En el Taller Bolaños, en Puntarenas, hay una zona que parece una chatarrera de barcos camaroneros, donde el olor del estero se mezcla con el del herrumbre de las naves que hasta hace unos meses sacaban toneladas de camarón y que ahora se oxidan en playa.
El propietario se llama Miguel Bolaños, un antiguo pescador camaronero que ahora camina entre las cuerdas y tablas rotas de esos barcos, en medio de estañones que no almacenan más que polvo y pintura desteñida por el sol y la sal.
En este ambiente corrosivo, el abandono no es neutro. Cada día de inactividad es un día más de deterioro y ahora costaría más de ¢10 millones volver a poner a punto cada barco. Es posible restaurarlo, advierte, pero cada jornada le agrega costo.
Cada barco de estos podría ser Puntarenas, la ciudad porteña convertida en un foco de malestar ciudadano contra el Gobierno y otras instancias del poder central establecido allá en San José. Cada día de desencuentros aumenta la confusión, el enojo y los reproches al Ejecutivo, al Poder Judicial, a las autoridades pesqueras, a los ambientalistas y hasta a los consumidores de pescado.
El daño progresivo de estos barcos es una metáfora de la economía de Puntarenas, dijo Bolaños este jueves 11 de julio, exactamente un año después de que el presidente Carlos Alvarado visitó la ciudad y prometió medidas que aplacarían una crisis que ya venía de tiempo atrás y que compensarían la decisión ambiental de la Sala Constitucional de prohibir la pesca de arrastre.
La foto ahora, sin embargo, no es mejor que la de hace un año. Puntarenas ha visto multiplicarse los rótulos de alquiler, los negocios vacíos y las solicitudes de empleo; también, la inseguridad. El OIJ ya dice que la cifra de asaltos denunciados en el cantón central puntarenense llegó a 475 entre junio 2018 y junio 2019, con un aumento de 20%, mientras el promedio nacional aumentó solo 5%.
Es que muchos pasaron a navegar en el hambre, explican. “De ganar 500 mil a nada”, dice un pescador camaronero que aprendió a hacer trabajos de reparación y enderezado a los botes para sobrevivir. Lo cuenta a escasos metros de los botes abandonados y de la empresa Talmana, una que exportaba langostino pero frenó su producción por el fallo que declaró “inconstitucional” la pesca de arrastre a mediados del 2013, por el deterioro ambiental al hábitat marino.
El tema lleva años flotando, pero en este año volvió a la superficie en el plano político, con reclamos de diputados a uno de los magistrados que votó en esa resolución y con el intento de otros legisladores de rehabilitar la pesca de arrastre, o con las divergencias entre los oficialistas atrapados en el dilema “ambiente o personas”. También, con la salida forzada del presidente del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) Moisés Mug, o con las críticas directas a Rodolfo Piza, el ministro de Presidencia y encargado de atender a la provincia puntarenense, por orden del presidente Alvarado.
El ministro Piza más bien se aparta de la responsabilidad del conflicto, pues asegura que las negociaciones del Gobierno con los pescadores no le competen a su ministerio. “Yo he señalado que, en el tema de pesca de arrastre, el ministerio de la Presidencia no participará; entre otras cosas porque me parece que es una parte que corresponde al Incopesca, al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y por supuesto a la Asamblea Legislativa”.
Ingredientes de un cóctel
Los jaleos políticos se acumulan y se combinan con los reproches de otros sectores y una economía frenada junto a un alto desempleo, con una tasa que supera el 11% a escala nacional y el 16,% en Puntarenas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Esas molestias se expresaron con protestas desde finales de junio, después de que un grupo de dirigentes de pescadores llegó a Casa Presidencial (martes 25) y nadie allí dentro tenía noticias de ellos, hasta que tumbaron un portón y saltaron las alertas de seguridad internas.
De eso se enteran más o menos aquí en el mercado, en las playas y en los puntos de comercio, 100 kilómetros al oeste de la Casa Presidencial. Lo comentan en el atracadero junto al local de Incopesca. Los lamentos y la ira se manifiestan en medio de los regateos y las ventas (“porque pescado sí hay”, advierte uno de ellos).
Ahí, Minor González vio periodistas y llegó a expresar su cólera contra el Gobierno con palabras e insultos que ni siquiera pidió disimular en este reportaje. Es intermediario de pescado y tiene una carnicería, pero asegura que todo se ha ido a pique mientras el Presidente (“un fresa de San José”, como lo llama) finge interesarse en Puntarenas, según su opinión. Con los ojos exaltados y elevando el tono de voz, suelta una frase que suena a advertencia: “no se han dado cuenta de que un pueblo con hambre no piensa”.
