En la Asamblea Legislativa, hay una serie de proyectos de ley que buscan variar las condiciones laborales y salariales de los empleados del sector público. Las propuestas están generando reacciones adversas de parte de las organizaciones sociales.
Y, mientras los diputados aseguran que solo cambiarían derechos no adquiridos, los dirigentes sindicales sostienen que se trata de un ataque sistemático a los componentes salariales.
Los impulsores de los proyectos de ley, entre ellos los diputados socialcristianos, Otto Guevara, Óscar López y Mario Redondo, así como ciertos legisladores de partidos cristianos, han sostenido que el gasto público en salarios genera una fuerte presión en materia fiscal.
Los cambios propuestos en estos proyectos de ley no incluyen a los servidores públicos que trabajen en la banca estatal, en entes públicos no estatales y las empresas públicas que operan bajo competencia.
Estas propuestas están generando gran molestia y preocupación en las organizaciones del sector social y existe una amenaza latente de que, en el momento en que se vea en plenario cualquiera de las iniciativas, arrancarán una serie de huelgas y manifestaciones en los servicios públicos del país.
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) y miembro del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricenses (Bussco) manifestó que el impulso del combo de proyectos contra los funcionarios públicos representa un ataque de los componentes salariales que afectarán no solo a los trabajadores y sus familias, sino que generarán mayor desigualdad social, pobreza y presión por mayores demandas a la sociedad.
“Estamos hablando que una disminución de las remuneraciones de los empleados públicos que influirá en el desempleo, generará una disminución en la capacidad de adquirir bienes y servicios. Los salarios de los trabajadores públicos aportan en gran medida al Estado, entonces habrá menos recursos para programas sociales como comedores escolares, becas, beneficios del IMAS, afectará los ingresos el Banco Popular, del Seguro de Salud y Pensiones, que se financian con los impuestos y rebajos de ley que se hace a los salarios”, argumentó Rodríguez.
“Los empleados públicos no podemos evadir o defraudar al fisco, porque de nuestro salario descuentan hasta un 15% mensual por concepto de impuesto al salario; por tanto esos recursos que también financian al Estado se verán disminuidos. Se deteriorarán los servicios y así se justificaría la privatización, que es el fin último”, aclaró la dirigente sindical.
Diputados se sostienen
Según el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, estos proyectos son parte de una estrategia para resolver el tema fiscal del país, que incluye el combate a la evasión, la reactivación económica y la racionalización del gasto público.
“Hay una comisión que viene trabajando para conjuntar todas las propuestas de proyectos de ley de empleo público para ver una iniciativa que tenga mayores coincidencias, pero hemos sido claros que no veremos proyectos como el IVA o Renta en tanto no se impulsen reformas al gasto público”, señaló el legislador.
Aseguró que la iniciativa permitirá que los nuevos nombramientos en la Administración Pública no arrastren una serie de pluses salariales que ya existen, como las anualidades o dedicación exclusiva, además que los complementos salariales deberán servir para incentivar a los buenos empleados. Pero afirmó que no habrá afectación para los derechos adquiridos.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís señaló que la planilla del sector público está sobredimensionada y aunque algunos diputados están planteando que la legislación será para los nuevos trabajadores, esto no es sostenible ni real, sino que es una salida política para no generar molestia en los sectores gremiales.
“Esta fórmula no tendría impacto. Lo cierto es que en la Asamblea hay quienes ponen como condición estas iniciativas para votar impuestos, otros diputados no quieren que se toque nada de empleo público, pero debemos encontrar un balance. La mayoría de empleados públicos son extraordinarios, no en vano, en Costa Rica tenemos altos índices de salud y educación, hay una minoría que no cumple”, indicó el diputado del PAC.
En contrate, la diputada independiente Carmen Quesada explicó que se opone a cualquier intento de aprobar por vía rápida alguna iniciativa que toque temas relacionados con empleo público; en su criterio, se requiere de profundo análisis y estudios técnicos de los impactos que pueden generar estos proyectos.
La legisladora explicó que al menos hay 22 diputados que no están dispuestos a dar trámite rápido a ningún proyecto de empleo público, pues considera que antes de analizar cesantía o anualidades, lo primero es entrar a ver temas como la defraudación fiscal.
“Si no hubiera defraudación fiscal, no existiría déficit fiscal y no estaríamos en la necesidad de buscar alternativas para reformar las condiciones del empleo público. Sería irresponsable y apresurado tratar de impulsar un proyecto de esta índole por vía rápida”, concluyó.
El más discutido
El proyecto de ley 19.506 para el Ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público es uno de los que más han sido discutidos en comisiones en la Asamblea Legislativa. Fue presentado por la diputada Sandra Piszk y en estos momentos es utilizado como base para alcanzar un texto de consenso.
Algunos de los puntos esenciales que plantea el borrador de este proyecto son:
Artículo 1: se aplicará a todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, sus órganos desconcentrados y auxiliares, empresas públicas del Estado, entidades semiautónomas y autónomas y corporaciones municipales. Quedan excluidos trabajadores de Bancos del Estado, entes públicos no estatales y empresas públicas que operan en competencia.
Artículo 8: iniciado el proceso de renegociación de una convención colectiva, cesarán sus efectos cuando se exceda el plazo máximo de nueve meses de negociación entre las partes.
Artículo 10: la indemnización por concepto de auxilio de cesantía quedará limitada a ocho años -en la actualidad hay instituciones que han establecido un tope superior a este período-.
Artículo 11: se reconocerá dedicación exclusiva al servidor cuyas funciones lo exijan, como mínimo con grado académico universitario, se establecerá por plazos no mayores a cinco años. No se podrá considerar un derecho adquirido ni un beneficio permanente.
Artículo 12: la disponibilidad no se podrá considerar como un derecho adquirido, ni permanente y la Administración podrá rescindir el contrato sin responsabilidad.
Artículo 13: El resultado de la evaluación de desempeño se utilizará como referencia para la promoción en la carrera administrativa, la provisión y mantenimiento en puestos de trabajo y para la determinación de las retribuciones complementarias.
Artículo 14: el incentivo al desempeño se reconocerá a través de un incremento anual para aquellos trabajadores que hayan obtenido una calificación mínima de “muy bueno” y el porcentaje oscilará entre el 1,94% y el 2,54% sobre el salario base –en la actualidad se paga a todos los empleados-.
Artículo 16: las instituciones se ajustarán al pago mensual de salarios, con adelanto quincenal –varias instituciones cuentan con el pago bisemanal-.
El Transitorio II establece que en un plazo no mayor a 12 meses se determinará, en conjunto con las instituciones, la permanencia, modificación o extinción de las retribuciones adicionales al salario base que no estén normadas en la nueva ley.
