Esta es la casa de Margarita Álvarez en el barrio Fray Casiano. Es una pequeña edificación cubierta por latas de zinc, donde dos abanicos conectados a electricidad ilegal revuelven el aire caliente. En este hogar Margarita alimentó a sus seis hijos y 17 nietos con camarones, se diría.
Tiene suelo de cemento, muebles roídos y un refrigerador viejo y vacío. Nada indica que estemos en un hogar que siempre estuvo colgado de la cadena económica de la pesca, esa pesca que ha sostenido de manera casi exclusiva a cientos de hogares en esta ciudad, una Puntarenas que recibió al 2018 convertida en territorio de crisis.
Margarita es “peladora” de camarones y ahora no tiene qué pelar. Está libre este miércoles como casi todos los días desde que la actividad camaronera se redujo de golpe por las restricciones ambientales contra la pesca de arrastre. Ella acaba de llegar de una manifestación callejera convocada por dirigentes locales para presionar al Gobierno para que ofrezca alternativas.
Margarita no comprende bien por qué se ha frenado la extracción de camarón ni ninguno de los detalles que mencionaron los dirigentes en la reunión. Que si es sostenible, que si pesca incidental de tortugas o peces no consumibles, que si la Sala Constitucional o estudios de biomasa de camarón. Solo sabe que antes trabajaba todos los días y ahora, con suerte, dos por semana.
El problema de Margarita es el problema de Puntarenas: la pesca está en mínimos, lo que significa que los empleos están en mínimos. Las restricciones de carácter ambiental han frenado la pesca de arrastre y ahora queda al descubierto que este cantón tiene, o tenía, una relación de excesiva dependencia con la extracción de camarones.
Venden menos hielo, arreglan menos barcos, comercian menos insumos, hacen menos fletes… Eran 44 barcos y ahora solo quedan tres con licencia hasta el 2019. Los puntarenenses tienen menos dinero y el comercio se ha contraído.
En un recorrido vespertino por el centro de “la Perla” se pueden contar una docena de locales cerrados en meses recientes.
Puntarenas descubre ahora que llevaba muchos años pendiendo del hilo delgado de la pesca. El turismo es marginal en el cantón y los esfuerzos que se concentraron en el Paseo de los Turistas quedan en entredicho con una triste escena del balneario principal, cerrado desde hace seis meses.
En el otro extremo de la ciudad, en El Roble, el proyecto de un centro comercial bautizado como Ocean Mall yace parado a medio hacer y sus promotores se quejan de que los bancos y otros inversionistas están reacios a colocar sus recursos en el cantón, porque ven varada la economía.
Se lo dijeron el miércoles al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, durante su jornada de reuniones con dirigentes locales, cuando anunció que recién dentro de un mes el Gobierno presentará un plan de reactivación económica para esta zona del Pacífico Central donde la cifra de desempleo alcanza un 50% más que el promedio nacional y la pobreza ronda el 30%, casi el doble del centro del país.
Ahí, fuera del edificio local del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), estaba Margarita y unas 200 personas más, peladoras de camarón, pescadoras (“expescadoras”, decían algunas de ellas) y transportistas. También personas que reclaman vivienda y un acueducto para un proyecto de interés social. El malestar es palpable y va más allá de la pesca y los camarones, pero pasa por ahí, reconocen las autoridades.
Parecen sorprendidos por una precariedad que en realidad lleva décadas instalada en Puntarenas, disimulada por la actividad camaronera como una droga paliativa que ha hecho a Puntarenas sentir que tiene vitalidad económica, que sobrevive.
Al final de la reunión, la noticia de que en julio habría un plan enojó a los manifestantes. Intentaron bloquear la calle en el barrio El Cocal, la arteria de ingreso a la ciudad. Margarita estaba decidida también. Un hombre llamado Carlos trató de sentarse en la carretera, pero diputados de distintos partidos intervinieron para disuadirlo. Alguna influencia tienen, porque en minutos pudieron pasar los carros. Piden dar tiempo a las autoridades, aunque en el panorama no hay aún una solución clara.
Noticias desde San José
La Sala Constitucional había dado la razón en 2013 a un grupo de ambientalistas que insistían en el daño ambiental de la pesca de camarón con redes de arrastre. Prohibió renovar las licencias de pesca vigentes hasta no tener una nueva ley con sustento científico que obligara a formas sostenibles. Ese proyecto se aprobó, pero sin el debido sustento, dijo la misma Sala Constitucional en marzo de este 2018, al indicar que no se ha logrado demostrar fehacientemente la eficacia de algunos dispositivos aplicados para evitar la captura incidental de peces pequeños y tortugas.
Aquí no quisieran ver a ningún ambientalista ni escucharle argumentos. El resentimiento es alto porque ven la disyuntiva de la manera más simple: cuidar los peces en supuesto peligro o dejar que la población trabaje como lo ha hecho por décadas.
“Es que no estamos pidiendo que nos den nada, es solo que nos dejen trabajar”, lamentaba Paulino Estrada, dueño de cuatro camiones marisqueros que ahora tiene estacionados.
Trabajaba para la planta Don Emanuel del Pacífico (de capital estadounidense), que pasó de emplear a 375 personas en 2015 a ocho en la actualidad y que tiene sus cuatro barcos atados junto al estero. Al último se le venció la licencia este 11 de junio, cuenta Julio Altamirano (capitán) mientras enseña las redes supuestamente sostenibles. Alrededor, el silencio absoluto de un sitio donde nadie trabaja.
Raúl (nombre ficticio) era pescador en la industria semiindustrial camaronera y ahora tiene dos meses de no recibir ni un colón, más que la beca estatal Avancemos, otorgada a uno de los tres hijos.