Ya menos gente confía en el Gobierno y en su plan de reactivación económica para promover la pesca sostenible de atún o una campaña para llevar turistas locales a Puntarenas, aunque siguen llegando. Paquita, un conocido comerciante del mercado, critica que el Gobierno está trayendo atuneros italianos y no favoreciendo a los puntarenenses. “Diay, salió en la prensa”, dijo sobre un supuesto convenio del que reportó Diario Extra hace un año, citando al alcalde Randall Chavarría.
Acá todos saben que el diálogo está en punto muerto. Lo señala el exfutbolista y expescador Norman Pin Gómez sentado en su bicicleta. “El ánimo de la gente anda mal. No hay ni fútbol en Primera División para entretenerse y las noticias que llegan son como esa, que se levantaron de la mesa”.
Se refería a lo ocurrido el día antes, cuando dirigentes de Puntarenas, Limón y Guanacaste se reunieron una vez más con el presidente Alvarado y otros jerarcas en Casa Presidencial por más de tres horas, pero se devolvieron “decepcionados y defraudados”.
Las mesas de negociación se traducen en pocos resultados y una relación cada vez más compleja, pues el diálogo se ha roto en muchas ocasiones y por eso es que los pescadores no creen que una reunión más con el Gobierno les garantice algo o les devuelva algo que tuvieron hace tiempo.
Es lo que quiere Elías Barrantes, un pescador y padre de dos hijos, que alistaba su barco Popotito II para entrar ocho días a sacar macarela. A veces gana unos ₡200 mil por quincena, que gasta en su familia y en lo que requiere para echar a andar la embarcación. Este jueves llevaba 40 tinas de hielo y 140 litros de combustible.
Escepticismo y confusión
Más allá, a lo largo de la explanada del atracadero, un hombre vendía pipas frías, otros cuatro hombres cargan el hielo a una embarcación que estaba a punto de zarpar, propiedad de una familia de origen chino que también se queja por la caída en las ventas de su ferretería. “No sé si tendremos que irnos”, decía Jimmy Li.
Al lado, otro grupo de pescadores cortaba el pargo recién sacado del mar. Pesaban y cobraban ahí mismo. La pequeña actividad económica pesquera no está paralizada, pero se bate en múltiples temores, confusiones y resentimientos que llevan mucho tiempo, pero que se han acentuado en el último año con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Hay temor porque los costos incrementan con el IVA”, dice Ilker Reyes, un comerciante que tiene una pescadería en el mercado municipal de Puntarenas. Batido entre la confusión y las maniobras con las que alistaba el pedido de un cliente, decía que no tiene idea de qué va a pasar con el pargo, camarón o los filetes de corvina que vende, una vez que esos productos pasen a pagar el 13% de ventas por haber quedado excluidos de la canasta básica tributaria.
No saben si pagar el impuesto o emitir factura. Saben que el pescador que sale mojado y en chancletas no está inscrito como contribuyente, con lo cual los intermediarios prefieren no cobrar el 13% del IVA porque no tienen a quien pasarlo. La Dirección de Tributación ha dicho que basta con emitir una factura de compra a ese pescador y así comienza la cadena, pero acá nadie tiene claridad.
Y a eso se suma la ley de la oferta y la demanda. Es lo que decía Shirley Álvarez, dueña de la pescadería Pamela, en el otro extremo del mercado. “La venta ha bajado montones porque los de Chepe se comen “cualquier zopilote” que compran a China o a otros países y eso afecta a los pescadores del puerto”, se queja en una parte de una larga perorata en la que mencionó elementos religiosos, partidarios, geográficos y económicos.
Por eso es que, a un año de la visita del presidente Alvarado, muchas cosas han cambiado en esa provincia: la paciencia se agota y la tensión aumenta, tanto así que el mandatario canceló una gira que estaba planeada para este fin de semana por motivos que no detalló más allá que “asuntos personales”.
En todo caso, no era el momento idóneo, advertía ese jueves el alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, refiriéndose a la visita de Alvarado. “Las cosas no están bien”, resumió antes de criticar la gestión de Mug en Incopesca.
“Él lo que hizo fue dar largas al asunto, no quisieron hacer los estudios que ordenó la Sala IV. No hay justificación para suspender las licencias; uno quisiera ver más disposición de parte del Gobierno, que podría liberar algunas licencias. La pesca de arrastre era la que movía la economía de Puntarenas, pero parece que prefieren favorecer a importadores”, sostiene Chavarría, quien pretende reelegirse como alcalde en los comicios de febrero, con la bandera del PUSC.
El oficialista PAC carece de diputados puntarenenses. Eso, consecuencia y causa de muchos otros factores, limita las acciones del Gobierno. Aunque el legislador josefino Enrique Sánchez ha sido encargado de la bancada para Puntarenas, reconoce que el conflicto es complejo y difícil de resolver pronto, pero asegura que se han ido atendiendo otros reclamos, como la ampliación de La Angostura y habilitar el turismo en la Isla San Lucas.
