados recesos, en el que anunció que únicamente se agruparían dos mociones. «El resto de las mociones, muestran una dificultad para ser agrupadas en un mismo acto. En consecuencia, se discutirán y votarán en forma individual, para salvaguardar los principios de derecho de enmienda, participación política, publicidad y seguridad jurídica del procedimiento», dijo.
Empero, posteriormente, luego de que se votara la primera moción en forma negativa, anunció que se debía repetir este acto, y además que se excusaría de la votación, acogiéndose al artículo 105 del Reglamento Legislativo. Este indica que un diputado puede retirarse cuando considere que puede otorgar de forma directa un beneficio para si mismo, sus familiares o empresas en las que tiene participación accionaria.
Debe recordarse que Arias fue presidente de la empresa Ingenio Taboga de 1974 al 2006, y su hija María Andrea Arias Grillo es la presidenta actual. La compañía es una de las mayores exportadoras de azúcar en el país y es uno de los generadores privados, que junto con el Ingenio el Viejo y el antiguo Catsa tienen instalado 70 megavatios de potencia, que venden al ICE durante la estación seca. Adicionalmente, fue la primera empresa a la que el actual gobierno le otorgó una licencia para un proyecto de cultivo y procesamiento de cáñamo.
Un debate de alto voltaje
El proyecto autoriza al Ministerio de Ambiente a incluir en el título habilitante de las empresas que tengan una concesión para vender electricidad al ICE, para que puedan usar esa concesión para vender su energía en el MER.
No se trata de una iniciativa aislada: hay al menos dos proyectos con intenciones similares generados por el gobierno anterior, y en la Comisión de Energía, el espíritu del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico (este si, presentado por el actual gobierno) apunta a fortalecer el papel de las empresas privadas y reconocerlas como agentes en el mercado eléctrico.
Al respecto, Rojas aseguró que se trata de una discusión que algunos sectores quieren evitar y boicotear, pero que beneficiará al país y generará mejores condiciones para atraer la inversión privada.»Estamos solicitando que se cumpla un acuerdo al que ya se había llegado, para que al menos se vea este proyecto una hora por día», dijo. También rechazó que fuera a afectar las tarifas eléctricas de los usuarios.
Por su parte, los diputados del FA enfatizaron en que no se ha roto ningún acuerdo, y destacaron que en la jornada de ayer, los recesos y negociaciones no fueron provocadas por su bancada.
En cambio, insistieron en que hay que abrir el Plenario para discutir algunos elementos. «Este proyecto es un hijo del PAC, fue hecho por André Garnier, a imagen y semejanza de los generadores privados», dijo Antonio Ortega, quien insistió en que solo beneficiará a un grupo reducido de empresas, mientras que generará afectación para el resto de familias y usuarios.
Al final, esto no evitó que se aprobara el acuerdo para colocar al proyecto en el primer lugar de la agenda, por lo que luego del control político, aparecerá como tema que se deberá discutir hasta que se vote… a menos que se cumpla la otra parte del acuerdo, para postergarlo luego de una hora por día.
Empero, en su primer día, solo logró el avance en rechazar tres de las mociones de reiteración. Sin embargo, hacia el final de la sesión, el Plenario si acogió la propuesta del FA de discutir un tema: que las empresas privadas, así como buscarían asumir ganancias en el MER, asumieran también costos y riesgos por ello. Empero, no se concretó alguna resolución, porque Gloria Navas, en sustituto de Arias, anunció que había expirado el primer día.