Un hermano que vive en San José le da algo de comida, pero el lunes pasado no hubo ni un bocado para nadie en casa, cuenta. El martes fue a pedir al expatrón que le regalara una bolsa de arroz y una barra de mantequilla.
“Vea, mi hermano, perdóneme, pero si tengo robar, robo. No puedo decirle a la doña y a los chiquitos que esperemos a ver si nos dan permiso de trabajar otra vez. O a la ley, que me dé chance con el pago de la pensión. Yo no sé hacer nada más que esto y de nada me sirve saber otra cosa, porque en Puntarenas las opciones con muy pocas”, dijo antes de pedir ¢2.000 a cambio de sus declaraciones para este reportaje.
La pregunta inmediata no había que hacerla. El tema lo había tocado ya Roy Carranza, presidente de la Cámara de Pescadores de Puntarenas: la tentación del narcotráfico.
“Vea, la gran mayoría de los pescadores carecen de escolaridad, pero son capaces de dar la vuelta al mundo en un barco, porque se conocen el mar como la palma de su mano. Eso vale oro ya usted sabe para quiénes”, explicaba exaltado este empresario que pasó de 58 empleados a ocho.
- ¿Es lo que se dice o usted conoce casos concretos?
- ¡Claro que conozco casos de gente que trabajó con nosotros y ahora están presos! ¡Tenemos la cárcel llena de pescadores que han caído en ese cáncer!
No fue posible para este reportaje recoger cifras de delincuencia e indigencia en Puntarenas, pero casi todos los entrevistados lo señalaron como una consecuencia lógica. Así es como se reducen las posibilidades de Puntarenas de atraer más turismo, lamenta una comerciante del Paseo de los Turistas, quien asegura que ahora compra para su restaurante la mitad de la fruta que compraba hace un año. “Me duele por el frutero, que vive de esto, pero todos andamos tratando de sobrevivir”, confesó.
En la planta camaronera paralizada, el capitán de barco Julio Altamirano comentaba al transportista Estrada, entre serio y bromista, sobre un exempleado que probó vender crack la semana pasada y “ni eso”. Estrada contaba que su hijo, quien trabaja también con los camiones, estaba estudiando Ingeniería Industrial y no pudo matricular este cuatrimestre.
Igual, los estímulos del mercado local para que los jóvenes estudien no son demasiados. Paola, una de las hijas de Margarita, está sacando la secundaria a los 21 años, más por presión que por estímulo, pues asegura que tiene compañeras “peladoras” que han sacado el bachillerato y seguían dependiendo de los camarones.
“Aquí le dicen a uno mucho de aprender inglés, pero ¿para qué?, ¿para hablarle en inglés a los pescados?”, exclamó con un gesto de desánimo.
Su esposo trabajaba para una empresa pesquera, después compró una panga a crédito y se la quitaron por falta de licencia para pescar. Este miércoles andaba chapeando en una casa, pero podría andar pegando un techo o haciendo lo que aparezca. Tienen tres niños.
A veces Paola y su marido, o la misma Margarita, se arriesgan a salir a “hacer una marea” para consumo propio. Es difícil que vean otras opciones, aunque existieran, porque han vivido del mar. “Aquí el que no pesca, pela; el que no pela, “piangüea” (saca pianguas); el no “piangüea”, filetea (pescados) o algo de eso; es como si fuéramos adictos al mar”.
La cultura y el futuro
Algo parecido decían en la reunión con Piza. “Sacar a un pescador del mar es como sacar a un pez del agua”, comentaba el diputado socialcristiano Óscar Cascante después de que dirigentes pesqueros habían reiterado su defensa de la tradición y la cultura marinas.
El presidente de Incopesca, Moisés Mug, es hijo de un pescador limonense y viene del sector conservacionista. Dice entender bien los criterios de cada lado y se niega a entrar en el dilema “salvar a la gente o salvar a los peses”, pero admite que el panorama está complicado.
Para poder reactivar las licencias de pesca de camarón se requieren estudios que solo deberían hacerse mientras esté activa la pesca y, encima, se requerirían financiamiento que en este momento no existe, advierte.
Una de sus propuestas es impulsar la pesca artesanal de atún, pues aduce que podría pagarse bien en un segmento de mercado alto. Roy Corrales no cierra la puerta, pero sostiene que eso también implica dinero y que el Estado debería aportarlo.
Mug sabe que las respuestas desde Incopesca no pueden ser suficientes. “El reto es cultural, se trata de una cultura que desde el Valle central no entendemos. El pescador es un cazador y el mar es su coto; eso es lo que sabe hacer y de ahí no se va a salir, menos aún los adultos. La solución no es sencilla”, dijo.
Y agregó algo: la situación actual se pudo haber evitado después del fallo de la Sala IV sobre pesca de arrastre se hubiera avanzado con alguna alternativa. Ahora no hay forma de evitar que la economía de hogares como el de Margarita toque fondo: ya está en el fondo.
El plan de rescate que pueda proponer el Gobierno es necesario, pero va tarde.
Mientras tanto, en el Valle Central seguimos consumiendo camarones como si nada pasara. El producto llega en su mayoría importado desde Chile o Panamá, donde lo extraen del mar con las mismas técnicas de arrastre que están restringiéndose en los mares ticos, admite Mug. También hay algo de camarón de cultivo, considerado de menor calidad.
En Fray Casiano, Margarita revisa el celular en espera de noticias positivas en su grupo de WhatsApp llamado “Peladoras de camarón”, más allá de los mensajes motivacionales o las oraciones. Es ahí donde avisan cuando alguna planta necesita “peladoras”, aunque sea para ganarse ¢5.000 en un día. Por si acaso, tiene listas sus tinas, navaja, delantal y las botas de hule. “Y las ganas”, dice.