“Lo de pesca exige reformas legales y estudios técnicos; es un proceso lento”, dijo. Aún no hay claridad sobre la posibilidad de volver a incluir el pescado en la canasta de productos exonerados. Tampoco hay una ruta clara para sustituir la pesca de arrastre, considerando además que algunos grupos de pescadores se oponen a ella.
De las redes de la pesca a las redes del narco
Pedro (nombre ficticio) venía el 4 de noviembre con otros cuatro hombres en aguas de la zona sur Costa Rica en una embarcación cargada con 600 kilos de cocaína, pero policías ticos y estadounidenses los capturaron y ahí acabó todo.
Su esposa le había pedido que por favor dejara de dar servicios a esos señores colombianos que lo reclutaron gracias a recomendaciones de otros que describieron a Pedro como un lobo de mar, atrevido y conocedor.
Nada había sido suficiente para persuadirlo de alejarse de los extranjeros. Había sido más fuerte el argumento del dinero (le ofrecieron $25.000 por ese viaje, cuenta un familiar), la situación de la pesca y la protección propia, pues Pedro conocía cada vez más esos negocios y a sus clientes no les servía tenerlo afuera de su red. Como las macarelas en los trasmallos, es muy fácil entrar y casi imposible salir.
Entonces en los primeros días de noviembre embarcó junto a tres de ellos y otro costarricense para traer mercadería de esa que viaja constantemente hacia Estados Unidos. Ya no era solo ir a abastecer con gasolina a embarcaciones de los narcotraficantes. La relación había ido creciendo y ahora le confiaban los viajes más importantes, con 30 sacos de altísimo valor en el mercado criminal.
Hasta que cayó. De allá le avisaron a su esposa, para que supiera que el pescador Pedro había caído en las redes policiales, que finalizaban sus esfuerzos por llevar buen billete a ella y a los tres hijos adolescentes. Quedaban al garete dos lanchas que él había comprado con el dinero que pagaban los colombianos, que servían para disimular los ingresos.
Poco a poco, Pedro se había alejado de su actividad pesquera, pero veía las dificultades de sus colegas para sacar ganancias, para obtener con pescado más que los costos y que valiera todo el sacrificio. En el negocio del narcotráfico no hay vedas, no hay necesidad de renovar permisos, no dependen de las mareas ni de la competencia con otras actividades extractivas marinas. Y no tienen por qué cuidar el ambiente, claro.
Ahora la familia de Pedro se sostiene con lo que genera una de las lanchas que compró con ₡10 millones. La otra está varada, en espera de reparaciones. Recibe unos ₡150.000 semanales por el pescado que saca otro familiar. “No está tan mal”, dice mirando hacia el estero, antes de advertir que como Pedro hay muchos otros.
Un equipo de UNIVERSIDAD vio llegar la embarcación al sitio donde todos intentan colocar la pesca al mejor postor, o al menos peor. Es un sitio donde se materializa el primitivo ejercicio de cambiar peces por dinero; hombres en chancletas con los dedos como tubérculos, la piel hecha cuero y ojos entrenados para mirar bajo el sol. Parece que sonríen, pero en realidad están evitando encandilarse. Huele a pesadumbre y por eso muchos creen que tienen poco qué perder, dice uno de ellos.
“Tengo un conocido que murió ahí en la cárcel. No digo que esté bien entrar a eso, pero la tentación es alta. Imagínese que la primera vez que le llegaron (a Pedro) él era empleado en un camaronero y limpiaba pescado”, narra despacio, bajo condición de anonimato (después este periódico cotejó elementos de esta historia con información publicada en medios y con el comunicado de la Policía Control de Drogas).
La esposa de Pedro confirma la situación de su marido, pero prefiere no dar más detalles. De alguna forma sigue recibiendo, sin desearlo, el beneficio de bienes comprados con dinero que llegó de manos criminales extranjeras.
No cuenta que todo empezó con ir a dejar gasolina a Cabo Blanco con embarcaciones alquiladas por los colombianos a lo largo de seis años, con servicios cada dos o tres meses, como otros pescadores que también se habían convertido en taxistas marinos del narcotráfico.
“Iba haciendo su plata y jamás iba a volver a esto (la pesca), que tanto aburre. Pensó que no lo iban a agarrar”, cuenta el familiar. Hasta que lo agarraron, cuando la patrullera pudo más que el motor de 200 caballos que le pusieron a la lancha de 30 pies.
Pedro aceptó su culpa el 4 de marzo para evitar un juicio; fue condenado a ocho año y 10 meses de prisión, confirmó la Fiscalía Adjunta contra Narcotráfico
