La Sala Constitucional determinó que no existen aspectos para declarar inconstitucional el proyecto de ley que pretende transferir ¢162 millones a la asociación Obras del Espíritu Santo, liderada por el sacerdote Sergio Valverde.
“Se evacua la consulta formulada en el sentido que el proyecto que se tramita en el expediente legislativo n.o 21423, no contiene vicios de constitucionalidad en los términos en que fue planteada. La Magistrada Hernández López pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto, únicamente, respecto de la falta de la debida la motivación del proyecto de ley, máxime, que este versa sobre la disposición de fondos públicos”, indicó la Sala en un comunicado de prensa.
El proyecto fue planteado por el diputado de la Unidad Social Cristiano, Pablo Heriberto Abarca Mora, quien busca trasladarle a la asociación dineros provenientes de recursos pasivos de la Junta de Protección Social (JPS).
Según la consulta presentada ante la Sala Constitucional, Abarca Mora considera que “un sujeto de derecho privado pueda dar uso a estos fondos públicos para destinarlos al cuido y atención directa de personas menores de edad en condición de pobreza y pobreza extrema”.
La Consulta
La consulta fue presentada por diez diputados y diputadas, luego de que el martes 30 de junio el proyecto consultado fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa.
Las personas legisladores argumentaron que la Contraloría General admitió que desde el año 2010 ya no tiene la competencia legal para calificar la idoneidad de los sujetos privados para recibir fondos públicos, por lo que el Parlamento tampoco se arrogó esa tarea técnica.
“El Dictamen Negativo de Minoría demostró una verdadera ausencia material de estudios técnicos pertinentes que motiven suficientemente la aprobación del proyecto consultado, al menos como una medida constitucionalmente válida por no ser arbitraria (o acaso mínimamente apegada a criterios científicos cercanos a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica)”, se lee en la consulta.
Además, los diputados consideran que el proyecto es un “manoseo de los fondos públicos” a partir de un interés específico de otro congresista.
“No puede una transitoria mayoría relativa de diputados comunes el intentar manosear sin más límites que su mera opinión política, toda o una parte de los fondos públicos destinados a minoridad y familia del país; y mucho menos acudiendo a estudios técnicos no válidos o incompletos a la fecha; pero sobretodo, no puede esa mayoría relativa transitoria desproteger a favor de una minoría del sector privado, lo que hoy se protege desde administraciones públicas activas”, reza el documento.
La consulta fue firmada por Paola Vega, Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Catalina Montero y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana; Paola Valladares y Yorleny León, de Liberación Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio; y la independiente Zoila Volio.
