Las “matráfulas” del gobierno con grupos de terratenientes y otras personas que habitan ilegalemente en territorios indígenas han servido para profundizar el conflicto y la violencia que de él emana, denuncian representantes de los pueblos indígenas del sur del país.
Representantes de las poblaciones bribris y cabécares de las comunidades de Salitre, China Kichá y Yabamï Dí (conocido como Cabagra), denunciaron este miércoles que las reuniones que ha organizado el gobierno en los territorios en los últimos meses, sólo han servido para acrecentar la violencia y perturbar la paz, pues se ha permitido la participación de ocupantes ilegales, incluyendo algunos con causas abiertas y hasta condenados por delitos contra los pueblos indígenas.
Las declaraciones se dieron en el contexto de una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y la fracción del Frente Amplio, para divulgar los principales hallazgos del “II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica”. Durante el evento también denunciaron las acciones e inacciones del gobierno actual.
“En el caso de Salitre, el día específico de la reunión que tuvieron en el salón comunal en Salitre había más usurpadores no indígenas que personas bribri. Las personas bribri eran pocas, habían más usurpadores y llegaron a perturbar la paz”, dijo Lesner Figueroa representante del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre.
Según indicó, a pesar de que los presentes -incluyendo la presidenta de la Asociación de Desarrollo- pidieron que esas personas no tuvieran voto, ni voz, en vista de que no tenían que estar presentes “porque la mayoría de ellos estaban involucrados en denuncias judiciales”, el gobierno permitió que ellos continuaran en esa reunión. “Permitieron que una persona como Thais Vidal, condenada por usurpación y que todavía continúa incitando al odio y a la violencia, hablara. Eso lo permitió específicamente la Comisión del Gobierno de la República”, señaló.
“Hacemos un llamado a todos los aliados con los pueblos originarios, a que estemos atentos ante todo este tipo de patraña, de matráfula que tiene el gobierno con este tipo de grupos en Buenos Aires, de Puntarenas. No se sabe si el gobierno quería ir a embarriarlar la cancha en los territorios o era que no conocía la problemática existente porque lo que menos hablaron fueron sobre la situación de cómo van a hacer para desalojar o indemnizar a las personas usurpadores ilegales en los territorios”, reclamó el activista.
Por su parte, Jason Ríos, recuperador de Sa Ka Keirö Kaska en China Kichádijo que era necesario denunciar que la comisión creada por el Estado, “más que llegar a atender la problemática, ha llegado a crear un poco más de conflicto” pues no tiene una dirección clara de atender la problemática en sí en los territorios, sino que ha incluido en la misma mesa a personas agresoras y hasta asesinos de personas indígenas. “No se va a encontrar una solución pronta si no se atiende de la mejor forma”, sentenció.
Cabe recordar que el pasado miércoles 17 de agosto, en el contexto de una de esas reuniones de la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena con la “Asociación Multiétnica y Pluricultural” -que según los indígenas, está conformada por usuarpadores de tierras- Luis Eduardo Varela se presentó y dijo, refiriéndose al asesinato del líder indígena Bröran y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera: “yo fui el que lo maté”.
Según consta en el video de la actividad, durante su discurso sobre cómo y porqué asesinó a Rivera, Varela fue es aplaudido y vitoreado de forma eufórica po los asistentes a la reunión en repetidas ocasiones y ninguna persona funcionaria procura detener lo que sucede.
El diputado Ariel Robles recordó el episodio y dijo que considera que “nosotros y nosotras no deberíamos en este país dormir tranquilos y tranquilas cuando sabemos que esto es lo que está sucediendo en Costa Rica, es obsceno, es una barbaridad”.
“Lo que pasó la semana pasada no puede suceder inadvertido, el asesino de Jerhy Rivera hizo apología de un delito, lo denunciamos el plenario también esta semana y hemos enviado un oficio a el ministro de Justicia. Hemos enviado un oficio también al comisionado que se supone está encargado de estos temas, don Ricardo Sosa. Les hemos pedido que nos informen sobre las acciones que tomaron a partir de lo que se dio ahí, porque eso es apología de un delito y en nuestro país los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar los delitos en el momento en que lo que suceda”, dijo.
Para el legislador frenteamplista este tema no debe servir al “show político” y el Gobierno de República debe tomarlo con seriedad pues tiene la responsabilidad de resolver el conflicto. “Esto es una emergencia nacional, debe ser una emergencia nacional y deben canalizarse los recursos para que la tierra la tenga quienes deben tenerla, la tierra le pertenece a los pueblos indígenas de este país desde hace mucho tiempo y debe volver a manos de los indígenas”, concluyó.
