La propaganda no sancionada de dispositivos para el consumo de tabaco calentado, las donaciones de equipo de protección personal durante la pandemia, así como la participación de las tabacaleras en cámaras empresariales y la falta de transparencia sobre la interacción de políticos con esa industria interfieren en el diseño de política pública e implementación de acciones para combatir el tabaquismo.
Esto concluyen el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera y el proyecto “Sin Cortinas de Humo”, realizados por la organización internacional Corporate Accountability con participación de la Red Nacional Antitabaco (RENATA).
Ambos estudios fueron presentados al público esta mañana en el Foro Transparencia en las Políticas Públicas de Salud, organizado por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña y la RENATA.
El primero documento analiza distintas prácticas de la industria tabacalera para interferir en el diseño e implementación de política pública contra el consumo de tabaco. Si bien Costa Rica no fue de los países donde más problemas se identificaron (con 48 de 100 puntos en el índice de interferencia),sí se detallan acciones de la industria que atentan contra la protección de las políticas de salud pública frente a sus intereses, establecida en el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial para la Salud.
Primeramente se identificó que durante el 2021 la empresa Philips Morris International promocionó en redes sociales y con brochures propagandísticos su IQOS, un dispositivo para consumo de tabaco calentado y no fue sancionada a pesar de la legislación vigente. Si bien en ese momento el Ministerio de Salud anunció que sancionaría ese incumplimiento de la normativa, la empresa no pagó la multa pues ese mismo ministerio declaró una moratoria
en el cobro de multas por infracciones debido a la pandemia.
También, se identificó que se permitió a la industria hacer «acciones de responsabilidad social empresarial» mediante la donación de mascarillas a la Caja Costarricense del Seguro Social, que debido a la escasez de insumos médicos al inicio de la pandemia, la entidad no pudo rechazar. Incluso, esta acción generó publicaciones favorables a la industria en medios de comunicación.
El estudio también detalló que la exoneración de impuestos a productos de tabaco que ingresan al país (comprados en duty free) constituye un incentivo a su consumo.
Además, considera que en Costa Rica tabacalera «opina, influencia, hace lobby y presión por asociaciones gremiales de comercio a las que pertenece, además de intentar interferir a nivel regulatorio» y criticó la no divulgación de las agendas de funcionarios de gobierno, pues opaca la posibilidad de identificar relaciones entre estos y la mortífera industria.
Con el fin de combatir la influencia de las tabacaleras en la política, el documento recomienda a los países sensibilizar sobre el tema, desarrollar
políticas que prohíban alianzas o acuerdos con la industria tabacalera y garanticen la transparencia en las acciones del gobierno, regular la información que debe brindar la industria, prohibir las actividades de «responsabilidad social empresarial» RSE y eliminar los incentivos fiscales a la industria tabacalera, entre otras acciones.
Por su parte el proyecto «Sin cortinas de humo» documenta cómo la industria tabacalera medió para debilitar el contenido de la hoy Ley de Regulación de Vapeadores, Ley 10.066.
El estudio identificó como el accionar de la Comisión de Asuntos Sociales y en especial de la exdiputada socialcristiana María Inés Solís , resultó en el debilitamiento del proyecto.
La exlegisladora confirmó a UNIVERSIDAD que ahora labora como relacionista de Asuntos Externos para Centroamérica y el Caribe de la Phillip Morris. «Efectivamente me incorporé a la Phillip Morris hace mes y medio, he estado dedicada al proceso de inducción y conocimiento de los temas de los diferentes países para los que trabajo no he tenido ninguna reunión con ellos», respondió a a este semanario en una publicación hecha el 29 de abril sobre como los exdiputados Jonathan Prendas, Pedro Muñoz y Erick Rodríguez truncaron con 100 mociones el trámite del proyecto que permitiría el etiquetado neutro en productos de tabaco, como cigarrillos y otros derivados.
Así mismo, el informe precisó acciones de interferencia por parte de la Cámara de Industrias, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AM-Cham), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la organización Consumidores de Costa Rica que impactaron en el texto final.
También detalla como publicaciones en medios de comunicación, especialmente en Delfino CR, beneficiaron a la industria. «Si bien la mayoría de las notas en delfino.cr no indican que se trata de contenido patrocinado, la cantidad de referencias a PMI, a iQOS y a los cigarrillos electrónicos, en general, permiten suponer que hubo un interés en promocionar y defender el uso de estos dispositivos», reza el documento.
Tras identificar estas fuertes presiones que ejerce la industria tabacalera, la Red Nacional Antitabaco y el despacho frenteamplista llamaron a crear «un frente común que defienda una agenda de salud pública en beneficio de los costarricense».
“Es de suma importancia que las personas costarricenses estén vigilantes de las tomas de decisiones que se dan en materia de Salud pública, pero que más allá de eso se participe activamente y se incida en esa toma de decisiones. Por eso es fundamental este llamado para la creación de un frente común en defensa de la salud pública que genere espacios de dialogo y construcción entre múltiples actores», dijo el legislador Jonathan Acuña.
Por su parte Nydia Amador, presidenta de RENATA, dijo que ese frente es indispensable para crear puentes con la Asamblea Legislativa y consolidar una agenda en salud pública .
“La industria tabacalera ha extendido sus tentáculos para limitar regulaciones sobre su dinámica empresarial, ejemplo es su presencia a través de cámaras en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, la no asignación de impuestos a la base imponible de los productos de tabaco por parte de Hacienda; la presión para reducir el porcentaje del impuesto en la Ley que regula los vaporizadores; y sus influencias para bloquear el proyecto 22.497 Ley de Empaquetado Neutro de productos de tabaco”, indicó la médica.
