La posibilidad de aumentar a 84 (o más) el número de diputados, cambiar su sistema de elección y promover su reelección consecutiva por períodos de hasta 12 años no tiene mayor ambiente en el Congreso y parece condenada a su rechazo definitivo en la corriente legislativa.
Así quedó latente durante la doble sesión del Congreso, este miércoles, en la que congresistas de casi todas las fracciones hablaron en contra del proyecto y de siquiera aprobar su entrada en discusión, la cual depende del visto bueno de al menos 29 diputados en las próximas semanas.
En un inicio, esa entrada en discusión parecía segura e incluso contó con el apoyo explícito del presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, y de los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, y del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández. Sin embargo, la idea perdió fuelle con el paso de las semanas y las dudas surgieron, incluso dentro de esas fracciones.
Además, esta mañana diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Restauración Nacional (PRN) y del bloque independiente Nueva República, subrayaron inconformidades de sus fracciones; un conjunto de rechazos que se unió al de varios diputados de fracciones minoritarias.
El decaimiento de las voluntades fue justificado de distintas maneras: desde los discursos que apuntaron directamente contra la posibilidad de aumentar el número de congresistas, hasta las que cuestionaron termas de fondo, como las posibilidades de que el sistema de elección propuesto por el proyecto quite representatividad al modelo costarricense, que margine a las minorías o que reste oportunidades para la aplicación de la paridad de género.
También existieron señalamientos sobre la posible inviabilidad legal de la reforma, una preocupación que compartieron la oficialista Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta, en distintos momentos.
Ambos aseguraron que el texto podría considerarse como una reforma general de la Constitución Política y no como una reforma parcial (el único tipo que está permitido para los congresistas), pues entraba a regular la distribución de los territorios políticos y la Sala Constitucional ha reiterado que ese tema no puede modificarse si no es en una asamblea constituyente (es decir, con el establecimiento de una nueva constitución).
“Si aquí nos ponemos a analizar una reforma que es general y ya no parcial, es muy probable que perdamos el tiempo y que la Sala Constitucional mantenga la tesitura que ha mantenido históricamente y nos diga que no podemos llevar a cabo esta reforma”, subrayó la diputada Vega.
No obstante, el discurso más popular en contra de la iniciativa fue el repitieron y repitieron los diputados del PUSC, del PRN y del bloque independiente; quienes criticaron con especial ahínco que el texto no era prioridad para el Estado y que proponer aumentar el número de legisladores era irresponsable en tiempos de complicaciones financieras para el Estado.
“Costa Rica tiene muchísimos problemas, tenemos muchas situaciones de primera necesidad y muchos elementos que no están resueltos, y por eso este proyecto ni siquiera tiene que considerarse oportuno. Tenemos que dedicar el tiempo y los recursos en establecer las soluciones a esos grandes problemas”, puntualizó Jonathan Prendas.
Criterios a favor y criterios en contra: ¿84 diputados y un nuevo sistema para elegirlos? Se abre el debate
¿84 diputados con reelección?
La reforma al sistema de elección de diputados fue planteada desde inicios de esta década por el grupo civil Poder Ciudadano Ya, un colectivo que logró colocar su iniciativa en el Congreso hasta en diciembre de 2016, con el apoyo de 14 legisladores (de varias fracciones).
Desde entonces, la idea siguió su trámite y hasta este año empezó a discutirse de cara a su admisión, pero parece no haber calado lo suficiente para continuar con su camino.
Entre sus reformas, el texto propone redefinir la forma en que se vota para elegir diputados, pasando del actual sistema de 57 congresistas (divididos por provincias) a uno que habría permitido al menos 84 legisladores (elegidos por una lista nacional y 42 de forma directa).
La lista a nivel nacional serviría para dividir el mínimo de 84 escaños disponibles; mientras las 42 papeletas de los distritos electorales permitirían que cada división territorial elija a su propio diputado (como si se tratase de un alcalde).
Por este motivo, el proyecto implica la posibilidad de conformar un plenarios con una presencia de más de 84 legisladores; pues si las elecciones distritales diesen más representantes a un partido de los que había obtenido a través de las listas nacionales podían conservarlos.
Además de estas reformas, el proyecto proponía establecer un registro de votación por cada diputado; de modo que se pudiera dar seguimiento a sus gestiones para impulsar además un sistema de reelecciones consecutivas (por hasta 12 años).
Por último, el texto también planteaba reducir la cantidad de congresistas que se necesitaba para sesionar (el quórum), disminuir la inversión en campañas electorales y reestructurar los tiempos legislativos, pasando de cuatro a dos los períodos para sesiones ordinarias y extraordinarias.
La mayoría de estas reformas fueron intensamente criticadas por expertos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes incluso reprocharon en un comunicado conjunto que no existían bases científicas para establecer el número de diputados propuesto, que el sistema restaba proporcionalidad e impulsaba a las mayorías y que tampoco resguardaba la paridad de género, entre otras observaciones
