La fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley con el cual busca que los empleados públicos que sean contratados en el futuro coticen para su pensión en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), independientemente de la institución en la que laboren.
La iniciativa además impone una contribución solidaria para quienes actualmente se encuentren jubilados y reciban una o más pensiones que, al sumarlas, superen el tope máximo que se otorga en el IVM (¢1,5 millones). El aporte especial sería de entre el 10% y el 80% sobre el exceso del tope, sin que la reducción total sea mayor al 55% del monto bruto total de esas pensiones.
Actualmente, el sistema jubilatorio costarricense está compuesto por diversos regímenes públicos con características disímiles en cuanto a cotizaciones y beneficios, los cuales generan gran desigualdad, pues mientras un reducido grupo de personas concentra sumas millonarios por las que no necesariamente cotizaron, otros reciben ingresos que no les permiten salir de la pobreza. Esto a pesar de que estos regímenes básicos son parte de la seguridad social y, por lo tanto, deben ser solidarios y equilibrados.
Por ejemplo, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el cual cobija a la gran mayoría de trabajadores, el aporte obrero es de 3,8% del salario, el patronal de 5,08% y el estatal de 1,24%. Las personas se retiran a los 65 años de edad con aproximadamente el 60% de su promedio salarial de los últimos 20 años y el tope máximo de pensión es de ¢1,5 millones.
En cambio, en el Poder Judicial, previo a una reforma aprobada en abril de este año, los empleados aportaban el 11% de su salario y el Estado en total 15,6% al sumar la contribución como patrono y como Estado. Los funcionarios se podían retirar con el 100% de su salario de los últimos dos años, sin que hubiese un tope máximo establecido y hasta tenían posibilidad de un retiro anticipado a los 55 años.
Una investigación realizada por UNIVERSIDAD, con el apoyo de la plataforma periodística para las Américas, CONNECTAS, reveló que ese fraccionamiento del sistema jubilatorio permite que existan 17.400 personas que reciben por mes más de una jubilación. Entre ellos hay 100 personas que reciben en total sumas superiores a ¢5 millones, entre quienes están expresidentes, exdiputados, exmagistrados, catedráticos y familiares de estas personas que heredaron el beneficio.
El proyecto de ley que presentó el PUSC la semana anterior se tramita bajo el expediente número 20.927 y se titula “Ley de justicia, solidaridad y solidez de las jubilaciones en Costa Rica”. Los legisladores utilizaron los hallazgos de la investigación UNIVERSIDAD como parte de los insumos para elaborar el plan de ley, según se lee en el documento.
El diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, indicó que el impuesto solidario también se aplicará a las pensiones de expresidentes, las cuales actualmente son de ¢3,8 millones.
“Como socialcristianos estamos comprometidos con el principio de dignidad de las personas. Estamos seguros de que con este proyecto respetamos la dignidad de todos los costarricenses, pero al mismo tiempo le estamos devolviendo la justicia a un tema que ha sido injusto”, dijo Muñoz, quien además instó al Poder Ejecutivo a convocar este proyecto en sesiones extraordinarias.
