Este martes, la Comisión de Guanacaste de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto 21.229, que busca abrir vías para la mayor explotación y comercialización del oro del cantón de Abangares.
El texto que finalmente llegará al plenario permite la explotación de oro durante 18 meses a cooperativas de vecinos que nada más tengan tramitada una solicitud de concesión. “Por el mismo plazo, estas cooperativas y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada) podrán comercializar el oro con personas físicas o jurídicas”.
También establece que durante ese plazo, se exime de requisitos para la exportación del oro establecidos en el Reglamento al Código de Minería, a esas personas físicas y jurídicas y a la Uncada que compren el oro. Tan sólo deberán entregar simplemente una declaración jurada en la que conste que “el material proviene únicamente del Cantón de Abangares, del área concesionada, o del área solicitada en concesión”, además de las características del producto exportado, el país de destino y medio de transporte, así como la “estimación de valor comercial”.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot criticó la propuesta aprobada por la Comisión legislativa porque consideró que “en un país en que está tan comprometida la buena fe, que ya no creemos en una simple declaración jurada, hacer depender todo de ese hecho es un relajo y una barbaridad”. Añadió que “es hasta ofensivo a la inteligencia, la trazabilidad debe ser demostrada con otros instrumentos y no con cuestiones tan facilonas que permiten mantener el abuso”.
También llamó la atención a que la iniciativa de ley entra en contradicción con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, el cual según recordó obliga al Estado a eliminar el uso de ese tóxico metal “dentro de cualquier tipo de proceso de oro, es una obligación internacional debidamente ratificada”.
Cabe recordar que el 20 de agosto el OIJ realizó un amplio operativo en el que entre las personas detenidas figuraron algunas de Abangares, por supuesto trasiego con oro de Crucitas.
“Urge arreglarles el problema”
El diputado de Acción Ciudadana Welmer Ramos, proponente del proyecto, negó que genere laxitud de controles, en primer lugar porque según explicó “se sabe cuánto es el monto máximo que puede sacar cada uno de los coligalleros debidamente inscritos en las cooperativas”.
En segundo lugar, porque la declaración jurada será “abalada tanto por la cooperativa como por ese montó máximo conocido”.
Ramos añadió que la actividad se ha venido ejerciendo, “no es nada nuevo”. “Los coligalleros han tenido trabajo de hecho del que dependen 800 personas y muchas familias, el Estado sabe desde hace años que explotan artesanalmente el oro a vista y paciencia, ahora se da una situación distinta por el asunto de que debe haber algunos mal portados que trajeron oro de Crucitas”.
Dijo que por ello “urge arreglarles el problema” y advirtió sobre las consecuencias de “cerrar de la noche a la mañana” los canales de comercialización lícitos: “hace que todas esas 800 personas y familias se vean en serios problemas para poder comer”. Insistió en que se trata de “pequeños productores, que trabajan con métodos artesanales en áreas impactadas”
El legislador oficialista también sentenció que “esa fue la negociación a la que llegó el Poder Ejecutivo, la Ministra de Ambiente, con los coligalleros” y que la valoración de esa jerarca, de la Dirección de Geología y Minas (DGM) y de las diferentes autoridades que participaron en esas negociacines, fue que “era el mecanismo viable, válido y seguro”.
Añadió que se espera que el proyecto llegue a ser ley en dos o tres semanas, “urge para dar la solidez que necesitan quienes trabajan allí honestamente para poder comercializar el oro”.
