La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) alertó el contenido inconstitucional que contiene el plan del Gobierno para fusionar las instituciones de vivienda Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) al Ministerio de Vivienda.
En una conferencia de prensa, este martes, se pidió que se retire al proyecto del trámite de la Asamblea Legislativa.
La jefa de fracción, Daniela Rojas, declaró que existen “varios vicios constitucionales haría el proyecto inviable e inconstitucional”, entre los cuales destacó que “desaparece el bono de la vivienda, una conquista social y una lucha que ha dado el PUSC”.
Rojas explicó que existe una “concentración excesiva de poder” y que, de aprobarse, se crearía un “megaministerio con muchísimas potestades al ministro de turno”.
El subjefe de la bancada Carlos Felipe García también señaló que se elimina el marco normativo de las mutuales “que componen el 60% del Fondo Nacional para la Vivienda de nuestro país”.
El diputado Alejandro Pacheco señaló que la propuesta del Gobierno es “populista”, pues afirma que se planteó “reducir el aparato administrativo” sin mencionar que se cierra el Banvhi y se elimina el bono de vivienda. El diputado Pacheco calificó al proyecto de ley de “descabellado”.
El proyecto de ley creación del Ministerio de territorio, hábitat y vivienda (23.450) se presentó a inicios de noviembre pasado, en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. En ese momento, la ministra de Vivienda, Jessica Martínez aseguró que no cambiarían las condiciones para los clientes del INVU del Sistema de Ahorro y Préstamo, así como CredINVU; ni tampoco para los beneficiarios del bono de vivienda.
“Está cerrando el banco, y a la hora de cerrar el banco desaparece el bono de vivienda y desaparecen un montón de conquistas sociales que hemos avanzado en este país para los más necesitados”, reiteró el diputado Alejandro Pacheco.
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Según la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez Porras, el déficit habitacional -cuantitativo y cualitativo- en el país en este momento es de 750.000 viviendas.
Pacheco pidió que, además de rehacer el proyecto de ley, se organice una mesa de trabajo con el PUSC.
“Se está violentando el derecho consagrado en el artículo 65 de la Constitución Política, donde se señala que las familias costarricenses tendrán acceso a viviendas de derecho popular. Se está eliminando al sector privado en la construcción de vivienda popular”, dijo el subjefe Carlos Felipe García.
Anteriormente, el Gobierno ha impulsado otras reformas del Poder Ejecutivo con excesiva concentración autoritaria de labores bajo la figura del ministro de turno. Una de ellas se trata de la eliminación de distintos consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otra elimina órganos ambientales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Las tres iniciativas mencionadas se están estudianto en la Comisión especial de Reforma del Estado.
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La diputada oficialista Paola Nájera, que defiende el proyecto, dijo que “suele utilizarse el tema de que estamos atacando la ciudadanía, la participación, cuando en realidad estamos perpetuando un sistema que favorece intereses privados”.
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Funciones serían asumidas por el Ministerio y se crearían consejos técnicos con voz, pero sin voto, con personas con título académico, incorporación al Colegio y preferiblemente experiencia profesional que participarían de forma gratuita
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